Alto a la amenaza ambiental de la basura

Alto a la amenaza ambiental de la basura

Recycling worker standing on the landfill

La orden de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de cerrar tres vertederos es apenas una de las manifestaciones del agudo problema del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico, ya convertido en una seria amenaza ambiental que el gobierno, las instituciones civiles y la ciudadanía tienen que avanzar a detener.

Es un hecho que la generación de al menos 10.000 toneladas de basura por día, y su recogido y disposición deficientes, se han traducido en la expiración de la vida útil de vertederos, el incumplimiento sanitario en los depósitos de esos materiales y una raquítica práctica del reciclaje, entre otros efectos.

Es altamente preocupante que, de los 27 vertederos en uso, 22 incumplan con leyes ambientales, como ha declarado la EPA.

Esta circunstancia refleja el trabajo de fiscalización deficiente de las agencias públicas responsables de poner en vigor los estatutos estatales y federales de protección de los entornos.

La deficiencia ambiental en el manejo de la basura acarrea complicaciones salubristas derivadas de la contaminación de los suelos y cuerpos de agua, y de la proliferación de criaderos de mosquitos que nos expone al ataque de virus.

Esto último se agudiza con las montañas de neumáticos desechados que Puerto Rico ha sido incapaz de reciclar y, más recientemente, de exportar.

Esta coyuntura obliga a dar reversa a la falta de visión y compromiso gubernamental concreto con la defensa de la salud ante males asociados a la contaminación ambiental; con la limpieza que fortaleza nuestra imagen ante los turistas; y con la conversión de la generación de basura en oportunidades de creación de empleos, sin afectar de otra manera el ambiente.

Puerto Rico pierde porque, además de comprometer la salud pública, la deficiencia en la tramitación de los desperdicios afecta los planes de rehabilitación económica de la Isla, en la medida que entorpece al comercio y el turismo.

La orden reciente de la EPA afecta a los municipios de Isabela, Vega Baja y Juncos, donde ubican los vertederos mandados a cerrar, los que se suman a aquellos que fueron clausurados el año pasado en Lajas, Moca y Toa Baja.

La situación se complica porque la directriz se produce en momentos en que un buen número de ayuntamientos carece de fondos para hacer frente a medidas de emergencia en el recogido y la disposición de la basura, asunto que muestra la histórica pobreza administrativa municipal de los lugares dedicados al depósito de desperdicios.

Protagonistas en este escenario son la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Administración de Desperdicios Sólidos, agencias que no pueden esperar más para fiscalizar enérgicamente la administración de los vertederos y fomentar vías alternas para atajar la amenaza ambiental.

Ayer mismo, el gobernador Alejandro García Padilla declaró en Washington que Puerto Rico ya está inmerso en una crisis humanitaria, evidenciada en la falta de fondos para hacer frente al virus del Zika.

Al margen de la asistencia que provean las autoridades federales, todo Puerto Rico tiene que dirigirse a la solución permanente al severo problema de acumulación de basura, al que hasta ahora ha atendido con parches ineficientes.

Editorial del periódico El Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico, del viernes 18 de marzo de 2016

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