Corrupción ideológica

En medio del escándalo suscitado por las revelaciones de corrupción hechas por Odebrecht al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.), no han faltado voces principalmente desde la izquierda local que han intentado relacionar los casos de corrupción con el modelo del libre mercado. Ello, evidentemente, con la finalidad de intentar contestar los beneficios que la economía liberal ha traído al Perú durante los últimos 25 años.

Esta posición, sin embargo, no solo demuestra ignorancia sobre los principios que inspiran y defienden el libre mercado, sino que pasa convenientemente por alto el estrecho vínculo que la constructora brasileña y las otras investigadas en el Caso Lava Jato tuvieron con partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores (PT), el cual presenta la mayor cantidad de políticos presos o investigados por dicho motivo en Brasil.

Como se sabe, el caso más grande de corrupción de la historia del país oriental da cuenta de grandes empresas cartelizadas que pagaban sobornos a altos ejecutivos de la compañía estatal brasileña Petrobras, a fin de hacerse cargo de obras públicas sobrevaloradas, en las que entre el 1% y el 5% del valor total del contrato era destinado a políticos brasileños.

A decir del Ministerio Público de Brasil, los precios ofrecidos a Petrobras eran calculados y ajustados en reuniones secretas en las cuales se definía quién ganaría el contrato y con qué precio, inflado en beneficio privado y en perjuicio de las arcas estatales. El cártel tenía hasta un reglamento, que simulaba las reglas de un campeonato de fútbol para definir cómo serían distribuidas las obras. En otras palabras, se trataba de una concertación de compañías privadas que, en complicidad con la empresa estatal, obtenían ganancias ilícitas y repartían a cambio prebendas a políticos y funcionarios.

Como es evidente, este mecanismo hubiera resultado infructuoso sin la participación de la petrolera estatal. Según la fiscalía brasileña, los funcionarios de la petrolera convocaban solo a empresas del cártel para las licitaciones, aceleraban etapas relevantes del proceso de selección y, una vez entregada la buena pro, negociaban directamente bienes o servicios adicionales innecesarios a precios sobrevalorados. Un accionar que solo pudo desarrollarse gracias a la venia de los directores de Petrobras, quienes lejos de ser personajes independientes que garantizaran un funcionamiento empresarial, eran funcionarios nombrados por los propios partidos políticos que fueron beneficiarios de las coimas. Así, por ejemplo, entre el 2003 y el 2012, mientras el PT estuvo en el poder, este partido mantuvo en el cargo de director de Servicios de Petrobras al hoy preso Renato de Souza Duque.

Además, según algunas indagaciones de la policía brasileña, parte de las coimas percibidas por el PT eran destinadas a apoyar las campañas de los partidos políticos latinoamericanos de ideología afín, en un período que coincide con la asunción de varios partidos de izquierda al poder en la región. De hecho, el periódico Folha de Sao Paulo recoge concretamente la hipótesis policial de donaciones de Odebrecht dirigidas al Partido Nacionalista Peruano (para la campaña de Ollanta Humala del 2011), con la autorización del ex presidente brasileño Lula da Silva.

Todos estos hechos oportunamente soslayados por los enemigos del libre mercado no deben llevarnos al maniqueísmo argumentativo de encontrar una causalidad entre corrupción y gobiernos de izquierda, ahí donde solo pueda existir coincidencias o una correlación. Más bien, deben servir para recordar que la corrupción y el mercantilismo son, en realidad, la negación del liberalismo económico.

Si bien no se sabe hasta el momento si en el Perú operó también un cártel de empresas, se sabe, cuando menos, que Odebrecht sobornó a servidores estatales por $29 millones para evitar la libre y leal competencia y hacerse irregularmente de contratos de obras públicas.

Cualquiera que entienda o no quiera ignorar la lógica del libre mercado, sabe que la competencia es uno de sus pilares. Y es más bien su ausencia la que abre las puertas a la corrupción.

Editorial del diario El Comercio de Lima del viernes 27 de enero de 2017.

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