Diputados buscarán que el Estado pague $8,5 millones a agroexportadores

Diputados buscarán que el Estado pague $8,5 millones a agroexportadores

Tres proyectos para beneficiar el sector agropecuario han sido aprobados en primer debate en la Asamblea Nacional, pero los agroexportadores no tradicionales tienen un marcado interés en el proyecto de Ley 445, que modifica el artículo 38 de la Ley 105 de 21 de noviembre de 2013,  que dicta disposiciones sobre la política nacional para el establecimiento del Programa de Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (Promagro).

El artículo 1 del proyecto de Ley 445 busca modificar el artículo 38 de la Ley 105 que creó Promagro con el fin de permitir que las personas naturales o jurídicas que no pudieron  hacer efectivo los beneficios de los Certificados de Fomento a la Exportación (Cefa) otorgados por la Ley 82 de 2009,  en el período comprendido del 1 de noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 puedan formalizar sus trámites de solicitud ante la Comisión con el fin de obtener los beneficios del presente instrumento.

Este cambio en la legislación permitirá además el otorgamiento de líneas de crédito y asistencia financiera directa para la producción, procesamiento y mejoramiento de la cadena de suministro de productos agropecuarios y agro industriales con el fin de mejorar su productividad y competitividad, así como el desarrollo integral de las actividades del sector agrícola y agroindustrial en el corto, mediano y largo plazo.

El proyecto de ley 445 establece que el solicitante estará exento de presentar las certificaciones de las Empresas Verificadoras únicamente para estos expedientes y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 105 de Promagro.

El presupuesto destinado al pago de los Cefa rondaba los $12 millones anuales, pero este subsidio fue eliminado el 31 de octubre de 2012, cuando entró en vigencia el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos (EE.UU.), atendiendo normas contenidas en este convenio.

En el proyecto de ley 445 se explica que en el artículo 38 (transitorio) de la Ley 105 se estableció como fecha tope para recibir los beneficios de Promagro el 31 de octubre del 2012, con lo cual no se obtuvo los objetivos de su creación, porque al terminar los beneficios de los Cefa  para todos los rubros que se exportaban a los EE.UU., pero que con la entrada en vigencia del TPC se registró un vacío de 14 meses donde no se han podido obtener los beneficios que otorgaba la ley 82.

Explica el proyecto de ley 445 que “estos 14 meses en que no se recibió beneficios comprende el periodo a partir del 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre del mismo año y del 1 de enero al 31 diciembre del 2013”.

En su momento del presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Rubén de León, informó que la deuda acumulada por el Estado con los agroexportadores desde el 2012 asciende a $8,5 millones y que se buscarán los mecanismos para que  ese incentivo sea cancelado a los agroexportadores, porque se trata de certificados de fomento a la producción.

De León lamentó que el trámite burocrático del Estado tenga a los agroexportadores no tradicionales en una situación difícil de liquidez para poder enfrentar los retos y compromisos del nuevo ciclo productivo.

La Ley de Promagro con tiene dos tipos de asistencia, un incentivo fiscal y una línea de préstamos. En el caso de la  asistencia financiera directa corresponde a los Certificados de Fomento a la Productividad (CFP),  aprobado en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y luego emitido por la Dirección Nacional de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se utiliza para el pago de impuestos. El Certificado de Fomento a la Productividad solo reconoce el empaque, embalaje y flete del rubro.

La presidenta del Grupo de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (Gantrap), Analeidys Chen de Ríos, solicita también un aumento en los incentivos de Promagro para que el sector pueda respirar y seguir sembrando.

“Hemos hecho la solicitud de aumento de los aportes de Promagro desde mayo del año pasado para compensar los gastos y pérdidas del 2016 y para iniciar la temporada 2017 con mejores perspectivas, pero todavía el presidente Juan Carlos Varela, ni el titular del Mida, Enrique Carles, han firmado el resuelto para este aumento”, informó Chen de Ríos.

Ricardo García, dirigente de Gantrap, explicó que esta solicitud de aumento se debe a la situación difícil por la que atraviesan y porque los incentivos que ofrece el Estado a través de Promagro están basados en costos del 2008, cuando todo ha aumentado de precio en los últimos ocho años.

El sector agropecuario en general atraviesa por una grave crisis, razón por lo que la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó cinco proyectos de ley en primer debate para el mejoramiento de la producción del agro nacional, entre los cuales destacan: El proyecto de ley 452 que establece beneficios para los productos de sal; el proyecto de ley 447, que crea un fideicomiso para el fortalecimiento del capital humano del sector agropecuario a nivel medio y superior y el proyecto de ley 445, que modifica el artículo 38 de la Ley 105.

También se aprobaron en primer debate el proyecto de ley 444, que reforma la Ley 24 de 2001 para permitir que los préstamos lleguen a tiempo a los productores y el proyecto de ley 448, que modifica algunos artículos de la Ley 4 de 1994 e impulsa al sector agropecuario.

Orlando Rivera
Especial para Capital Financiero
orriver22@hotmail.com

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