El futuro de la Panamá con la Ocde: 10 aspectos fundamentales

El futuro de la Panamá con la Ocde:  10 aspectos fundamentales

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 35 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Conocida como club de los países ricos, la Ocde agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70% del mercado mundial y representaban el 80% del Producto Nacional Bruto (PNB) mundial en años recientes.

Aunque el ámbito de actividades de la Ocde abarca 17 temas, la relación de esta organización con Panamá ha estado centrada  en las presiones y amenazas sobre asuntos tributarios a que ha estado sometido nuestro país desde el año 2001. Estas tienen como base el proyecto de la Ocde sobre competencia tributaria cuyos elementos y acciones son expresados  en el documento La competencia tributaria dañina, un problema mundial emergente, que data de 1998.

El proyecto tiene como objetivo reducir o eliminar la competencia fiscal internacional y transferir a los países receptores de inversiones extranjeras la responsabilidad de colaborar forzadamente en el cobro de los impuestos que son atribuibles a las rentas generadas en el extranjero por los contribuyentes de los países de origen de las inversiones, impuestos cuyo cobro se hace difícil o imposible por la falta de voluntad de pago de tales contribuyentes y/o por la escasa capacidad de las autoridades responsables de dicho cobro en esos países.

Como el cumplimiento de las normas de la Ocde sólo tiene sustento jurídico entre sus Estados miembros, el procedimiento que usa la Ocde para impulsar este proyecto en los Centros de Servicios Internacionales como Panamá ha sido name (nombrar al país), blame (atribuir falencias o irregularidades) y shame (lesionar la reputación y amenazarle con sanciones).

Este proyecto afecta negativamente a corto, mediano y largo plazo, la reputación, actividad y dinamismo  de Panamá como centro de servicios financieros, legales y comerciales, y la capacidad del país para recibir inversiones del extranjero. Además, existen dudas fundadas sobre la voluntad y capacidad de la Ocde para demandar su cumplimiento incluso a todos sus miembros.

En seguimiento a estas presiones y amenazas, el gobierno de Panamá a través de distintas administraciones ha puesto en práctica respuestas diversas  a posteriori que reflejan ya sea cautela, descuido, preocupación, prevalencia de intereses creados, confusión y diligencia.  Es así como la administración Moscoso acordó con la Ocde la carta de compromiso de Panamá para el intercambio de información tributaria. La administración Torrijos no prestó ninguna atención a estos asuntos. A partir de la administración Martinelli, Panamá estableció la infraestructura legal, fiscal y operativa, e inició la celebración de acuerdos con el extranjero para hacer viable el intercambio de información tributaria, accionar este que ha continuado activamente bajo la administración Varela hasta culminar recientemente con la adhesión de Panamá al convenio de la Ocde sobre asistencia administrativa mutua en asuntos tributarios.

No obstante las actividades llevadas a cabo, la respuesta de los gobiernos y de los proveedores de servicios de Panamá no se ha caracterizado por un enfoque y esfuerzo sistemático y preventivo que contemple la evolución previsible del proyecto ni de sus posibles efectos para Panamá. Por lo tanto, a manera de contribución a dicho esfuerzo, que probablemente ya esté en ejecución por las autoridades y organismos pertinentes, aunque lo desconocemos,  expondremos a continuación una selección de temas relevantes relacionados directamente o convergentes con el futuro de la relación de Panamá con la Ocde.  Lo hacemos en forma de preguntas dada las limitaciones de espacio para desarrollarnos de manera amplia.

1. Como lo primero es poner orden en la casa, ¿tiene planeado el Gobierno de Panamá adoptar normas y medidas legales más efectivas e intensas de tipo penal y administrativo para reducir la evasión y el fraude fiscal por parte de sus contribuyentes y para penalizar el uso, o la facilitación del uso consciente o negligente de los servicios legales, fiduciarios, comerciales y financieros de Panamá por parte de contribuyentes del extranjero para la evasión y fraude fiscal? ¿En fin, normas que respondan al interés nacional, de  incrementar el uso de esos servicios para fines estrictamente legítimos?

2. ¿Lleva a cabo el Gobierno de Panamá un estudio sistemático del documento de la Ocde La competencia fiscal dañina: Un problema mundial emergente y de la evolución del proyecto de la Ocde fundamentado en dicho estudio?

3. De llevar a cabo tal estudio, ha identificado las presiones, amenazas y posibles medidas discriminatorias que podría recibir Panamá a corto, mediano y largo por parte de la Ocde y consecuentemente de la Unión Europea (UE), del Grupo de los 20 (G-20), de países específicos y organismos internacionales?  ¿Ha establecido las situaciones y posibles respuestas?

4. Por otra parte, el proyecto de la Ocde, sin agotar los asuntos de suministro de información, ha retomado los aspectos de elusión tributaria, actividades dañinas, combate al principio de territorialidad tributaria y argumentación contra las bajas tasas impositivas.  Si a ello unimos el compromiso de Panamá en su Carta de Compromiso de  abril de 2003, ¿es consciente el gobierno de Panamá de las consecuencias sobre las inversiones y actividades actuales (Zona Libre de Colón, Área Económica Especial Panamá-Pacífico, desarrollo de infraestructura logística y de servicios a la al transporte, comercio y navegación, y  otras áreas de desarrollo de inversiones.

5. ¿Son también conscientes los proveedores de servicios financieros, legales y financieros de Panamá, de la exigencia de disponer de los registros contables de las actividades en el extranjero que llevan a cabo entidades jurídicas registradas en Panamá?

6. ¿Están anuentes el Gobierno y tales proveedores de servicios al Registro Público de los accionistas de entidades jurídicas inscritas en Panamá?

7. ¿Qué uso ha dado o proyecta dar  el Gobierno dar al fallo favorable a Panamá por medidas discriminatorias aplicadas por Argentina, emitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC)?

8. ¿Ha planeado el Gobierno gestionar un mecanismo sistemático de compensación económica a Panamá,  por parte de los países que son beneficiarios del suministro unilateral de información?

9. ¿Son conscientes los diferentes sectores de la comunidad del elevado costo para el Estado Panameño, de cumplir con los compromisos de suministro unidireccional de información tributaria a numerosos países extranjeros, y de la naturaleza regresiva de este costo que recaerá sobre los contribuyentes y no directamente sobre los proveedores de servicios? ¿Qué medidas de justicia tributaria tiene planeadas la Dirección General de Ingresos (DGI) al respecto?

10. ¿Desarrolla el Gobierno de Panamá, a través del Cuerpo Diplomático y Consular, y de otros organismos oficiales, una actividad permanente y sistemática de captación de inversiones del extranjero y de información a posibles inversionistas del extranjero sobre los compromisos internaciones de Panamá en materia de prevención de intercambio de información para prevenir la evasión fiscal y otros delitos económicos?

Ricardo M. Alba
Consultor en Asuntos Económicos y Bancarios

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