Exigencia de un transporte público eficiente y decente

Exigencia de un transporte público eficiente y decente

 

Chile

En Chile hay varias distorsiones respecto a la forma en que deben funcionar servicios básicos para los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos.

Un caso de aquello es el transporte. La eliminación de un verdadero transporte público, municipal y estatal (como ocurre en cientos de ciudades latinoamericanas y europeas) a cambio de un sistema privado o semi-privado (que de manera tergiversada se denomina transporte público), dependiente de distintas empresas, atado a fórmulas de mercado, de elevado costo en pasajes, con pésimas regulaciones y controles, sigue acarreando problemas y tensiones en la vida cotidiana de millones de trabajadores, estudiantes, adultos mayores, en todo el país.

Hay una continuidad en diversas deficiencias del Transantiago, el Metro sigue con aglomeraciones y continuas alzas de pasajes, y ya es el más caro de Latinoamérica, el transporte en regiones es caro e inseguro, y este rubro es de los peor evaluados por la población.

Frente a la cotidiana molestia de millones de usuarios por un servicio de cuestionada calidad, caro, lleno de problemas en su uso, las autoridades públicas y organismos a cargo entregan explicaciones técnicas, de mercado, de ecuaciones matemáticas que para la población resultan inentendibles, entre otras cosas, porque en las versiones de personeros del sector y expertos, surgen diferencias, contradicciones y polémicas que enredan todo, como ocurrió con el episodio del alza del boleto del Metro de Santiago. Los empresarios, guardan silencio.

Es una real anomalía que, por ejemplo, el Estado lleve gastados un par de miles de millones de dólares en subsidios al Transantiago, en el que la gente ve pocas y parciales soluciones. Resultó grotesco que en febrero se anunciara el alza del pasaje del Metro para -se dijo- entre otras cosas cubrir el costo de la extensión de la baja del boleto para adultos mayores: los trabajadores pagando una medida de beneficio social, no la empresa.

Este no es un tema técnico. Es un asunto social. Cuando se habla de falta de paraderos y mala frecuencia de buses, de colapsos y deficiencias en el tren subterráneo, de pasajes elevados, de mal servicio en regiones, entre muchos otros problemas, se está hablando de que la población no tiene acceso a un sistema de transporte eficiente y decente. Eso es lo que hay que resolver, no la gestión financiera y empresarial como prioridad.

Por eso no es menor que desde funcionarios de Gobierno, pasando por empresarios del transporte, junto a legisladores de derecha y medios de prensa conservadores, se critique que en países y ciudades de América Latina, Estados Unidos, Europa y otras latitudes exista subsidio al transporte público. Lo que pasa es que allí hace rato se entendió que este es un ámbito que entra en los derechos sociales y ciudadanos y en la responsabilidad del Estado, no del mercado. Y son gobiernos de distinto sello político que siguen comprendiendo que el transporte de ciudadanos es una política pública, no un negocio privado.

En la mentalidad privatizadora, neoliberal y conservadora, molesta mucho que en cientos de ciudades haya un transporte público barato y eficiente subsidiado por el Estado o a nivel municipal. Desean que el mercado se imponga sobre un derecho social en materia de transporte.

Después de casi una década de deficiencias de todo tipo en el Transantiago, de continuidad de anomalías y encarecimiento del Metro y de un servicio caro y de baja calidad en regiones, todo indicaría que llegó el momento de asumir este tema como una política pública de Estado, con un sentido de servicio social y de mejora en la calidad de vida del pueblo.

Parece que es hora de que el tema del transporte público deba imponerse con más fuerza en la agenda social y sea considerado con mayor sensibilidad en cualquier programa progresista y destinado a mejorar las condiciones sociales y de vida de las y los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.

Este es un ámbito en que el pueblo ya está molesto con explicaciones técnicas y contradictorias y se tiende con más fuerza a esperar soluciones que apunten a un servicio eficiente, seguro, de calidad y digno.

Editorial del diario El Siglo de Santiago de Chile, del viernes 11 de marzo de 2016. 

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