Fondo Monetario Internacional, ONU y lo que realmente debe importarnos

Fondo Monetario Internacional, ONU y lo que realmente debe importarnos
Recientemente, miembros del Fondo Monetario Internacional vinieron a Panamá.| Capital Financiero

Resulta inaceptable que, recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya venido a Panamá a seguir empujando la agenda de los países desarrollados que buscan –bajo la bandera de la transparencia fiscal- que nos convirtamos en policías fiscales de éstos a costa de que los estados violen los derechos humanos más básicos de nuestras personas naturales y jurídicas.

Encima, llegan recomendando que la evasión fiscal se convierta en delito en Panamá cuando tenemos una larga tradición de que sea una falta administrativa. Bonita herramienta de persecución política nos viene a sugerir los que viven en la burbuja burocrática de Washington D.C.

Llama aún más la atención, tristemente, que sea el FMI el más reciente en sus críticas a nuestro país no sólo por los grandes avances que hemos realizado –quizás a costa de nuestra economía de servicios- sino porque dicho organismo multilateral es hipócrita.

Hace escasos cinco meses su Directora Gerente, Christine Lagarde fue encontrada CULPABLE de negligencia en un caso de desvío de dinero público del que se benefició el empresario francés Bernard Tapie ¿Y qué hizo el FMI? La dejó de Directora General como si nada hubiera pasado.

Ahora la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también parece que trabaja en coordinación con la OCDE, envía a Panamá al experto Juan Pablo Bohoslavsky quien anunció que analizará “el impacto en las garantías fundamentales de la elusión y evasión fiscales por parte de individuos y empresas ricas”.

Creo que plantea la pregunta al revés. Es preocupante el enfoque de este distinguido experto que asegura: “Las corrientes financieras ilícitas comprometen la justicia de la política tributaria, el estado de derecho y la capacidad de los Estados para dirigir los recursos públicos a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Pensaría que de igual o mayor preocupación debe ser cómo dichas corrientes ilegales imponen políticas, por parte de los países ricos, que no están basadas en el Derecho Internacional Público y que pueden comprometer las garantías individuales de las personas naturales y jurídicas de países más pequeños.

Muy bien pudiera investigar, el distinguido visitante, si las autoridades de los países tildados de paraísos fiscales están cumpliendo fielmente con el debido proceso y la protección de la confidencialidad al solicitar información de sus personas naturales o jurídicas nacionales.

El señor Bohoslavsky debería recordarles a las autoridades lo que establece el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Arbitrario lo define la Real Academia de la Lengua Española como sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón.”

Ahí tenemos el ejemplo de los gabachos y de su arrogante –pronto a ser exministro de Finanzas Sapin.

Álvaro Tomas.

Muy gallito se fue a crear un registro de fideicomisos en el que el nombre de los beneficiarios fuera accesible a todo el público y fue recibido con un fallo corto, pero contundente, de la Corte Suprema de Justicia gala de julio de 2016 que cita explícitamente el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 y cuyos fragmentos traduzco a continuación: “…[dicho artículo] establece el derecho al respeto de la vida privada; que la recolección, grabación, consulta, comunicación y custodia de información de naturaleza personal deberá ser justificada por el interés general e implementada en forma adecuada y proporcional.”

A buen entendedor, pocas palabras. La necesidad de recabar esa información debe ser justificada y no el resultado de la paranoia colectiva que sufren los estados socialistas quebrados por su despilfarro económico que producen los subsidios masivos y las tasas impositivas tan altas que incentivan todo menos establecer negocios en ese país.

Poco a poco, los proponentes de un sistema abierto de cacería de brujas (“fishing expeditions”) y de intercambio libre de información privada y confidencial se darán cuenta que sus deseos violan una retahíla de normas de derechos humanos. Sólo una nación que no crea en el estado de derecho puede permitir que se le impongan normas –por parte de clubes de niños ricos y malcriados como la OCDE- que sean contrarias a los derechos humanos y a su constitución.

Los que tenemos una posición basada en derecho no somos irracionales, sabemos que el “mundo” (en el que Panamá y otros países pequeños parecen no ser tomados en cuenta) ha cambiado y no nos oponemos al intercambio de información a requerimiento siempre que se cumpla con un debido proceso que permita al afectado ejercer sus derechos a la protección de su información personal, privada y confidencial.

Estos ataques a nuestro país deben ser rechazados.

Álvaro Tomas.

En junio de este año, cuando arranque el Foro Global de la OCDE en Panamá, nuestro país se vestirá de luto pues llega el apéndice del organismo que se ha dedicado a manchar mundialmente nuestro nombre e imagen.

Sin embargo, los recibiremos –parafraseando a Rubén Darío en Margarita Debayle– “con un verso y una perla, una pluma y una flor.”

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