La violencia no es un argumento válido

La violencia no es un argumento válido

Minera Panama

Sin duda alguna el proyecto minero Cobre Panamá, que lleva adelante la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la compañía canadiense First Quantum, es una de las obras de infraestructura más importantes que se adelantan no solo en Panamá, sino en toda América Latina.

El proyecto valorado en cerca de $6.000 millones contempla la construcción de un puerto de aguas profundas, una planta de generación eléctrica a base de carbón para la producción de 300 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) y la planta para el procesamiento y extracción de cobre y otro. Obras en la que actualmente laboran unos 4.500 trabajadores de forma directa y que reportan un avance de aproximadamente 35%.

Por supuesto, el componente más importante del complejo es la planta de proceso de la mina, que contará con siete molinos para producir 320.000 toneladas de cobre y 100.000 onzas de oro anualmente por un período de aproximadamente 34 años. Esto significará exportaciones por un valor de $2.000 millones anuales, lo que convertirá al cobre en el principal producto exportable del país.

Estas cifras permiten comprender el natural recelo que en un momento determinado puede sentir la empresa Minera Panamá ante la posibilidad de que la ejecución de tan importante proyecto se vea obstaculizada por la presencia de un sindicato altamente beligerante como lo es el Sindicato nico de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y su disposición a permitirle a los obreros que laboran en los diversos componentes del proyecto a organizar sus propias organizaciones de trabajadores.

Ciertamente la empresa no puede cuartar el derecho de los trabajadores a organizarse libremente, ni forzar a los trabajadores a incorporarse a uno u otro sindicado, porque esto viola el derecho a la libre sindicalización que establece el Código de Trabajo y los acuerdos de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) firmados por Panamá. Sin embargo, nadie puede aplaudir el uso de la violencia por parte del Suntracs para tratar de obligar a los trabajadores de Minera Panamá a sumarse a sus filas.

De acuerdo con el secretario de Finanzas de Suntracs, Genaro López, el conflicto laboral con Minera Panamá es de vieja data y se centra en que esta empresa impide el ingreso de los representantes de ese sindicato a las instalaciones del proyecto Cobre Panamá para realizar su labor de proselitismo y afiliación.

Se trata de un hecho que ha sido denunciado ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) pero que a juicio de Suntracs no ha sido resuelto para favorecer a Minera Panamá; un supuesto que fue utilizando por esa organización sindical como una patente de corso para irrumpir violentamente en los predios del proyecto Cobre Panamá, provocando un enfrentamiento con los trabajadores afiliados a otros sindicatos y daños a la propiedad privada.    

El Código de Trabajo establece los mecanismos para atender este tipo de situaciones y por tanto nada puede justificar el uso de la violencia para tratar de imponer un criterio sobre una situación que seguramente es asumida desde una óptica muy diferente por parte de la empresa Minera Panamá.

Utilizar la violencia para amedrentar a los trabajadores y forzarlos a afiliarse a una organización sindical determinada de ninguna forma puede ser calificado como el ejercicio del libre sindicalismo que garantizan las normas laborales vigentes en el país.

Lo ocurrido la semana pasada sienta un precedente de violencia, coacción y uso de la fuerza que no puede ser ignorado por las autoridades competentes. No solo porque los voceros de Minera Panamá estiman en miles de dólares los daños ocasionados a sus instalaciones y equipos, sino también por la violencia física y psicológica a la que fueron sometidos sus colaboradores, quienes merecen la solidaridad de toda la sociedad.

No caben dudas de que las organizaciones sindicales juegan un papel importante en la estructura económica y social de un país. Su lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales de sus afiliados han sido y serán determinantes para garantizar no solo que los trabajadores puedan tener una vida digna, sino también la movilidad social de sus familias al facilitarle el acceso a los recursos para educar mejor a sus hijos.

Pero no se puede aceptar bajo ningún concepto que los gremios sindicales utilicen la violencia para imponerle sus criterios a aquellos trabajadores que no están convencidos de que afiliarse a ellos sea el mejor camino para progresar económica y socialmente, porque en definitiva esta conducta es más propia de una banda delincuencial que de una organización sindical, cuya labor debe ser concientizar a los trabajadores para sumarlos a su lucha, en lugar de obligarlos a seguirlos por la fuerza.         

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