Leyes de cooperativas y financieras deben fortificarse

Leyes de cooperativas y financieras deben fortificarse

El capital mínimo para las empresas financieras es de $500.000

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La cruzada contra los usos indebidos de los sistemas, plataformas y centros financieros del mundo, es un desafío que la humanidad enfrenta desde su origen.

El amor al dinero, el poder y la fama, han traído terribles males al hombre.

Para prevenir y combatir los delitos financieros, se han estructurado robustas leyes y se han desarrollado recomendaciones globales con carácter de cumplimiento regional y local. Entre las que están los Acuerdos de Basilea I, II y III.

Los referidos acuerdos fueron emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, integrado por los gobernadores de los bancos centrales de las principales economías del mundo. A la fecha hay promulgado tres acuerdos: Basilea I, Basilea II y Basilea III (acuerdo de capital).

El Comité de Basilea dio a conocer el primero de estos acuerdos en 1988 con el objetivo de fijar un tope para el valor de los préstamos que puede otorgar un banco en relación con su capital. Más de 100 países acogieron las recomendaciones.

Por su parte, Basilea II (2004) tiene tres pilares: Requisitos mínimos de capital, el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios y la disciplina de mercado.

Entre tanto, Basilea III (2011-2014) ha estructurado recomendaciones adicionales para el capital, coeficiente de cobertura de liquidez y coeficiente de financiación neta. Este acuerdo es un conjunto de reformas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión del sector bancario.

Estas medidas persiguen objetivos, tales como: Optimizar la capacidad del sector bancario para enfrentar perturbaciones generadas por tensiones financieras o económicas de cualquiera índole. Además de mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno corporativo de las entidades bancarias y fortificar la transparencia y emisión de información oportuna relevante a los reguladores.

Los principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez del Comité publicados en 2008 se fundamentan en las lecciones extraídas de la crisis económica, así como del examen de las mejoras prácticas en materia de gestión de riesgo de liquidez de los bancos.

El coeficiente de cobertura de liquidez (LCR), exige a los bancos mantener suficientes activos líquidos (alta calidad) para resistir 30 días en un escenario de financiación bajo tensión especificado por los reguladores.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), impulsa leyes tributarias con alcance global y coloca en lista gris a los Estados no cooperantes, mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) dio a conocer en 1990 sus 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y en 2001 añadió otras específicamente para combatir el financiamiento al terrorismo.

Contexto local

Panamá, en este panorama de normas y recomendaciones transfronterizas, de acuerdos tributarios e intercambio de información global, transita con firmeza en la adopción de las recomendaciones de los acuerdos de Basilea, en particular Basilea II y III con el objetivo de garantizar los fundamentos de competitividad del Centro Bancario Internacional (CBI) que regula la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

A su vez, las compañías aseguradoras tienen como regulador a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (Serp), mientras la plaza bursátil es supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Estos tres sectores lideran la adopción de los estándares internacionales, entre los que están: Los acuerdos de Basilea y reportes basados en las normas internacionales de información financiera (Niif), también conocidas por sus siglas en inglés Ifrs (International Financial Reporting Standard).

Igualmente, los panameños han celebrado la decisión del Gafi de excluir al país de su lista gris, hecho destacado por Moody´s, en su reciente informe país. El cambio es positivo para el crédito soberano de Panamá y para los bancos, destacó la calificadora de riesgo.

Mientras que Fitch Ratings, el 22 de febrero de 2016 ratificó el grado de inversión de Panamá en BBB con perspectiva estable y señaló que la ruptura del patrón de frecuentes revisiones al alza de los topes de déficits fiscales, la lucha contra la corrupción, la eliminación de Panamá de la lista gris del Gafi y el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental, representan logros relevantes para el país.

También destaca entre las normativas más recientes del país, la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entidad  tiene entre sus responsabilidades: Brindar inducciones y seminarios a cada sector sobre la aplicación de la debida diligencia del cliente y su documentación de respaldo y la debida diligencia ampliada cuando existan operaciones inusuales o intervengan personas expuestas políticamente, reportar transacciones en efectivo y perfil transaccional cuando el caso lo amerite.

Entre los sujetos no financieros se encuentran: Empresas promotoras, agentes inmobiliario, corredores de bienes raíces, empresas del sector construcción, zonas francas, distribuidoras de autos, casinos y juegos de azar, transporte de valores, casas de cambio y casas de empeño, entre otras.

Índices comparativos

Otros sectores, que aunque pequeños con $3.000 millones de manera conjunta en activos son las cooperativas y las financieras.

Capital Financiero en esta ocasión presenta información comparativa para la banca, cooperativas y empresas financieras para los indicadores: Capitalización, Liquidez, Gestión de Riesgo y Marco regulatorio.

Capitalización

El capital mínimo requerido para los bancos con licencia internacional es de $3,0 millones y para los que operan con licencia general es de $10 millones. (Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, artículo 68). En cambio el capital mínimo que establece la Ley 42 del 23 de julio de 2001 para las Empresas Financieras es de $500.000 (artículo 28).

A su vez, la normativa que regula las cooperativas en Panamá no establece  disposiciones sobre el capital mínimo con  que deben contar  las cooperativas, que tienen como ente rector al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), creado a través de la Ley 24 del 21 de julio de 1980.

Mientras que la reforma más reciente para el sector cooperativo se encuentra en el Decreto Ejecutivo 137 del 5 de noviembre de 2001 y que introduce modificaciones a La 17 del 1 de mayo de 1997 que establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte fundamental de la economía panameña.

Liquidez

En el campo de la liquidez, el indicador mínimo exigible para los bancos es 30% de los activos líquidos y cuyo reporte semanal deben entregar al regulador, junto a la gestión de riesgo de mercado con información actualizada de todos los instrumentos. (Capítulo VI de la Ley Bancaria).

Para las financieras y cooperativas, sus respectivas leyes, no tienen disposiciones tan claras como para la banca en el indicador mínimo de liquidez. Las cooperativas si tienen de manera relevante la captación de depósitos de ahorro y a plazo como parte de su fondeo.

Las empresas financieras por ley no pueden captar ningún tipo de fondo del público, como los bancos, administran aportes y ahorros de sus asociados en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, y por su lado, existe un número de empresas financieras que acceden a capitales con la colocación de títulos de deuda en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).

Gestión de riesgo

Por su parte, en gestión de riesgo la banca tiene disposiciones para la cartera de crédito y el oficial de riesgo (cumplimiento). Las cuales están contenidas en el Acuerdo 4-2013, que exige constituir reservas de riesgo de crédito y considera las garantías reales.

Además, la SBP ha emitido normas de requisito de personal in situ dedicado a la gestión de riesgo.

Y para las financieras y las cooperativas, estas disposiciones no son homogéneas.

Para las financieras, la reserva se calcula en base a las cuotas de morosidad y otras las registran con los lineamientos del Acuerdo SBP 06-2000 que tiene como base los saldos. En el caso de las cooperativas sucede una situación similar a la observada en las financieras.

La revisión realizada en el marco regulatorio de los tres sectores, muestra que la banca tiene leyes y acuerdos alineados con los estándares internacionales, en cambio hay todavía mucho trabajo por delante para fortalecer a las empresas financieras y el movimiento cooperativo de ahorro y crédito. 

José Hilario Gómez
jgomez@capital.com.pa
Capital Financiero

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