Norma tributaria global para multinacionales (Beps)

Norma tributaria global para multinacionales (Beps)

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Si bien es cierto, muchos analistas han reconocido desde hace tiempo que el sistema fiscal internacional ya no funciona, ocurre que los nuevos modelos multilaterales que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) nos presenta para ser adoptados, tales como el CRS (Common Reporting Standing) para el intercambio automático de información tributaria y el Base Erosion & Profit Shifting (Beps) para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones, vienen dictadas de lejos, de la denominada eurozona, que sufre una crisis sistémica y cuya salida aún no se vislumbra.

El Plan de Acción Beps consiste en 15 acciones o reglas que tendrán su impacto en Panamá, sobre todo en regímenes fiscales especiales como las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), el Área Especial Panamá Pacífico (Aepp) y la Zona Libre de Colón (ZLC), las cuales se verían obligadas a reestructurar parte de sus actividades.

La iniciativa Beps ha sido presentada como el cambio de modelo global para hacer más transparentes las prácticas de las multinacionales, sobre dónde desarrollan su actividad real, con qué estructuras y cuánto tributan. No obstante, desde el inicio del proyecto Beps en 2013, surgieron dudas e inquietudes acerca de si la nueva gobernanza tributaria mundial toma en cuenta el interés público, en lugar desde la óptica de la ventaja nacional de un número reducido de países.

El G-77 (un grupo de 134 países en vías de desarrollo) ha promovido reiteradamente la creación de una Autoridad Fiscal Internacional bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que garantice que los sistemas fiscales defiendan el interés público de todos los países, en vez de depender cada vez más de la Ocde como el think tank no-oficial del G-20 que carece de legitimidad y representatividad. Estos países en bloque señalaron en la Conferencia en Addis Abeba sobre la Financiación al Desarrollo en el 2015, que lograr el equilibrio entre tributación sobre la fuente y tributación sobre la residencia era un asunto significativo para ellos, pero la Ocde respondió que este tema estaba fuera del alcance de la agenda Beps.

Como respuesta a las fuertes críticas de los G-77 y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la Ocde anunció que los países en vía de desarrollo serían invitados a participar y a dar sus recomendaciones en pie de igualdad. Pero, cabe preguntarse: ¿Cómo pedirle a estos países acatar las reglas si ellos no participaron en la elaboración y negociaciones de las mismas? No tomar en cuenta sus necesidades específicas va en contra de una pretendida gobernanza global sobre cuestiones fiscales, a la vez que genera la sensación de imposición de parte de un pequeño grupo de países al resto del mundo.

Se esperaba que la Ocde desarrollase más el método de los beneficios compartidos (profit split), que consiste en repartir los beneficios de las filiales de una misma empresa entre dos países en función de una fórmula que corresponde a la actividad económica real, pero las fórmulas de reparto proporcional de bases imponibles/beneficios no están contempladas en el paquete.

Un rápido análisis de las acciones del Beps revela las prioridades e intereses de los países miembros de la Ocde: Encontrar soluciones para la erosión de la base fiscal y la transferencia de beneficios en las industrias de alta tecnología y la economía digital con su creciente tendencia hacia la desmaterialización absoluta de la misma (cloud computing).

Mientras tanto, frente a este nuevo paradigma fiscal, los mismos Gobiernos de la Unión Europea (UE) que señalan querer acabar con la optimización fiscal de las empresas, emprenden reformas muy tímidas para impedir que las empresas extranjeras abandonen sus territorios y no cesan de celebrar acuerdos tipo patent box (incentivo fiscal que permite reducir los impuestos sobre rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles), las cuales por ser consideradas como prácticas perniciosas, deberían cumplir con el requerimiento de actividad substancial basado en el enfoque del nexo.

Conviene, en consecuencia, ser prudentes, observar y estar a la espera del alcance de los mecanismos de intercambio de información antes de tomar cualquier decisión frente al Beps. Las soluciones que se proponen son extremadamente complejas y sujetas a las interpretaciones de los Estados y empresas, por lo cual se prevé que provocarán una multiplicación de conflictos de interpretaciones jurídicas y procesos judiciales de empresas contra Estados. El Plan no contempla mecanismos de protección de los derechos y garantías de los contribuyentes. Supone también, que el Estado panameño tenga que modificar su derecho interno y destinar recursos extraordinarios para su implementación. Todo esto, mientras se navega en la duda acerca de si el producto de la nueva ingeniería tributaria llegará a buen puerto.

Una Alfú Reyes
Abogada
Ginebra, Suiza

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