Panamá requiere unidad para enfrentar los Papers

Panamá requiere unidad  para enfrentar los Papers

El gobierno estadounidense, a través del portavoz del Departamento de Estado, Mark Turner, reconoció que el Icij recibió fondo de la Agencia para el Desarrollo de EE.UU

Vintage rich businessman's desk holding a briefcase filled with dollar packs, top view

¿Qué trama política hay detrás de los 12 millones de documentos de la firma forense panameña Mossack Fonseca que el periódico alemán Süddeutshe Zeitung dice poseer? Esta era la pregunta que se imponía hacer antes de publicar la supuesta investigación periodística denominada, de forma mal intencionada y tendenciosa Panama Papers. Sin embargo, tanto los periodistas que participaron en la supuesta investigación, como los medios de comunicación locales, publicaron sin reflexionar un documento evidentemente dirigido a lesionar la imagen de Panamá a nivel internacional, con la evidente, intención de afectar su capacidad de competir en el mercado mundial de servicios legales y financieros.

Y es que en primer lugar hay que aclarar que los documentos electrónicos de la firma panameña no fueron filtrados (leaked). Fueron hackeados. En otras palabras, el sistema fue penetrado ilegalmente y la información fue robada por agentes profesionales cuya identidad, por el momento, se desconoce.

Además, se sabe que la entidad que se hace responsable del hackeo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), con sede en Washington, D.C., Estados Unidos (EE.UU.), está vinculado a los sectores más conservadores de la política y la economía estadounidense. Y más importante aún, luego de que el presidente de Rusia Vladimir Putín acusó a EE.UU. de haber financiado esta supuesta investigación periodística el gobierno estadounidense, a través del portavoz del Departamento de Estado, Mark Turner, reconoció que el Icij recibió fondo de la Agencia para el Desarrollo de EE.UU. (Usaid, por sus siglas en inglés), para promover el periodismo independiente y la lucha contra la corrupción.

En segundo lugar vale la pena preguntarse qué importancia tienen las 120.000 empresas de papel creadas por Mossak Fonseca en 40 años al lado de más de 10 millones que existen en EE.UU. y Europa.

Mossack Fonseca señala que entre sus socios más importantes se encuentran bancos y abogados en Miami (Florida) y el estado de Nevada en EE.UU. Este último, junto con el estado de Delaware, las jurisdicciones con las fábricas de sociedades anónimas más grandes del mundo, las cuales compiten con el Peñón de Gibraltar, Hong Kong, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas, sin embargo, ningunas de las jurisdicciones establecidas en territorio estadounidenses o europeos, o sus protectorados, son consideradas off-shore (extranjeras)  o como paraísos fiscales.

En conclusión, los gobiernos de Washington, Londres, París y Berlín toleran las sociedades anónimas siempre y cuando se hayan constituido dentro de sus fronteras o sus protectorados, no en las jurisdicciones como Panamá, a las que insisten en llamar paraísos fiscales para sugerir que la única razón por la que una persona o empresa decide establecer sus negocios o cuentas en el país es para evadir el pago de impuesto en sus países de origen, algo completamente falso, pues la mayoría de estas sociedades son utilizadas conforme a los parámetros legales vigentes en el país y cumpliendo las exigencias internacionales de due dilligence y transparencia financiera.

En Panamá, todos sabemos que ese calificativo, el de paraíso fiscal, es injusto y engañoso porque si bien el país cuenta con un sistema tributario territorial, ha realizado grandes esfuerzos para adecuar sus normas financieras a las exigencias de transparencia que impulsan organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (Ocde) y el Grupo de Acción Financiera Internacional(Gafi), de manera que muchos de los países que hoy nos señalan, solo tiene que solicitar la información por los canales correspondientes para recibirla de forma casi expedita.

Ante esta realidad lo único que nos queda es unir fuerzas y apoyar todos los esfuerzos que desarrolló el Gobierno Nacional, como legítimo representante del Estado panameño, para evidenciar que si algo demuestran los Panama Papers es que este es un país que está comprometido en hacer más transparente y segura su plataforma de servicios internacionales.

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