Tres pasos adelante y dos pasos atrás

Tres pasos adelante y dos pasos atrás

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Una de las características de muchas de las procesiones católicas que se realizan el Viernes Santo en un gran número de comunidades que conmemoran con gran fervor la pasión y muerte de Jesús de Nazareth es que en las mismas se dan tres pasos adelante y dos pasos atrás, lo que demora por varias horas el ingreso del Santo Sepulcro a la Iglesia y llevando hasta la madrugada la representación de la resurrección.

Y así parece que avanzan en el país algunos procesos, tres pasos adelante y dos pasos atrás, y el mejor ejemplo de esta situación es la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de contratar por procedimiento excepcional de una consultoría con la sociedad BAIN Brasil LTDA., para el diseño de una política industrial efectiva y una propuesta de un modelo de negocio para la Zona Libre de Colón (ZLC) por un monto de $1.619.674.

Ciertamente el país necesita urgentemente redefinir el modelo de negocios de la ZLC toda vez que se ha hecho evidente que el modelo vigente desde 1948 se ha agotado debido a los cambios registrado en los patrones de comercio mundial como consecuencia de la globalización y la apertura económica y que ese agotamiento se verá apuntalado por nuevas situaciones como la crisis económica regional, que afecta a América Latina, generada por la caída de los precios de los commodities, el fortalecimiento del dólar estadounidense y la decisión de grandes empresas de reubicar sus plantas industriales cerca de los mercados de consumo.

Sin embargo, incluir en esa contratación el diseño de una política industrial es dar dos pasos atrás, ya que sería echar a la basura los anteproyectos de Ley elaborados de forma conjunta por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y cuyo objetivo no solo eran incentivar la producción manufacturera en el país, sino, además traer inversión extranjera y nuevas tecnologías a este sector de la economía.

Estas iniciativas formaban parte de una estrategia del Mici cuya clave sería la reducción de la tasa impositiva para las empresas locales, la atracción de inversión productiva extranjera y la posibilidad de acceder a diversos incentivos cuando las empresas del sector invertían en investigación y desarrollo, la adquisición de nuevas tecnologías o en la capacitación de su mano de obra para así mejorar su competitividad. Para lo cual se prepararon tres iniciativas legislativas cuyo objetivo es potenciar el crecimiento de la industria, a través del fortalecimiento de sus exportaciones y la facilitación del encadenamiento productivo con las operaciones de manufactura de empresas multinacionales.

Para las empresas locales la propuesta más importante de esa nueva política industrial era una nueva ley de fomento productivo que otorgaría una rebaja de tasa impositiva a las empresas del sector, que pagarían entre 10% y 15% en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un espacio de 20 años, dependiendo de su ubicación geográfica (10% para las empresas que operan en la ciudad de Panamá y 15% para las que laboran en el interior del país).

Otra de esas normas, la denominada Ley SEM Industrial, propone otorgar a las empresas multinacionales que establezcan en Panamá parte de sus operaciones productivas los mismos incentivos que disfrutan las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) con el objetivo de atraer inversión extranjera, generar empleos y facilitar el encadenamiento de la manufactura local con la industria internacional.

Es lógico que el MEF muestre aprehensiones ante iniciativas legislativas que otorgan beneficios fiscales a las industrias que operan en el país y a aquellas empresas multinacionales que decidan establecer algunos de sus procesos productivos en territorio panameño considerando que a pesar de los últimas reformas fiscales las tasas impositivas efectivas en Panamá siguen siendo relativamente bajas si se comparan con otros países de la región y especialmente si se evalúan respecto a los países desarrollados.

Pero invertir tiempo y dinero para que una empresa extranjera diseñe una nueva política industrial (lo que involucrará realizar un diagnóstico de la industria actual, revisar estrategias, prioridades para el sector, intervención del Estado, y recomendar políticas públicas que generen una propuesta de ley para el sector) es dar dos pasos atrás porque esa labor ya la hizo el Mici. Además, no debemos olvidar que el SIP cuenta con información y análisis económicos recientes, en los cuales se determina cuál es la situación real de la industria local y se definen las necesidades urgentes del sector para incrementar su competitividad.

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