2015: El año de la constitución

2015: El año de la constitución

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Panamá es una nación multiétnica, pero nuestra Constitución en su primer artículo nos organiza bajo un gobierno unitario. Tan solo este error de percepción debería hacernos repensar sobre la necesidad de modificar lo que los medios populares insisten en llamar la Carta Magna.

El texto que domina a la nación no nació producto del debate cívico, ni siquiera de la deliberación de un cuerpo letrado, sino de la urgencia de dotar al régimen del General Omar Torrijos de un tipo de semblanza democrática, de tal forma que Estados Unidos se sintiera cómodo entregándonos el territorio de su colonia militar localizada en nuestro istmo.

Aparte de cualquier crítica particular al texto constitucional, una crítica integral sería más acertada para entender que el texto no es solo antagónico a los intereses panameños, sino peligroso.

El artículo 277 del texto constitucional aprobado en 1972 decía, con una franqueza admirable, se reconoce como Líder Máximo de la Revolución panameña al General de Brigada Omar Torrijos Herrera, comandante jefe de la Guardia Nacional. Es decir, la Constitución tuvo un corte dictatorial desde sus comienzos. El texto fue reformado posteriormente en 1978, 1983, 1993, 1994 y 2004 y uno de los primeros cambios fue cambiar al Líder Máximo por un presidente. A pesar de estos cambios, la estructura en sí de nuestra organización política no ha cambiado.

La tesis que avanzamos es que no nos debe sorprender que tengamos un gobierno centralista que gira alrededor del poder y sus allegados, cuando nuestra misma Constitución crea una estructura centralista que gira alrededor del presidente y sus allegados. Ya hace mucho tiempo la nación panameña merece una nueva Constitución.

Las críticas usuales al proceso de reforma son dos. La primera es que no es el momento adecuado. Son demasiados los intereses políticos que podrían aprovecharse del proceso para pervertir el texto final para que cumpla sus diseños y no los de la ciudadanía en general. La segunda es que la sociedad civil está desorganizada y no tiene una idea clara de lo que busca, por lo tanto iniciar un proceso de reforma sería un ejercicio contrario al interés nacional.

Ambas críticas están erradas. Si no ahora, ¿cuándo? Mientras que la complejidad del país y su población aumenta, la cantidad de intereses políticos seguirá en crecimiento. La respuesta es garantizar una excelente regulación al proceso de reforma por parte del Tribunal Electoral para evitar que uno o dos intereses puedan sacar ventaja al proceso. Esta tarea es posible. En cuanto a la segunda, debemos entender que la sociedad civil no prestará suficiente atención a este tema como para educarse si no se vuelve un tema urgente de debate nacional. La única forma de lograr esto es dando inicio al proceso de consultas. En un mundo de escándalos diarios, el ímpetu de reforma es lo único que podría mantener este tema arriba en la atención pública.

El presidente electo Juan Carlos Varela prometió en campaña y después de su victoria que bajo su administración se haría una revisión al texto constitucional. Luego, mantuvo su campaña diciendo que era un hombre de sus promesas y que a diferencia del Gobierno anterior, se aseguraría de llevarlas a cabo. Por ende, esta es la oportunidad única y esperada ya que el presidente fue electo de forma explícita bajo la promesa de una reforma constitucional.

Aclaramos que nuestro interés no es motivado por el radicalismo revolucionario sino por la sensatez intelectual. Vivimos sumidos en una crisis política producto del centralismo que lleva hacía el abuso del poder. Ni el presidente Varela, ni la Asamblea, ni la Corte Suprema de Justicia podrán resolver esta crisis ya que la misma proviene de la estructura básica legal de nuestro Estado. Esta estructura básica debe cambiar si el país quiere tener su añorada paz.

Por lo tanto, Nueva Nación se dedicará en este año, además de proveerles con información de calidad sobre temas de actualidad, a producir contenido original, a reproducir opiniones informadas y a investigar de forma profunda todos los temas vinculados al inicio y a las metas del proceso de reforma constitucional.

Equipo editorial de Nueva Nación: Ana Graciela Méndez, Alfonso Grimaldo y Gaspar García de Paredes. 

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