Ahora hay que aprobarla y aplicarla

Ahora hay que aprobarla  y aplicarla

El país no puede seguir viendo cómo Estados como Colombia o Francia aplican acciones discriminatorias contra Panamá, sin que nuestras autoridades puedan adoptar las medidas necesarias para defendernos

Justice concept

Los ministros de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, y Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, acudieron a la Asamblea Nacional la semana pasada para someter a  consideración de los diputados el proyecto de reforma a la Ley 58 de 2002 de Retorsión, cuya finalidad es ampliar las medidas que podría aplicar el Estado panameño contra aquellos países que discriminen a Panamá.

A nivel práctico, se trata de una iniciativa legislativa que contempla la creación de una lista de Estados que discriminan contra la República de Panamá, la cual será administrada, actualizada y publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, establece que el ingreso a esa lista será mediante una resolución interministerial emitida por el MEF y el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

La inclusión en esa lista le será notificada al Estado que incurra en prácticas discriminatorias contra Panamá por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática, que tendrá la obligación de invitar a su contraparte a iniciar conversaciones y negociaciones tendientes a corregir o eliminar las medidas discriminatorias en cuestión.

En cuanto a las sanciones aplicables por parte del Estado panameño, el documento contempla medidas tributarias, incluyendo la determinación de los impuestos aplicables sobre dividendos, remesas al exterior que sean pagados o acreditados, en concepto de regalías, intereses, comisiones, honorarios o cualquier otra clase de rentas producidas en Panamá.

Así también se dispondrán de medidas de incremento arancelario, a las personas naturales o jurídicas procedentes de Estados que discriminen contra Panamá. Se incluye, además, acciones migratorias y laborales a los nacionales de las jurisdicciones señaladas en la Lista de Estados que Discriminan.

De la misma manera, se anexa restricción o suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del Estado sancionado, y/o incorporadas en cualquier otra jurisdicción cuyos beneficiarios finales sean nacionales del Estado sancionado. Por último, se incluye restricción del movimiento o transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga y de pasajeros.

El documento no es perfecto y pudiese ser mejorado. Sin embargo, lo importante ahora son dos elementos: El primero es que la norma sea debatida y aprobada por urgencia notoria por la Asamblea Nacional de Diputados dentro del marco del espíritu con que fue sancionada por el Consejo de Gabinete, a fin de que pueda jugar su papel como un instrumento de defensa de los intereses nacionales.

El segundo elemento es más importante aún. Tan pronto sea aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe ser puesta en ejecución inmediatamente, pues el país no puede seguir viendo cómo naciones como Colombia o Francia aplican acciones discriminatorias contra Panamá, sin que nuestras autoridades puedan adoptar las acciones necesarias para obligarlos a que rectifiquen esa práctica.

Es evidente que la aplicación de medidas de retorsión puede llevarnos a conflictos comerciales con Colombia o Francia, pero la pregunta es quién pierde más en ese escenario. Todo indica que elevar los aranceles de los productos procedentes de ambos país, impedir la participación de sus empresas en las licitaciones y concesiones pública, restringir el ingreso de sus nacionales a nuestro territorio o limitar su acceso a los servicios del Canal de Panamá, son razones suficientes para que ambos países entren en razón sobre el respeto que merece Panamá como miembro responsable de la comunidad internacional y de la economía global.

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