Algunos datos sobre la geopolítica de la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de dinero I

Algunos datos sobre la geopolítica de la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de dinero I
Siempre existió esa necesidad de combatir la opacidad que limita la recaudación, pero el nivel de tolerancia se redujo ostensiblemente con la crisis de 2008.| Cortesía

La República de Panamá ha venido realizando múltiples ajustes de tipo legal y procedimental para enfrentar acciones delictivas como las señaladas, pero es con la promulgación de la Ley 23 de abril de 2015, conjuntamente con otras normativas que complementan la misma, que se moderniza, profundiza y se homologa, a estándares internacionales, el marco legal interno que atiende estos temas.

¿Por qué la Transparencia Fiscal (TF) y la Lucha Contra el Lavado de Dinero (Lcld) son temas de la agenda de los poderes internacionales? Son dos los motivos.

El primero es la necesidad mayor de todos los Estados de recaudar más impuestos, sobre todo provenientes de los contribuyentes más ricos, sean individuos o corporaciones, que son los que tienen la capacidad de pagar el costo de las estructuras opacas que los ayudan a reducir la carga tributaria.

Siempre existió esa necesidad de combatir la opacidad que limita la recaudación, pero el nivel de tolerancia se redujo ostensiblemente con la crisis de 2008, la cual no solo fue económica, sino que debilitó la credibilidad misma del sistema democrático. Los pueblos de los países poderosos exigieron que los ricos aportaran más y las potencias reaccionaron para impulsar esa idea.

El segundo motivo es la seguridad: Los mismos canales oscuros que se usan para ocultar identidades de propietarios de los recursos financieros que no cumplen tributariamente, se usan para esconder flujos financieros derivados de otro tipo de actividades que involucran riesgos de seguridad para los grandes polos de poder del mundo.

Dado que la TF y la Lcld son temas de la agenda mundial de poder, quedan sumergidas en la lógica del sistema internacional.  Por lo tanto, para comprender el tratamiento que tienen, es crucial tener en cuenta que una de las características esenciales del sistema internacional, es que el mismo no es ni igualitario ni democrático. En teoría el sistema internacional supuestamente reconoce la igualdad de los Estados, principales sujetos de Derecho Internacional, pero ello es una ilusión óptica.  Como muchos autores han explicado, entre ellos James Sheehan de Stanford, a diferencia de la situación doméstica de un modélico Estado democrático, donde los casos de conflicto entre los miembros de la comunidad encuentran en el gobierno legítimo y soberano un árbitro superior, en la comunidad internacional no existe un legítimo soberano dirimente, escogido por todos.

Lo máximo que se ha alcanzado es el establecimiento de organismos internacionales de cierta coordinación, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero la realidad es que al final se trata de un rejuego de poder donde los temas esenciales terminan caminando al ritmo de las grandes potencias. Esa realidad cruda ha sido corroborada, por ejemplo, en el contexto histórico del Tratado de Versalles de 1919, hace exactamente 100 años, o también en la actual conformación y funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con lo anterior en mente veamos las estructuras de poder actuales de la TF y de la Lcld.  Partamos de que el principal polo de debate no es la ONU. En el mundo real el tema es propio de la agenda del G-20, organismo que aglutina a las economías que representan el 90% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 80% del comercio y dos tercios de la población mundial, conformado por 19 países y la Unión Europea (UE) como bloque y algunos invitados permanentes. Creado a finales de los 90, tomó un impulso extraordinario durante la crisis financiera de 2008 y es un foro de discusión política para la gobernanza de la economía global. Desde antes de 2008 realiza una reunión anual de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, con participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

A partir de la crisis de 2008, y como reacción frente a ella, se agregó una reunión anual de Jefes de Estado y de Gobierno.  Desde esas alturas acuerdan políticas para combatir tanto la evasión fiscal, las cuales son encargadas en su aplicación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), como el blanqueo de capitales, las cuales son encargadas al Grupo de Acción Financiera (Gafi).  Se parte de la premisa de que ambos temas son asuntos de suma gravedad que distorsionan la economía global.

La Ocde es una organización que reúne a los países más prósperos del planeta, representando al menos el 60% del mercado y 70% del PIB mundial. En materia de TF y del manejo del tema tributario mundial, cumpliendo el encargo del G-20, ha organizado dos foros principales generadores de políticas estándar y compromisos donde participan países miembros y no miembros de la Ocde. Está el “Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales” y existe el “Marco Inclusivo de BEPS”, ocupándose este último de un ambicioso proyecto anti evasión fiscal mediante el combate a la erosión de las bases imponibles y el traslado ficticio de beneficios a jurisdicciones de baja o nula imposición. No es casual que el nombre oficial de este proyecto sea “G-20/BEPS Project”. Bajo el paraguas de este proyecto también se está adelantando un programa que busca un manejo de consenso mundial sobre la tributación de la economía digital.

De forma paralela está Gafi, que es un organismo intergubernamental, el cual desarrolla los estándares de la lucha internacional contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y se encarga de coordinar para que todos los Estados apliquen dichos estándares.

Tanto en las reuniones de ministros como en las de jefes de Estado del G-20, la Ocde y Gafi presentan informes respectivos de avance de la implementación de los estándares, en los cuales se conoce el grado de cumplimiento de los Estados y se renuevan los lineamientos del G-20. Los Estados que no cumplen pueden ser objeto de “medidas defensivas” por parte del G-20, es decir: Pueden ser sancionados, en una clara confirmación del poder real de los Estados más poderosos.

Publio Ricardo Cortés C.

Socio de Impuestos y Servicios Legales

BDO Panamá

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