Alza alimentaria: Jugar con fuego

Alza alimentaria: Jugar con fuego

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) anunció ayer la inminencia de nuevos incrementos de entre 2% y 3% en los precios de los alimentos, como consecuencia de las alzas en las materias primas y los energéticos. Se entiende que tales alzas se añadirán a las que tuvieron lugar en diciembre del año pasado cuando los productos alimentarios registraron bruscas subidas de precio y al incremento de más de 80% de la canasta básica durante los pasados 12 meses. Esas cifras contrastan con los insignificantes aumentos otorgados al salario mínimo, del todo insuficientes para enfrentar una oleada inflacionaria que, a ojos vistas, es mucho mayor de lo que pretenden las cifras oficiales.

En el contexto actual, a diferencia de lo ocurrido en otras circunstancias de la historia reciente del país, sería erróneo atribuir la responsabilidad primordial por los incrementos en los precios a productores, intermediarios, acaparadores o especuladores. El conjunto de los protagonistas de la cadena de producción y distribución de alimentos agricultores, transportistas, comerciantes coincide en señalar el factor del alza de tarifas oficiales especialmente, los constantes gasolinazos como el disparador de la carestía.

Esos reiterados señalamientos obligan a poner atención en los requerimientos monetarios del gobierno, siempre al alza, a los elevadísimos costos de una administración pública que cada día cuesta más y que, sin embargo, ofrece resultados siempre menguantes en todos los terrenos: Salud, educación, empleo, seguridad e infraestructura, por no hablar del ámbito del combate a la pobreza, en el que el fenómeno a combatir se ha multiplicado de manera regular en los pasados cuatro años.

Resulta injustificable, por donde se vea, que el poder público traslade los costos de su ineficiencia a la población, que los dispendios oficiales se realicen a costa del encarecimiento de la alimentación popular, que en un país exportador de petróleo como México se deba importar gasolina cara, y que en la administración federal no exista indicio alguno de voluntad para emprender una rectificación de políticas fiscales y distribuir así en forma equitativa el costo del gobierno.

Hace muchos años que la alimentación de los sectores mayoritarios de la población experimenta una degradación directamente relacionada con las alzas en la canasta básica. Para no ir más lejos, en el primer trienio de la administración federal, ese indicador experimentó un incremento de 93%, en tanto que, en ese mismo periodo, los aumentos al salario mínimo sumaron sólo 17%.

Las autoridades se empecinan en desdeñar las implicaciones políticas y sociales de este desequilibrio creciente y en cerrar los ojos ante la relación causal entre pobreza alimentaria, por un lado, e inestabilidad política y fenómenos delictivos, por el otro.

Lo sepan o no, están jugando con fuego. La paciencia de los sectores populares tiene un límite, y éste no se define únicamente por la línea del hambre, sino también por la exasperación ante la desigualdad, la injusticia social, la ineficiencia gubernamental y los déficit de representatividad política. Cabe esperar que exista, en el actual gobierno, la prudencia y la sensibilidad necesarias para advertir que se está rozando ese límite y que emprenda, en consecuencia, las rectificaciones necesarias.

Editorial del diario

La Jornada de México,

Viernes 14 de enero de 2011

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