AMP empieza auditoría a las Organizaciones Reconocidas

Por otra parte, Panamá aún no ratifica el convenio de Agua de LastreAMP reunion

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) empezó una auditoría a las más de 30 Organizaciones Reconocidas (OR) autorizadas por el país en cumplimiento con el Código de las OR aprobada por la Organización Marítima de Internacional (OMI), que empezó a regir el pasado 1 de enero.

Fernando Solórzano, director de Marina Mercante de la AMP, explicó que el código de las OR establece un estándar, concentrado en calidad y experiencia. Ahora con este documento se establecen reglas claras y agregó que el período de auditoría tomará aproximadamente año y medio.

Por otro lado, Solórzano se refirió al Convenio de Agua de Lastre (BWM, por sus siglas en inglés), el cual aún no ha sido ratificado por Panamá; sin embargo, los registros competidores Liberia e Isla Marshall sí. Nuestros usuarios de registro de naves han pedido evaluar hasta que los Estados Rectores de Puerto dicten sus reglas en relación con los sistemas de tratamientos que van a ser aceptados.

Puede ser pronto la ratificación si los Estados Rectores de Puerto se ponen de acuerdo, afirmó Solórzano.

Hasta marzo de 2015, el tratado había sido ratificado por 44 Estados, con 32,86% del tonelaje mundial. El Convenio BWM entrará en vigor 12 meses después de su ratificación por 30 Estados, lo que representa 35% del tonelaje de la flota mercante mundial.

El agua de lastre es llevada a bordo por los buques para la estabilidad y puede contener numerosas especies acuáticas como plantas y animales, que pueden desplazarse a través del mundo. El agua de lastre no tratada lanzada en el destino de la nave podrían introducir nuevas especies acuáticas invasivas. Cientos de estas  invasiones ya han tenido lugar, a veces con consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales, los recursos y la infraestructura.
El funcionario de la AMP también se refirió a la aprobación por parte del Consejo de Gabinete del Convenio de Nairobi, normativa que exige que todos los buques posean póliza para remover restos en caso de hundimiento. Falta el trámite ante la Asamblea Nacional de Diputados.

Este convenio que, entró a regir este mes de abril de 2015 a nivel mundial, le reserva el derecho a los Estados de remover cualquier embarcación naufragada, haciendo recaer la responsabilidad sobre el armador o propietario, según corresponda, quien tendrá que exonerar a la administración mediante un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños provocados por la embarcación, y los gastos derivados de su localización y remoción. 

Michell De La Ossa Prieto
midelaos@yahoo.com

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