APP cobran importancia ante una posible contracción de la inversión pública

APP cobran importancia ante una posible contracción de la inversión pública
Este sistema constituye una salida rápida para dinamizar la economía panameña en el escenario pos COVID-19.| Cortesía

Los principios de la Ley 93 que crea el régimen de Asociación Público-Privada (APP), en el sentido de generar empleos, lograr eficacia y eficiencia en la construcción de la infraestructura y permitir que el presupuesto nacional se destine a otras prioridades, en este caso, asociadas al coronavirus (COVID-19), recobran particular relevancia para Panamá en el escenario posterior a la pandemia.

Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo a Capital Financiero que “las APP son muy oportunas en momentos de ralentización económica crónica y contracción de la inversión pública.

Momentos como los actuales, cuando los recursos del Estado están enfocados en apoyar a los ciudadanos en el manejo de la crisis COVID-19, se hace oportuna la capacidad de atraer capital y orientarlo en proyectos de alta demanda social.

Lo importante es que su marco normativo sea lo suficientemente sencillo, transparente y robusto”.

Señaló que mientras esperamos por el marco regulatorio y reglamentación de la ley de proyectos APP, “debemos enfocarnos en evaluar proyectos que tengan mayor inversión privada que pública y el riesgo para el Estado sea el menor posible”.

Considera “que se requieren proyectos de infraestructura con generación de flujos y que le reditúen un beneficio económico al Estado”.

En el contexto de una economía ralentizada, acentuada por la crisis del COVID-19, con una proyección de desempleo que el Conep estima llegue al 20%, De La Lastra se inclina por “unir fuerzas y dinamizar nuestra economía para mantener las plazas de trabajo, generar más y mejores empleos, robustecer a las empresas que invierten en nuestro país y en general mejorar la calidad de vida del panameño”.

Entiende que no existen recetas únicas, pero bien manejadas, “las APP podrán contribuir a nuestro mejoramiento económico y a nuestro entorno”.

Apetito por riesgo Panamá

Luis H. Moreno IV, abogado de la firma Alfaro, Ferrer y Ramírez (AFRA) y presidente de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (Amcham), experto en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Proyectos y APP, afirmó a Capital Financiero que desde antes de la pandemia se estaba trabajando en la reglamentación de la Ley APP, y ya el proceso debe estar en la fase final.

Con respecto a cuán atractivo puede resultar para un inversionista entrar en esta modalidad de contratos, sostiene que depende del proyecto y de los retornos, así como de la estructuración técnica y financiera del proyecto, pero observa claras oportunidades desde el punto de vista del desarrollo de servicios públicos que serán atractivos para distintas empresas nacionales e internacionales.

Resaltó que los proyectos pueden ser ejecutados por empresas nacionales e internacionales, por participación directa o bajo la modalidad de consorcios que integren a locales y/o internacionales e incluso resaltó, a efectos de inversión y creación de empleo, que muy probablemente las empresas internacionales subcontratarán parte de los trabajos con empresas locales, lo cual puede ayudar a la reactivación económica.

Observa que contar con un marco jurídico nos hace competitivos y puede fomentar la inversión privada para el desarrollo de ciertos servicios públicos necesarios, concediendo un espacio al presupuesto nacional para destinar recursos públicos a otro tipo de obras y necesidades menores y puntuales.

Sobre el tema “apetito riesgo Panamá”, el experto recuerda que existe en el mundo apetito de ´riesgo Panamá´ lo cual se evidencia en la reciente emisión de bonos soberanos por $2,500 millones, transacción que incluso recibió órdenes de compra por más del triple del monto emitido.

Saleh Asvat, secretario nacional de Asociaciones Público-Privadas, en conversatorio sostenido antes del inicio de la pandemia, mencionó el interés de los organismos multilaterales, de la banca y otro tipo de instituciones financieras, por apoyar este tipo de proyectos, blindados por la estabilidad jurídica que supone tener una Ley de APP.

José Ramón Icaza, tesorero de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), explicó en su momento que parte del éxito del financiamiento de las APP está asociado a contar con un ente independiente, en particular una multilateral.

Moreno reflexiona que por lo general los financiamientos de ciertas magnitudes proceden de la banca internacional, algunas veces en conjunto con la banca local, y también de instituciones financieras multilaterales.

La Ley 93 establece una limitación en cuanto a la banca local estatal: No puede asumir el financiamiento de un proyecto particular en más del 25%.

Esta regla no aplica a la banca privada que incluso puede destinar el 100%.

Dos modelos

En general, la Ley 93 establece dos tipos de APP según su financiamiento:

Las Autofinanciadas son aquellas en que todos los costos del proyecto se recuperan con los ingresos percibidos por el contratista APP mediante el cobro de las tarifas, precios, peajes, cuotas o cargos en general, cobrados directamente al usuario final durante la vigencia del contrato.

Mientras que las Cofinanciadas son aquellas en que, para que el proyecto sea sostenible, se requieran recursos financieros del Estado en forma de transferencias, garantías o ambas, que impliquen la asunción de compromisos por parte de la entidad pública contratante, ya sea por ausencia de pagos del usuario final o porque, existiendo estos, no sean suficientes para cubrir los costos del proyecto.

Los compromisos que las entidades públicas contratantes pueden asumir son firmes o contingentes.

Firmes son aquellas obligaciones de pago a cargo de la entidad pública contratante en contraprestación al contratista APP por las inversiones y prestación de los servicios, conforme a lo establezca el contrato respectivo, y que pueden estar compuestos por una contraprestación por la inversión en infraestructura y una contraprestación por el gasto en explotación y mantenimiento, dependiendo de la estructura que se adopte en el contrato de APP, entre los que se incluyen los pagos por disponibilidad, los peajes sombra y otros.

Mientras que los compromisos contingentes son aquellos aseguramientos estipulados en el contrato de APP que potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo de la entidad pública contratante, cuando ocurran los eventos específicos de riesgo que establezca el mismo contrato.

Aclaró que estos elementos quedan contemplados en el diseño financiero de cada contrato APP.

Sin embargo, en todos los casos, el contratista tiene una obligación contractual, la cual puede ser el diseño, construcción, reparación, expansión, financiamiento, explotación, operación, mantenimiento, administración y/o suministro de un bien o servicio a la entidad pública contratante y/o a los usuarios finales de algún servicio público.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) había estimado en 2020 licitar, bajo el régimen APP, el Metrocable de San Miguelito por $160 millones, la costanera de Panamá Oeste por $200 millones y atender en una primera etapa 450 kilómetros de la Panamericana”.

Violeta Villar Liste
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Capital Financiero

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