Barro Blanco suspendido, el país siguen empantanado

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Según estimaciones de la Secretaría Nacional de Energía la demanda de electricidad en Panamá está creciendo a un ritmo de entre 5% y 7% anual. Esto a pesar de que en los últimos años el país ha experimentado una tendencia a la desaceleración económica. Y lo que parece una contradicción tiene una explicación muy sencilla, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará al cierre de 2014 en un  6,2%, muy por debajo del promedio de 8,2% registrado en la última década, pero lo suficientemente fuerte para mantener al país al frente del crecimiento económico en América Latina y el Caribe.

Pero para seguir creciendo a este ritmo la economía panameña necesita un insumo indispensable: Energía. Ninguna economía puede crecer si carece de la energía suficiente para sustentar ese crecimiento. El problema es que para lograr su desarrollo el sector energía requiere de grandes inversiones de capital, por lo que desde la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, y siguiendo las directrices del Consenso de Washington, el Estado panameño decidió poner esta actividad en las manos del sector privado, esperando que al contar con un mercado cautivo y en constante crecimiento atrajera a empresas y/o empresarios dispuestos a realizar inversiones de largo plazo en el país. 

Sin embargo, todo indica que este modelo de desarrollo del sector energía ha entrado en crisis debido a una mala decisión del Ejecutivo. Y es que la suspensión del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco amenaza con alejar del país a las empresas e inversionistas que hasta ahora habían depositado su confianza en nosotros, construyendo y operando plantas de generación de energía de todo tipo, térmicas, hídricas eólicas y solares. 

Es difícil comprender las razones que han servido de argumento al Ejecutivo para paralizar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Primero porque el proyecto se desarrolla fuera de las comarcas indígenas y segundo porque contrario a lo argumentado por la dirigencia de los llamados pueblos originarios, las hidroeléctricas no consumen agua, solo utilizan su fuerza para generar energía, por lo que la preservación de la fuentes del vital líquido es un elemento fundamental para su operación a corto, mediano y largo plazo.

Por supuesto, que toda empresa que adelanta un proyecto de la magnitud de Barro Blanco, que tendrá una huella ambiental importante, debe cumplir con las normas de conservación de nuestros recursos naturales y respetar los derechos de las comunidades que puedan verse afectadas, ya sea durante su construcción o con su entrada en operaciones, sean estas indígenas o no. No obstante, paralizar una obra que el país requiere para garantizar su suministro energético, y especialmente una hidroeléctrica, para satisfacer las demandas de una dirigencia indígena que se opone al necesario progreso del país sin duda es un grave error que todos los panameños vamos a terminar pagando muy caro.

En primer lugar porque las demandas de la dirigencia indígena es irracional: Que la empresa abandone la obra y que se derribe la presa construida para la operación de la hidroeléctrica Barro Blanco; en segundo lugar porque esto sería abrir una puerta para que otras comunidades indígenas se opongan a la construcción de proyectos hidroeléctricos teniendo a Barro Blanco como un precedente y en tercer lugar, y no por ello menos importante, por el pésimo mensaje que el país está enviado a los inversionistas internacionales.

Todos sabemos que los precios de los  combustibles son altamente volátiles, y que si bien hoy en día el barril de petróleo ronda los $50,00 o $60,00, mañana podría elevarse nuevamente a $125,00 o superar los $150,00. Esto significa que Panamá, que es un importador neto de combustibles, no puede depender de la energía generada por las plantas térmicas, haciendo necesario que se incremente la participación de la generación hidráulica y otras fuentes renovables en su matriz energética.

Es comprensible que el Ejecutivo haya querido dialogar con los pueblos indígenas y garantizar que la construcción de Barro Blanco no pisoteé sus derechos, sin embargo, también es importante que la solución a este conflicto contemple el interés de la mayoría de la población y las necesidades reales del país. Si esto no se hace así, el país tendrá que enfrentar consecuencias desastrosas para su economía y la calidad de vida de todos sus ciudadanos, quienes tendrán que pagar una energía más cara gracias a que los indígenas habrán impuesto sus intereses particulares al resto de la población.

Y lo peor de esto es que siguiendo el ejemplo de Barro Blanco, ya hay voceros indígenas que advierten que se opondrán a la construcción del proyecto Chan II, que debe comenzar a construirse este año en la provincia de Bocas del Toro y que implica una inversión privada de $1.000 millones. 

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