Brasil ofrece rebajas de penas

Los acuerdos no exonerarían a los ejecutivos

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En momentos en que un escándalo de corrupción en el gigante estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) pesa sobre la economía de Brasil, el Gobierno está avanzando con acuerdos de alivio de penas para varias firmas privadas ligadas al escándalo, según funcionarios.

A pesar de las objeciones de los fiscales del caso, el contralor general de Brasil hasta ahora ha mantenido conversaciones sobre acuerdos con cinco de las alrededor de 30 proveedoras que son investigadas por supuestamente arreglar licitaciones y pagar sobornos, según el contralor general, Valdir Moysés Simão.

El gobierno considera que los acuerdos de alivio de penas, similares los que se usan en Estados Unidos (EE.UU), son una forma de volver a impulsar la industria nacional de petróleo y gas. Por cooperar con las autoridades, admitir irregularidades, pagar multas y compensar a Petrobras, y adoptar políticas de cumplimiento de las normas para prevenir que se repita, las empresas que llegan a un acuerdo administrativo no serían excluidas de los contratos públicos.

Sin embargo, los acuerdos no exonerarían a los ejecutivos de cargos criminales.

La meta es darle un impulso a la inversión de Petrobras, que había representado alrededor de 10% del gasto de capital total en el país antes de quedar casi en cero debido al escándalo y la investigación.

Actualmente, Petrobras ha dejado de hacer negocios con los proveedores acusados, mientras la investigación sigue en marcha. El congelamiento se ha sentido a lo largo de la cadena de suministro de la empresa, llevando a bancarrotas, despidos y rebajas de calificación de crédito que han empeorado la desaceleración económica del país. Se proyecta que la economía brasileña se contraiga más de 1% este año.

La idea es permitir que la actividad (económica) continúe con el menor impacto posible sobre la gente, dijo Simão en una entrevista, en la que no quiso nombrar a las empresas involucradas. Sostuvo que ese tipo de acuerdos podrían firmarse en la segunda mitad del año.

La gente al tanto del asunto dice que las firmas implicadas incluyen a algunas de las mayores constructoras del país, y que ahora todas enfrentan una prohibición para firmar contratos con el gobierno y empresas estatales si las declaran culpables de corrupción.

Cuatro de las proveedoras OAS S.A., Galvão Engenharia S.A., SOG leo e Gás, y Engevix son firmas brasileñas acusadas de participar en un cartel que sistemáticamente le cobró de más al gigante petrolero durante casi una década, y pagó sobornos a empleados de Petrobras y políticos, agregaron las fuentes. Una quinta compañía, el conglomerado holandés SBM Offshore SBMO, supuestamente pagó sobornos para obtener contratos con Petrobras.

SBM confirmó en una declaración el mes pasado que estaba discutiendo un posible acuerdo. Las conversaciones con las autoridades brasileñas están en una etapa inicial y aún no se han acordado cifras, dijo la firma.

SBM ya ha alcanzado un acuerdo extra judicial con las autoridades holandesas relacionado a sus negocios con Petrobras, al acceder en noviembre al pago de $240 millones para llegar a un acuerdo sobre acusaciones de que sobornó a agentes de ventas en Brasil y otros países para obtener contratos.

Un portavoz de Engevix también confirmó que la empresa busca un acuerdo de alivio de penas. Otras firmas prefirieron no hacer comentarios para este artículo.

El escándalo ha sacudido al gobierno de Brasil y ha causado un derrumbe en los índices de aprobación de la presidenta Dilma Rousseff, quien no ha sido implicada y ha negado tener cualquier conocimiento previo de los actos de corrupción.

El procurador general de Brasil, Luis Inácio Adams, quien supervisa el aspecto legal de los acuerdos, afirmó que los acuerdos de alivio de penas deberían evitar que trabajadores e inversionistas fueran castigados por las acciones corruptas de otros.

Sin estos acuerdos, es muy probable que veamos empresas que cierran sus puertas, aseguró Adams, y señaló que alrededor de 51.000 empresas podrían estar afectadas, directa o indirectamente, por el escándalo de Petrobras.

Los fiscales han criticado los acuerdos porque temen que ese tipo de arreglos pueda dificultar sus investigaciones penales. Hasta ahora los fiscales han apelado ampliamente a negociaciones extrajudiciales para que los acusados se declaren culpables para investigar el escándalo de corrupción.

Las compañías que firman los acuerdos no necesariamente deben entregar evidencia nueva para beneficiarse, a diferencia de las negociaciones con individuos acusados de crímenes, según Adams.

Tendrá un efecto negativo porque no (alentará a los individuos) a colaborar en las distintas áreas de las investigaciones, explicó Nicolao Dino, el coordinador de la unidad de anticorrupción de la fiscalía.

Muchos brasileños también son recelosos de los acuerdos de rebaja de penas. Más de un millón de personas salieron a las calles para protestar en marzo y abril contra Rousseff y el gobernante Partido de los Trabajadores, al que muchos culpan por permitir que floreciera un clima de corrupción en Petrobras.

Algunos consideran que los acuerdos son sólo otra escapatoria para los ricos y poderosos que cometen crímenes, que desde hace tiempo escapan del castigo en Brasil.

No deberían realizar acuerdos sólo para ayudar a los empresarios, dijo Rodrigo Brasil, un líder en Rio de Janeiro de Revoltados On Line, uno de los principales grupos que lideró las protestas recientes.

Los acuerdos de rebaja de penas son una herramienta legal relativamente nueva en Brasil, y funcionarios de la justicia penal están buscando la forma de aplicarlos.

Como parte de una ley anticorrupción aprobada en 2013, fueron modelados según leyes estadounidenses similares que permiten que firmas acusadas reduzcan sus penas y retengan contratos públicos a cambio de cooperar con los investigadores. 

Luciana  Magalhaes
Sao Paulo
Dow Jones

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