Buscan derogar resolución sobre apoyo a proyectos sociales

Buscan derogar resolución  sobre apoyo a proyectos sociales

La CMP sostiene que este tipo de obligaciones deben ser negociadas y no impuestas

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La Cámara Marítima de Panamá (CMP) invitó a la administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a instaurar una mesa de trabajo para la revisión de aspectos relacionados con la Resolución J.D. No. 046-2014 que estableció una cláusula de apoyo a los proyectos sociales de esa entidad en los contratos de concesiones tanto en los contratos existentes que no los contemplen como en los futuros.

En misiva enviada al administrador de la AMP, Jorge Barakat, ese gremio empresarial solicitó que se eleve una consulta a la Procuraduría de la Administración para que se pronuncie sobre la legalidad de la resolución.

La nota deja entrever la posible ilegalidad de la citada resolución y presentan una serie de consideraciones en torno a este tema. Una de ellas, es que la ley 56 del 6 de agosto del 2008, contempla la obligación que tienen los concesionarios y proveedores de servicios de pagar al Estado las tarifas establecidas por razón de la actividad que realizan y las tasas que se cobren por servicios que preste la autoridad reguladora. Sin embargo, la tasa que crea la Resolución J.D No. 046-2014 no responde a ninguno de estos criterio.

Para la CMP, la mencionada resolución, más que una política administrativa, constituye una obligación formal que debe ser negociada o debidamente legislada, a efectos de limitar el potencial de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de estos recursos o en los funcionarios públicos que deban tomar decisiones vinculadas con el uso de estos aportes.

Para el gremio empresarial marítimo, el mecanismo idóneo para implementar una obligación como la antes mencionada a todos los concesionarios, la cual implica la utilización de recursos adicionales sin ser un impuesto, tarifa o tasa por servicios marítimos, es la modificación de la Ley 56 de 2008 y el Acuerdo para el otorgamiento de concesiones.

La misiva recordó que aquellos contratos de concesión que actualmente tienen un componente de apoyo comunitario, fijan como unidad ejecutora y coordinadora al Ministerio de la Presidencia o al que corresponda de acuerdo con la naturaleza de la obra a realizar por el concesionario.

También señalan que el Decreto de Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, por el cual se crea la AMP, no contempla el desarrollo de proyectos u obras sociales entre las competencias y facultades de la entidad marítima, salvo que dichos proyectos estén  relacionados de manera directa, indirecta o conexa, con el funcionamiento y desarrollo del sector marítimo.

En la justificación hecha por la entidad marítima para aprobar dicha resolución establece que la AMP en el ejercicio de sus gestiones ha logrado identificar necesidades sociales que requieren ser atendidas de manera urgente. 

Michell De La Ossa Prieto
midelaos@yahoo.com

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