Buscan penalizar la invasión de tierra, nuevamente

Buscan penalizar la invasión de tierra, nuevamente
Penas de 3 a 5 años de cárcel| Archivo

Un nuevo anteproyecto de ley busca imponer penas de prisión  de dos a cincos para los invasores de terrenos, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia en el 2014  declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 44 de 2013, que  incluyó  en el Código Penal penas de uno a  tres años a quienes ocuparan propiedades privadas.

El anteproyecto de ley que buscan revivir las penas de prisión para las invasiones nuevamente fue presentado por el diputado Hernán Delgado, quien denunció que “existen grupos organizados que se dedican a invadir u ocupar propiedades, a sabiendas que las mismas tienen dueños legítimos, levantando viviendas improvisadas sin ningún tipo de planificación u ocupando edificaciones, usurpando así los derechos adquiridos sobre éstas, por sus verdaderos propietarios”.

La iniciativa legislativa  adiciona el artículo 229-A al Código Penal, quedando así: Quien, a sabiendas de la existencia de dueño de un inmueble, terreno o edificación ajeno, lo invada u ocupe total o parcialmente será sancionado con prisión de dos a cinco años o su equivalente en días-multas o arrestos de fines de semana. Igual sanción recibirá quien ignorando o desconociendo la existencia de dueño de un inmueble, terreno o edificación ajeno, decide continuar invadiendo u ocupando total o parcialmente, aún después de haber sido informado o notificado sobre la existencia de dicho dueño.

Delgado argumenta que la propuesta establece que el desalojo se efectuará mediante procedimiento sumarísimo.

El propietario o dueño del inmueble, terreno o edificación deberá presentar solicitud de desalojo ante el juez de paz respectivo, con la copia del título de propiedad, certificación del Registro Público, acreditando la existencia de la misma.

La audiencia se celebrará con las personas que comparezcan y, en caso de que no presenten título justificativo de la ocupación del inmueble, terreno o edificación, el juez emitirá la orden de desalojo en el acto de audiencia, la que se tendrá por notificada. Se ordena a la Policía Nacional de la zona respectiva y demás estamentos de seguridad pública para prestar apoyo al Juez de Paz en la ejecución de la orden de desalojo.

El fallo de la corte, bajo la ponencia del magistrado Hernán de León, argumentó que la derogada ley 44 violaba el artículo 47 de la Constitución Nacional de Panamá que “garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales”.

Orlando Rivera
orivera@capital.com.pa
Capital Financiero

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