¿Cambiará la forma de hacer negocios en la banca?

Ernesto Bazán

Analista Financiero

La última semana de diciembre 2010, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) publicó un Acuerdo (8-2010) que marca un hito importante en la Banca. En mi opinión es uno de los más trascendentales de los últimos años.

El Acuerdo está referido a la Gestión Integral de Riesgos que deben implementar los bancos a quienes les resulte aplicable. Tendrán un plazo de nueve meses a partir de la promulgación.

La norma obliga a las entidades bancarias a contar con una Unidad de Administración de Riesgo (UAR). Esta Unidad debe contar con al menos tres características: Independencia, Jerarquía y Autoridad.

Independencia

Funcionalmente, la UAR deberá reportar al Comité de Riesgos, que a su vez responderá a la Junta Directiva. Sólo podrá estar bajo supervisión de la Gerencia General para fines administrativos. Esta característica que anteriormente correspondía a las áreas de Cumplimiento y Auditoría, ahora lo es también del área de Riesgos. Ello implicará que aquellos bancos en donde actualmente el área de Riesgos reporta a la Gerencia General, tendrán que modificar su organigrama funcional para darle independencia a dicha área.

Jerarquía

Al ser la UAR un área que reporta directamente al Comité de Riesgos o la Junta Directiva, le corresponde un nivel jerárquico superior. La jerarquía implica respeto y el respeto se gana. Para ello se requiere que la UAR esté conformada por ejecutivos con solvencia profesional, alto grado de profesionalismo, conocimiento, experiencia, buen criterio analítico y, el mejor de los aliados, el sentido común. Así la UAR podrá cumplir su importante rol en la preservación del valor de un Banco.

Autoridad

El Acuerdo establece que la UAR deberá contar con poder de veto (otorgada por la Junta Directiva y la Gerencia General) en la toma de decisiones que estén relacionadas al riesgo integral del banco. Esto le da la autoridad suficiente para oponerse, por ejemplo, a una operación bancaria específica, a la incorporación de una política o a una decisión administrativa que a su juicio afecte el riesgo integral de la entidad. Cuando la UAR diga no, será no y punto. Sin embargo; si la UAR cuenta con las características profesionales previamente indicadas (principalmente, solvencia profesional), lo más probable es que la persuasión llegue antes que el veto.

Un aspecto interesante que se encuentra en el Acuerdo 8-2010 es el listado de riesgos que deben ser atendidos por la UAR. Ya no solamente son los tres riesgos tradicionales (de crédito, de mercado y operacional), sino que además se incorpora a los riesgos: de liquidez, legal, reputacional, de tecnología de información, país, de contagio, estratégico y de concentración. Ello deberá verse con detalle y rigor. Además, se requiere que las acciones de la UAR queden debidamente documentadas.

La norma recoge un principio fundamental de los Acuerdos del Comité de Basilea: Risk-Based Capital, que significa que un Banco debe contar con Capital en función a los riesgos que asume. Si sus riesgos son bajos, requiere poco capital y viceversa. Pero resulta que quienes deben poner el capital son los accionistas. En ese contexto, el Acuerdo establece responsabilidades y obligaciones a la Junta Directiva de los bancos. Dichas responsabilidades no solamente están enumeradas en el Acuerdo, sino que además su cumplimiento deberá ser certificado anualmente. De no cumplirse, corresponderían sanciones que según la Ley Bancaria podrían hacerse extensiva no sólo al Banco sino también a los miembros de su Junta Directiva. Es más, la Ley faculta al Superintendente de Banca a publicar las sanciones.

En general, este Acuerdo presenta un gran reto para la Banca en Panamá. Probablemente algunas entidades tendrán que reformular su presupuesto anual para adecuarse al cumplimiento del Acuerdo, pero no debe olvidarse que la gestión integral de riesgos no solamente implica monitorear y medir los riesgos, sino también mitigarlos. Por lo tanto, hay beneficios importantes en esta norma. A favor no sólo de los accionistas, sino sobre todo de los depositantes.

Los bancos deben tener en cuenta que para la Gestión Integral de Riesgos no solamente cuentan con la UAR sino con otras áreas internas como Auditoría y Cumplimiento, además de las áreas independientes externas como los Auditores Externos y las Agencias Calificadoras, quienes permanentemente están monitoreando los riesgos y/o señalando oportunidades de mejora.

Finalmente, la SBP ha dado un plazo de nueve meses para que los bancos (de licencia general y de licencia internacional supervisados de origen) se reorganicen y se adapten a lo que establece la norma. Dentro de nueve meses la Junta Directiva de los bancos tendrá un nuevo hijo, la UAR. El plazo es bastante razonable, siempre que dicha Junta empiece su reunión del mes de enero tomando decisiones preliminares al respecto; de lo contrario, el stress será alto los meses previos al deadline (septiembre 2011).

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