Chile vuelve a darnos un ejemplo interesante

Skyline-Santiago-Chile

La mandataria hizo el sorpresivo anuncio en un mensaje transmitido desde el palacio de La Moneda en cadena nacional donde también dio a conocer algunas medidas anticorrupción.

En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos, dijo la Presidenta chilena  durante su mensaje.

Y tal como lo ha hecho desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet, Chile se ha puesto nuevamente a la vanguardia de las reformas institucionales que requieren los países de América Latina y Panamá para construir un Estado cada vez más democrático y transparente,  liberándose de los viejos esquemas políticos que facilitan la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencia y el despilfarro de los dineros públicos.

De hecho, además de este proceso constituyente, Bachelet también presentó una serie de medidas destinadas a luchar contra la corrupción, que serán enviadas al poder legislativo en las próximas semanas.

Entre los anuncios se encuentran la eliminación de aportes anónimos y reservados a políticos o partidos y mayor regulación de las campañas electorales, reduciendo el gasto y limitando los espacios donde hacer propaganda.

Además, las empresas no podrán hacer aportes y será el Estado quien regule los gastos de los partidos siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos.

Los regalos de campaña serán delitos de cohecho y aumentarán las exigencias y transparencia en el uso del dinero público en el Estado, según dijo la mandataria.

Habrá, además, un registro público de lobistas o cabilderos y los políticos que violen la ley electoral perderán su cargo.

Bachelet también señaló que habrán medidas que afectarán la relación entre la empresa privada y los cargos públicos.

Regularemos la puerta giratoria entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas, dijo.

Y explicó que confía en ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública.

Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades, anunció.

Lo triste es que mientras Chile, el país más competitivo e innovador de América Latina según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), avanza en la modernización de su institucionalidad y en la lucha contra la corrupción, en Panamá nuestros diputados han optado por mantener intacta la Ley que les garantiza un trato discriminatorio frente al ciudadano, al exigir que cualquier denuncia en su contra vaya acompañada de la tristemente célebre prueba sumaria, dando como resultado la virtual imposibilidad de someter a un proceso de investigación a los miembros de la Asamblea Nacional, debido a una especie de blindaje legal.

Sin embargo, la lección que nos dicta la presidenta Bachelet, es que el Ejecutivo debe aprovechar precisamente los momentos en que la ciudadanía reclama la adopción de normas que faciliten la lucha contra la corrupción y modernicen la administración pública, combatiendo el nepotismo, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses para aprovechar el impulso ciudadano e ir más allá, lo que en el contexto de Panamá equivaldría a cumplir la promesa de convocar a una asamblea constituyente precisamente ahora, cuando tiene suficiente capital político para concretar un proyecto tan complejo. 

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