Claves para entender la estrategia Call to Action de EE.UU. para Centroamérica

Claves para entender la estrategia Call to Action de EE.UU. para Centroamérica

Bajo la administración del presidente Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) ha lanzado una estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Dos de los componentes clave de esta estrategia son la lucha contra la corrupción y la promoción del desarrollo económico en la región conocida como Triángulo Norte (formada por Guatemala, El Salvador y Honduras). 

Para lograr esos dos objetivos, la Administración Biden ha lanzado su iniciativa de Call to Action, cuyo objetivo es promover oportunidades económicas en la región a través de la inversión del sector privado. En pos de su objetivo de erradicar la corrupción, EE.UU. implementó la Lista Engel, que apunta a sancionar a los individuos corruptos locales con diversas medidas anticorrupción. 

La iniciativa Call to Action alcanzó recientemente un nivel de inversión de más de $1,200 millones, y algunas empresas líderes como Microsoft, Mastercard y PepsiCo, entre otras, se comprometieron con ella en sus primeras etapas. Se espera que la iniciativa genere más compromisos por parte de otras empresas comparables. 

En este documento se realiza una revisión general del plan desarrollado por el Gobierno de los EE.UU., y se analizan los pasos que deben tomar las empresas internacionales y locales para participar en esta iniciativa que intentará reducir la migración irregular desde Centroamérica al beneficiar a la región en los aspectos económico y social durante muchos años. Este artículo hace referencia a los acontecimientos más recientes en la región desde el documento publicado el año pasado, denominado “Análisis sociopolítico: la región de América Latina y el Caribe en 2021”.

Antes de convertirse en presidente de los EE.UU., Joe Biden ya había previsto la necesidad de una estrategia para mejorar la asistencia exterior de los EE.UU. y la cooperación internacional en toda Centroamérica para reducir la migración, especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Durante su campaña presidencial, Joe Biden presentó el Plan de Biden para Fortalecer la Seguridad y la Prosperidad en Colaboración con los Pueblos de Centroamérica. 

El plan establece que, para que el Hemisferio Occidental sea seguro, democrático y próspero en su conjunto, es fundamental garantizar que las naciones de Centroamérica sean fuertes, seguras y capaces de brindar oportunidades futuras a su propio pueblo. El plan señala que los países del Triángulo Norte enfrentan enormes desafíos debido a la violencia, las organizaciones criminales transnacionales, la pobreza, la falta de oportunidades económicas y las instituciones públicas corruptas e ineficientes. 

Estos factores son la razón del éxodo de personas que dejan sus países en busca de una vida mejor, y emprenden un peligroso viaje.

Al reconocer estos problemas, la Administración Biden se propuso renovar el sólido compromiso del liderazgo de los EE.UU. en la región y desarrollar una estrategia para Centroamérica. 

El 2 de febrero de 2021, el presidente Biden firmó un decreto que exigía desarrollar una Estrategia de Causas Fundamentales para abordar la cuestión de la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras, y establecer un sistema de inmigración justo, ordenado y humanitario. Varios meses después, el 29 de julio de 2021, la vicepresidenta Kamala Harris anunció el lanzamiento de la Estrategia de Causas Fundamentales, que identifica, prioriza y coordina acciones para mejorar la seguridad, la gestión y la gobernanza, los derechos humanos y las condiciones económicas en la región. 

La estrategia integra diversas herramientas del gobierno de los EE.UU., como la diplomacia, la asistencia exterior, la diplomacia pública y las sanciones. La Estrategia de Causas Fundamentales se presenta con dos de sus cinco pilares: abordar la inseguridad y la desigualdad económica (Pilar I), y combatir la corrupción, fortalecer la gestión democrática y promover el estado de derecho (Pilar II). 

La batalla contra la corrupción en el extranjero es un pilar clave de la agenda política de los EE.UU. debido a su efecto desastroso sobre el Estado de derecho, el desarrollo económico y la democracia. La corrupción está asociada con la distorsión del mercado, la disuasión de la inversión, el incremento de la pobreza, el debilitamiento de los esfuerzos de ayuda internacional y el fomento del crimen. Estados Unidos ha otorgado históricamente una gran importancia a la lucha contra la corrupción y ha invertido importantes recursos en numerosas iniciativas a lo largo de varias administraciones. En Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, apoyó la formación de entidades internacionales contra la corrupción, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2016, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en 2016, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) en 2019.

El Gobierno de los EE. UU. alcanzó otro hito importante en este sentido cuando la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Mayor Compromiso entre los EE.UU. y el Triángulo Norte (United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act) el 15 de julio de 2019, como parte de una iniciativa para apoyar a los países de la región en la lucha contra la corrupción. 

El objetivo principal de la ley es promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, fortalecer el gobierno democrático y mejorar la seguridad ciudadana en El Salvador, Guatemala y Honduras, y frenar la migración irregular desde la región. El segundo componente de la ley de 2019 se centra exclusivamente en la corrupción. Requiere la creación de una lista de actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte (sección 353(b) del Departamento de Estado), conocida como “Lista Engel”, nombrada en honor al excongresista Eliot Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, quien redactó la legislación. 

Para ser incluido en la Lista Engel, una persona o entidad debe haber participado a sabiendas en acciones que socaven los procesos o instituciones democráticos, actos de corrupción significativos y actos que obstruyan las investigaciones de dichos actos de corrupción, incluidos los siguientes: 

• Corrupción relacionada con contratos gubernamentales 

• Soborno y extorsión 

• Lavado de dinero u otras vías para canalizar el dinero proveniente de la corrupción 

• Violencia, acoso o intimidación hacia quienes investigan actos de corrupción. La ley incorpora sanciones sobre los bienes, como congelar fondos guardados en los EE.UU. y negar la entrada a los EE.UU., incluida la revocación inmediata de las visas emitidas. 

Se puede llegar a tomar medidas más duras si se determina que las personas o entidades que figuran en la Lista Engel también deben incluirse en las listas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) y Magnitsky. 

La primera versión de la Lista Engel se dio a conocer el 1 de julio de 2021 e inicialmente incluía a 55 personas: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras. Los enumerados incluyen dos expresidentes y una ex primera dama, así como miembros del Congreso, jueces de la Corte Suprema, ministros y otros funcionarios públicos de alto rango. En la lucha contra la corrupción en la región, es probable que EE.UU. intensifique el escrutinio y la aplicación de la ley, ya que es la principal prioridad de la Administración Biden en Centroamérica. 

El 3 de junio de 2021, el presidente Biden emitió un Memorando de Estudio de Seguridad Nacional, que establece que la lucha contra la corrupción es de interés fundamental para la seguridad nacional de los EE.UU. Según el memorando, el plan de la Administración incluye la asistencia y el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades e instituciones nacionales (locales y estatales), así como los socios y gobiernos extranjeros. El objetivo es implementar medidas de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas para combatir la corrupción. 

El 6 de diciembre de 2021, la Administración Biden publicó la Estrategia de los Estados Unidos para Contrarrestar la Corrupción, que describe un enfoque de todo el gobierno para intensificar la lucha contra la corrupción. La estrategia organiza los esfuerzos del Gobierno de los EE.UU. sobre la base de los siguientes cinco pilares: 

• Modernizar, coordinar y dotar de recursos a las iniciativas del Gobierno de los EE.UU. para combatir la corrupción.

• Frenar la financiación ilícita.

• Responsabilizar a los actores corruptos.

• Preservar y fortalecer la arquitectura anticorrupción multilateral.

• Mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para lograr los objetivos de la política anticorrupción. 

Otro factor importante que impulsa la migración irregular desde Centroamérica es la falta de oportunidades económicas.

Como resultado, la Administración Biden ha determinado que abordar la cuestión de la inseguridad y la desigualdad económica es un pilar clave en la Estrategia de Causas Fundamentales de los EE.UU. Un logro notable del Gobierno de los EE.UU. en la promoción del desarrollo económico en la región es la iniciativa Call to Action. 

Anunciada por la vicepresidenta de los EE.UU., Kamala Harris, el 27 de mayo de 2021, la iniciativa tiene como objetivo apoyar el desarrollo económico en el norte de Centroamérica y abordar las causas fundamentales de la migración a los EE.UU. Se promueve a través de una asociación público-privada entre el Departamento de Estado y la asociación sin fines de lucro Partnership for Central America, en estrecha coordinación con la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La iniciativa tiene las siguientes seis esferas de actividad, destinadas a apoyar el desarrollo a largo plazo en la región:

• Agenda de reformas: compromisos para respaldar una mayor transparencia, previsibilidad y estabilidad en los ámbitos propicios para los negocios facilitando los esfuerzos de los gobiernos regionales para adoptar las mejores prácticas internacionales en materia de concesión de licencias, permisos, adquisiciones, regulaciones y tributación.

• Inclusión digital y financiera: compromisos para ampliar el acceso asequible a Internet y la participación en la economía digital; facilitar el acceso a tecnologías financieras y capital para las pequeñas empresas, en particular las empresas propiedad de mujeres y personas indígenas; y garantizar que las personas más vulnerables y con más probabilidades de migrar tengan acceso a servicios públicos básicos e instituciones financieras. 

• Seguridad alimentaria y agricultura climáticamente inteligente: Compromisos para combatir la escasez de alimentos aumentando la productividad agrícola y la resiliencia de los cultivos. 

• Adaptación climática y energías limpias: Compromisos para apoyar la resiliencia de la región al cambio climático a través de esfuerzos de adaptación y mitigación; apoyar a las industrias afectadas por el cambio climático; y favorecer la transición hacia el uso de energías limpias. 

• Educación y desarrollo de la fuerza laboral: Compromisos para ampliar los programas de capacitación laboral; fomentar un mayor acceso a la educación técnica y secundaria; y crear empleos mejor remunerados en el sector formal, especialmente para las mujeres y en las zonas rurales. 

• Acceso a la salud pública: Compromisos para ayudar a los gobiernos regionales a paliar el impacto del COVID-19 en sus poblaciones; desarrollar economías sanitarias sólidas y resilientes para hacer frente a los futuros desafíos sanitarios; apoyar el acceso a agua potable y saneamiento; y garantizar el acceso inclusivo a la atención médica.

El 13 de diciembre de 2021, la vicepresidenta Harris anunció que la iniciativa Call to Action había alcanzado un nivel de inversión de más de $1,200 millones. Las siguientes entidades han manifestado su compromiso con la iniciativa: 

• Accion
• Bancolombia
• Chobani
• Davivienda
• Duolingo
• Harvard T.H. Chan School of Public Health
• Mastercard
• Microsoft
• Nespresso
• Pro Mujer
 • Tent Partnership for Refugees
• Foro Económico Mundial
• PepsiCo
• Cargill
• Parkdale Mills
• CARE International
 • Grupo Mariposa
• PriceSmart (Costco)
• JDE Peet’s 

Aspectos clave que deben considerar las empresas que participen en la iniciativa Las empresas que desean participar en la iniciativa Call to Action deben ser conscientes de los riesgos y elaborar sus propias estrategias que se correspondan con los objetivos del Gobierno de los EE.UU., desarrollar oportunidades económicas en toda la región, evitar la corrupción prestando especial atención a la Lista Engel y mejorar sus propias perspectivas financieras. Ya sean empresas regionales o internacionales, todos los que participen en la iniciativa Call to Action deben proteger sus activos, cumplir con las medidas anticorrupción y saber con quién tratar en el Gobierno de los EE.UU. y en otros lugares. 

1. Las empresas internacionales necesitan proteger sus inversiones: 

• Etapa previa a la inversión: Las empresas que consideran invertir a través de la iniciativa en esta etapa deben tener en cuenta lo siguiente: 

• Análisis del riesgo país: Un análisis integral del riesgo país (mercado laboral, riesgos económicos y políticos, y riesgos operativos) de la jurisdicción específica de interés, que proporcione aquellos datos clave que orienten mejor la inversión de una empresa y la estrategia de entrada al mercado. 

• Debida diligencia: investigaciones de candidatos locales para puestos clave y potenciales socios estratégicos locales para evaluar sus antecedentes legales y comerciales, así como su reputación, con el fin de determinar y gestionar la exposición al riesgo de las relaciones potenciales. 

Esto garantizaría el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) para las empresas estadounidenses que invierten en el extranjero. o Evaluación operativa: orientación para diseñar e implementar la estructura operativa deseada de conformidad con las reglamentaciones y los requisitos locales. 

• Operaciones de establecimiento: Después de tomar la decisión de invertir en Centroamérica, las empresas internacionales necesitarán asistencia con lo siguiente: 

•Evaluación operativa: Asesoramiento adicional para el diseño y la implementación de la estructura operativa deseada de conformidad con las reglamentaciones y los requisitos locales.  •Asesoría tributaria: planificación para alcanzar una estrategia tributaria eficiente cumpliendo con la legislación local. 

•Inteligencia transaccional: evaluación en el establecimiento de los ciclos transaccionales de las empresas internacionales en la jurisdicción de interés con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y optimizar los costos transaccionales. 

•Seguridad física: diseño e implementación de evaluaciones integrales de los sistemas de seguridad corporativa y evaluación de la seguridad física para el personal internacional clave. 

• Operaciones permanentes: 

•Debida diligencia: control de empleados y proveedores para evaluar sus antecedentes legales y comerciales, así como su reputación, con el fin de determinar y gestionar la exposición al riesgo de las relaciones potenciales. 

•Cumplimiento normativo: evaluaciones e investigaciones contra el lavado de dinero y la corrupción, incluidos análisis de riesgo de la FCPA y revisiones de programas de cumplimiento, entre otros. 

•Análisis de riesgo de fraude e investigaciones forenses: identificación de áreas susceptibles de fraude, e implementación de los controles internos pertinentes para mitigar el riesgo de fraude. En el caso de identificar evidencia de fraude, capacidad de realizar investigaciones forenses contables e informáticas para identificar las pérdidas financieras y a los conspiradores. 

•Auditoría y control interno: auditoría estándar de procesos y procedimientos, y revisión constante de la eficiencia y eficacia operativas. 

2. Qué necesitan las empresas centroamericanas para participar en la iniciativa: las empresas regionales interesadas en participar en la iniciativa necesitarán asistencia para cumplir adecuadamente con los requisitos y las expectativas de las autoridades estadounidenses y empresas internacionales. Las empresas centroamericanas necesitarán generar relaciones comerciales. 

Para lograrlo, también necesitarán diseñar una propuesta comercial personalizada que describa sus productos, servicios y fortalezas, junto con un enfoque estratégico, a fin de generar interés en las empresas internacionales con el objetivo de formalizar una posible asociación comercial en la región. 

3. Las empresas de la región necesitarán un enlace con las partes y las autoridades estadounidenses que están al frente de la iniciativa. Respecto a designaciones en la Lista Engel, se deben utilizar los siguientes servicios de Gestión de Riesgos de Reputación: 

• Autodiligencia Debida de Reputación (Rsdd, por sus siglas en inglés): un RSDD es una herramienta útil para controlar los riesgos de reputación que pueden afectar la imagen pública de un sujeto, así como el valor del negocio o las prácticas comerciales. Llevar a cabo un RSDD implica realizar, de manera externa e independiente, una revisión optimizada de la debida diligencia de un sujeto. 

Esto incluye un examen de los antecedentes legales, comerciales y familiares del sujeto, así como de su reputación, con el objetivo de demostrar que ni la persona ni sus negocios representan un riesgo para las instituciones financieras, los socios comerciales, los clientes, los entes reguladores y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, entre otros. Según cada caso, realizar un RSDD también puede abarcar la reconstrucción de una situación particular que ha dañado la reputación de un sujeto para proporcionar información precisa y una interpretación objetiva de los hechos. 

• Asistencia en la ejecución de solicitudes de información (RFI, por sus siglas en inglés): Si se acepta una solicitud de baja de una lista de sanciones, los siguientes pasos para la reconsideración probablemente incluirán la ejecución de una RFI ante las autoridades correspondientes para su proceso de análisis interno. 

Los sujetos necesitarán ayuda en el proceso de recopilación de información y preparación de las respuestas para completar la RFI. Según la naturaleza de la solicitud, esto podría incluir la realización de una investigación informática forense. Estos servicios también se aplicarían a los sujetos que podrían ser incluidos en la Lista Engel y que desearían adoptar un enfoque proactivo para mitigar tales riesgos.

Matías Mora
Managing Director, Práctica de Investigaciones Globales
J.S. Held

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