¿Cómo podría afectar la corrupción a las calificaciones soberanas en América Latina?

¿Cómo podría afectar la corrupción a las calificaciones soberanas en América Latina?

La corrupción siempre ha estado presente en América Latina, pero recientemente se ha convertido en una cuestión política más crítica que afecta a los gobiernos en todo el espectro político. El impresionante crecimiento de la clase media en gran parte de la región durante la última década, junto con un mayor acceso a la información y a herramientas de comunicación, probablemente ha disminuido la tolerancia pública a la corrupción.

Las recientes revelaciones de actos indebidos en los niveles más altos de gobierno en muchos países han contribuido a la creciente indignación pública y han afectado la formulación de políticas. En toda la región se observa una frustración pública cada vez mayor frente a la impunidad de la clase política que se percibe, así como de otros segmentos poderosos de la sociedad.

El potencial impacto de los escándalos de corrupción sobre las calificaciones soberanas de S&P Global Ratings depende de las circunstancias.

Los escándalos de corrupción podrían paralizar o hacer más lenta la toma de decisiones en el gobierno, lo que se traduciría en desviaciones de las políticas y en deficientes resultados económicos (como un mayor endeudamiento).

La indignación pública contra la corrupción podría erosionar la posición de los partidos políticos y favorecer el populismo. Los débiles partidos políticos podrían acrecentar el riesgo de un sistema político fragmentado con un presidente electo que no tenga el respaldo de una mayoría en el Congreso, lo que haría más difícil gobernar. El deterioro político e institucional resultante y los deficientes resultados económicos podrían derivar en una baja de las calificaciones soberanas.

En cambio, la reacción pública en contra de la corrupción podría fortalecer, en el largo plazo, la independencia de los órganos judicial y fiscal de un país, y los pesos y contrapesos institucionales.

También podría llevar al gobierno a ejercer la ley de manera más vigorosa y a mejorar los procedimientos y aumentar la transparencia en el sector público. Con el tiempo, estas medidas podrían fortalecer paulatinamente el marco institucional de un país y su perfil económico, contribuyendo a una calificación soberana más alta.

La mayor transparencia podría ser el pre requisito para eventualmente fortalecer y modernizar las instituciones públicas. Sin embargo, el impacto inmediato de la revelación de actos indebidos podría desacreditar aún más la legitimidad de los líderes e instituciones políticas a los ojos de un público cada vez más cínico.

Corrupción y la metodología de calificaciones soberanas

Nuestra metodología de calificaciones soberanas se basa en la evaluación de los siguientes factores: institucional, económico, externo, fiscal y monetario. Una serie de factores cuantitativos y de consideraciones cualitativas constituyen la base para estas evaluaciones prospectivas. La presencia de la corrupción puede afectar directa o indirectamente algunos de estos factores.

El Banco Mundial compila los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad, que incluyen un indicador que mide el “Control de la Corrupción” (COC, por sus siglas en inglés). La medida va de 100, que indica la menor corrupción, a cero, que indica la mayor corrupción.

En general, los soberanos a los que calificamos en niveles altos tienden a tener una mejor clasificación en los estudios globales de corrupción como el del COC. Todos los soberanos que calificamos con ‘AAA’ tienen una clasificación mayor a 93 en este indicador. Sin embargo, los datos parecen indicar que los países en América Latina y la ex Unión Soviética tienen una peor clasificación en COC en comparación con otros soberanos con la misma calificación crediticia.

Contrario al resto del mundo, no existe un vínculo fuerte entre nuestras calificaciones soberanas en América Latina y las clasificaciones de los países en el COC del Banco Mundial (vea la gráfica).

Chile tiene la calificación más alta en la región y tiene una clasificación favorable en el COC. No obstante, las clasificaciones de otros soberanos indican en el mejor de los casos solamente un modesto descenso en las percepciones de corrupción a medida que mejora la calidad crediticia.

En particular cuatro soberanos (México, Perú, Colombia y Panamá) de seis con calificación de grado de inversión (‘BBB-‘ o más alta) en la región se clasifican por debajo de 50 en el COC.

 

El COC muestra la relación estadística más fuerte con nuestras evaluaciones institucional, económica y monetaria (en ese orden) con base en la muestra total de países. Una mejora de un nivel en la clasificación de la evaluación institucional (en una escala de uno [mejor] a seis [peor]) coincidirá, en promedio, con una mejor clasificación del COC en 16 (en la escala de 100 a 0).

Nuestra evaluación institucional incluye muchos otros factores además de la corrupción. Una evaluación institucional favorable refleja una formulación de políticas y la existencia de instituciones políticas que son efectivas, estables y previsibles, y una sociedad civil fuerte. Generalmente, tales soberanos tienen la capacidad y la voluntad para implementar reformas que garanticen crecimiento económico y finanzas públicas sostenibles en el largo plazo.

Normalmente tienen extensos pesos y contrapesos entre las instituciones, buen cumplimiento de contratos y de ejercicio de la ley, flujo libre de información e información oportuna y confiable.

En contraste, asignamos nuestra evaluación institucional más baja a los soberanos con instituciones políticas débiles, un entorno incierto respecto a las políticas en periodos de estrés y riesgo de colapso de las instituciones políticas, incluyendo conflictos internos.

La corrupción podría debilitar nuestra evaluación institucional si genera mayor incertidumbre política, si debilita la confianza pública en las instituciones y si reduce la capacidad de quienes elaboran las políticas para responder a eventos que afecten la calidad crediticia. También puede desacreditar a los partidos políticos y líderes tradicionales, facilitando la entrada de nuevos líderes, potencialmente populistas o antisistema.

Sin embargo, una evaluación institucional baja podría reflejar debilidades en otros factores, no necesariamente corrupción. De igual manera, algunos países podrían recibir una evaluación institucional relativamente favorable a pesar de la presencia de corrupción, gracias a otras fortalezas (como un historial de formulación de políticas previsibles y oportunas).

Chile es el único soberano en América Latina con una evaluación institucional fuerte (vea la tabla 1). Consideramos que este factor es neutral a la calificación o una debilidad para el resto de los países en la región. Chile clasifica ligeramente peor que Uruguay en el COC, pero su evaluación institucional es comparativamente mejor, en nuestra opinión, debido a su marco de políticas macroeconómicas más fuerte y más transparente.

La corrupción podría afectar nuestra evaluación económica a través de diferentes canales, incluso el empeoramiento de las condiciones para hacer negocios.

La incertidumbre y la injusticia que genera la corrupción podría frenar la inversión privada, fomentar negocios ineficientes (generalmente cercanos a los gobiernos desde un punto de vista político), y limitar el crecimiento del PIB.

Sin embargo, la correlación entre las percepciones de corrupción y el desempeño económico no es muy clara. Por ejemplo, tanto China (49) como India (47) tienen una mala clasificación en el COC. No obstante, los dos países, con sistemas políticos muy diferentes, se han beneficiado de un rápido crecimiento del PIB durante varias décadas. Panamá (36) y Bolivia (27) han sido los soberanos de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos años, pero ambos tienen una clasificación relativamente mala en el COC (vea la tabla 2).

El impacto negativo de la corrupción sobre el crecimiento del PIB podría ser más drástico ante una repentina revelación de actividades corruptas que provoque una fuerte reacción política.

Este fue el caso recientemente en Brasil (con una clasificación de poco más de 38 en el COC), donde los escándalos que involucran a Petrobras, el gigante controlado por el gobierno que opera en el sector de energía, derivó en la destitución de la presidenta del país y tuvo severas repercusiones en la economía.

Los cargos por corrupción en contra de la empresa afectaron su acceso al financiamiento. Lo anterior, junto con cargos similares en contra de otras prominentes empresas locales, afectó su acceso al crédito de mercados financieros y contribuyó a una fuerte caída en las inversiones en negocios y en la contracción del PIB.

En otros países de América Latina, la presión política ha llevado a los gobiernos a dejar de adjudicar grandes proyectos de inversión a empresas manchadas por acusaciones de corrupción, o a reemplazarlas con nuevas empresas.

Además, una percepción desfavorable de corrupción en un país podría deteriorar la inversión extranjera directa, debido a los costos adicionales, la imprevisibilidad y a los riesgos de reputación asociados con esta. Las evaluaciones, fiscal y externa, parecen tener poca correlación con el COC.

La corrupción podría aumentar directamente el nivel de deuda del soberano a través de la potencial realización de pasivos contingentes de los bancos o de grandes empresas envueltas en prácticas ilegales. Sin embargo, el impacto indirecto del daño provocado por los escándalos de corrupción sobre el nivel de endeudamiento del soberano debido a una actividad económica más lenta (o incluso una recesión) que empeore los balances fiscales, por lo general es mayor que el impacto directo a través de los pasivos contingentes.

El impacto a largo plazo, si lo hay, de los escándalos por corrupción sobre las calificaciones soberanas probablemente difiera según cada país. Depende de la respuesta de los líderes políticos y de la capacidad de las instituciones de un país para mantener la estabilidad, la continuidad en sus políticas económicas clave y la confianza de los inversionistas a pesar de un periodo de incertidumbre e inestabilidad política.

América Latina

El impresionante crecimiento de la clase media en gran parte de la región durante la última década ha cambiado la dinámica política en muchos países en América Latina. De acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la clase media creció a 38% de la población en América Latina en 2013, desde solamente 24% en 2005.

Los latinoamericanos también tienen más acceso a la información y a herramientas de comunicación, lo que le permite a la sociedad civil organizarse de manera más efectiva en contra de la corrupción. Es probable que estas tendencias hayan reducido la tolerancia a la corrupción, especialmente después de la crisis económica desde 2014 en gran parte de la región.

Muchos países latinoamericanos recientemente aprobaron leyes para combatir la corrupción a través de un mejor acceso a la información, controles más estrictos sobre el lavado de dinero y el financiamiento de campañas, instituciones de auditoría más fuertes y una mayor divulgación de las propiedades de los funcionarios.

En los últimos 20 años, la política fiscal se ha vuelto más transparente en la mayoría de los países.

Diversos líderes políticos de alto nivel en América Latina han sido acusados y encarcelados en años recientes, incluso expresidentes, lo que probablemente indica que el nivel de impunidad está bajando en gran parte de la región.

Quizás el cambio institucional más grande ha sido el de Brasil. El país reformó muchas leyes y prácticas a principios del siglo XXI para fortalecer y dar más autonomía a sus organismos judiciales y de investigación, y les asignó un presupuesto considerablemente mayor para hacer su trabajo.

Algunos países en Centroamérica, como Guatemala y Honduras, empezaron a trabajar con organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OAS, por sus siglas en inglés), las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de fortalecer su lucha contra la corrupción. Estas iniciativas derivaron en importantes cambios políticos en los años siguientes.

Uruguay tiene la mejor clasificación de COC en la región y Venezuela la peor. Sin embargo, en ninguna parte en la región los escándalos por corrupción han tenido tanto impacto como en Brasil, aunque el país se clasifique mejor que muchos países latinoamericanos (incluido México) en el COC.

En 2014, las investigaciones policiacas sobre lavado de dinero eventualmente terminaron en el arresto de funcionarios de alto nivel de Petrobras, la empresa más grande de América Latina. El impacto del escándalo se ha extendido. Derivó en una multa por $3,500 millones a la constructora brasileña Odebrecht a finales de 2016 por sus actividades ilegales en todo el mundo (no solo en América Latina) después de que saliera a la luz una sofisticada red de cuentas bancarias en el extranjero que se utilizaban para hacer pagos ilegales a funcionarios en muchos países.

En Brasil, las consecuencias políticas de los escándalos por corrupción contribuyeron a una deficiente administración económica. | Pixabay

Las revelaciones de corrupción dieron como resultado el arresto de funcionarios de alto nivel en los sectores público y privado de Brasil, y culminaron con la sentencia de políticos de todas las tendencias. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fue sentenciado por corrupción, y el Congreso destituyó a su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016). El actual presidente Michel Temer también se ha visto políticamente debilitado por cargos de corrupción en su contra presentados por los fiscales brasileños.

El cambio del liderazgo político en Brasil en 2016 (tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo) transcurrió de manera pacífica dentro de un marco institucional resistente, seguido por las leyes y constitución del país. El poder judicial de Brasil, recientemente fortalecido, logró actuar como un peso más efectivo sobre las otras instituciones de gobierno. Sin embargo, los escándalos por corrupción debilitaron la capacidad de la administración de Rousseff para actuar rápidamente a fin de ajustar la política fiscal, entre otras, para contener la desaceleración de la economía.

Las consecuencias políticas de los escándalos por corrupción contribuyeron a una deficiente administración económica, a que se presentaran grandes déficits fiscales y a un aumento material de la carga de deuda del gobierno. La erosión resultante del perfil financiero de Brasil fue uno de los factores detrás de nuestra decisión de bajar nuestras calificaciones soberanas de manera gradual a ‘BB’ en febrero de 2016 desde la categoría de ‘BBB’ en 2014.

Tras el reciente cambio de administración, Brasil ha implementado una reforma sustancial al sector energético, y empezó un proceso de eliminación gradual del financiamiento subsidiado que el banco de desarrollo del gobierno otorga al amplio sector empresarial, en parte como respuesta a las inquietudes por la corrupción. También ha dado los primeros pasos para controlar el gasto del gobierno y reformar las leyes de financiamiento de campañas electorales.

Más reformas parecidas podrían sentar las bases para establecer instituciones públicas más fuertes y transparentes en el largo plazo. Sin embargo, la revelación de una corrupción sistémica desacreditó a gran parte de la clase gobernante del país y ha sembrado incertidumbre sobre las futuras políticas económicas después de las elecciones nacionales en 2018.

La impunidad política ha ido cediendo en Centroamérica, una región con débiles instituciones políticas y con una mala clasificación en el COC (excepto Costa Rica). Los fiscales en varios países han acusado y condenado a exlíderes por corrupción, una tendencia nueva para gran parte de esta región.

El expresidente de El Salvador, Francisco Flores (1999-2004), fue acusado por corrupción y puesto bajo arresto domiciliario en 2014. Su sucesor, Tony Saca (2004-2009), fue arrestado en 2016 por diversos cargos, incluyendo lavado de dinero. En 2016, la Suprema Corte determinó que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) debería afrontar un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito (actualmente, Funes está exiliado en Nicaragua).

Los escándalos por corrupción subrayaron las debilidades institucionales de El Salvador, pero no contribuyeron directamente al deterioro de la calidad crediticia del soberano. Bajamos nuestra calificación de El Salvador de ‘B+’ en 2014 a ‘SD’ (incumplimiento selectivo) en abril de 2017, debido principalmente a factores distintos a la corrupción.

La persistente polarización política entre los dos principales partidos políticos del país ha afectado la implementación de las políticas económicas, lo que derivó en un bajo nivel de inversión privada y de crecimiento del PIB. En 2017, el Congreso dividido del país no logró aprobar un pago de deuda relacionada con las pensiones, con lo que cayó en incumplimiento.

En contraste con Brasil, donde las instituciones locales han perseguido agresivamente los casos de corrupción por cuenta propia, Guatemala ha tratado de compensar su debilidad institucional trabajando con las Naciones Unidas. En 2006, acordó con dicho organismo establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para apoyar a las instituciones judiciales nacionales y a los fiscales en las investigaciones de grupos criminales establecidos bajo regímenes militares anteriores.

La CICIG ha reportado que la corrupción y el tráfico de drogas son las principales fuentes de financiamiento de las campañas electorales en el país. Las investigaciones de la CICIG derivaron en la condena del expresidente Alfonso Portillo y del presidente Otto Perez Molina y de su vicepresidente en 2015, un paso sin precedentes en dicho país. La indignación por la corrupción produjo protestas que culminaron con la reunión de alrededor de 120 mil personas en la capital en 2015, para demandar la renuncia del presidente, la protesta más grande de ese tipo en la historia del país.

La CICIG y el fiscal general de Guatemala acusaron al actual presidente Jimmy Morales de recibir financiamiento ilícito para su campaña. Morales ha negado la acusación. El escándalo está dominando el escenario político de Guatemala, debilitando la cohesión de la administración y limitando su capacidad para implementar políticas. Las consecuencias económicas negativas de estos acontecimientos nos llevaron recientemente a bajar la calificación en moneda extranjera de largo plazo de Guatemala a ‘BB-‘ desde ‘BB’.

En Honduras, los escándalos en 2014 y 2015 que involucraron el mal uso de los fondos en el Instituto de Seguridad Social Hondureño y su desviación a campañas políticas, produjo protestas públicas masivas. En 2015, el gobierno acordó con la OEA establecer una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), similar a la CICIG. La MACCIH ofrecerá abogados y fiscales internacionales para supervisar las investigaciones de las autoridades locales.

A pesar de los escándalos, el gobierno de Honduras logró mejorar el manejo de sus finanzas públicas, especialmente en el sector energético, y apegarse a los parámetros de su programa con el Fondo Monetario Internacional. Como resultado de ello en gran medida, subimos la calificación de largo plazo de Honduras a ‘BB-‘ de ‘B+’ en julio de 2017.

El caso de Panamá

Panamá ha respondido a los escándalos con el fortalecimiento de las leyes, regulaciones y organismos responsables de supervisar al sector financiero.   | Pixabay

La corrupción también ha sido un importante problema político en Panamá, aunque no ha afectado su impresionante tasa de crecimiento del PIB. Las autoridades estadounidenses arrestaron al expresidente Ricardo Martinelli en Miami a mediados de 2017. Está tratando de evitar la extradición a Panamá donde enfrenta cargos por corrupción e intervención telefónica ilegal.

Varios funcionarios de la administración anterior han sido arrestados, incluyendo exministros y al expresidente de la Corte Suprema. En abril de 2016, la revelación de que un despacho legal local había establecido miles de empresas para clientes globales en diferentes centros financieros del mundo (conocido como el escándalo Panama Papers) aumentó las inquietudes internacionales sobre el marco regulatorio y legal del país.

La actual administración del presidente Juan Carlos Varela ha respondido a los escándalos con el fortalecimiento de las leyes, regulaciones y organismos responsables de supervisar al sector financiero y de tomar medidas en contra del lavado de dinero y de la evasión fiscal.

Ha dado los pasos para controlar el uso de acciones al portador y ha llevado a sectores como los de bienes raíces, agencias de remesas y abogados dentro de una supervisión financiera más fuerte.

Panamá también firmó un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el intercambio automático de información fiscal con otros gobiernos. El presidente Varela ha tratado de fortalecer las instituciones públicas mediante la designación de personas apartidistas en órganos clave regulatorios y judiciales, reduciendo su politización.

La presión para atacar la corrupción en Panamá viene del extranjero y de dentro. El rápido crecimiento de la clase media ha aumentado la presión política interna para atacar la corrupción, complementando la presión externa de las organizaciones internacionales y de los gobiernos extranjeros para fortalecer de manera similar el sistema financiero.

Proyectamos que el PIB per cápita de Panamá llegue a $14,500 en 2017, en comparación con menos de $8,000 en 2010. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la clase media creció a 48% de la población en 2013, desde 35.7% en 2005.

Hemos mantenido nuestra calificación de Panamá estable en ‘BBB’ en los últimos años, lo que refleja su continuo crecimiento económico y la continuidad en las políticas económicas clave.

Otros países

Las autoridades gubernamentales y los jueces en el tradicionalmente débil sistema de justicia de Perú se han vuelto muy agresivos recientemente, debido a la reacción pública en contra de la corrupción. Los fiscales locales han presentado cargos por corrupción en contra del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), y los tribunales colocaron al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y a su esposa en detención preventiva mientras se les investiga por lavado de dinero y otros delitos.

Los recientes escándalos por corrupción también han debilitado al actual gobierno y han retrasado de manera indirecta algunos grandes proyectos de inversión. Sin embargo, estos escándalos no han generado cambios en las políticas económicas clave ni deficientes resultados económicos.

Hemos mantenido nuestra calificación en moneda extranjera de largo plazo de Perú en ‘BBB+’ desde 2013, lo que refleja sus prudentes políticas fiscales y monetarias, una tasa de crecimiento estable del PIB y previsibilidad de sus políticas a pesar de las deficiencias institucionales.

Otros exdirigentes afrontan cargos por corrupción también en otros países. La expresidenta de Argentina Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015), así como varios miembros de alto rango de su administración, fueron acusados de fraude y corrupción en 2016. En Ecuador, el actual vicepresidente Jorge Glas fue encarcelado por acusaciones de corrupción que involucran contratos para grades proyectos capitales durante el periodo del expresidente Rafael Correa.

La corrupción también afectó a políticos de los países con las clasificaciones de COC más favorables. En Chile (que tiene la segunda mejor clasificación de COC en América Latina, de 82.2), diversos escándalos por corrupción han dañado la imagen pública de funcionarios de alto rango en todo el espectro político, junto con elementos de la comunidad empresarial.

En 2016, los fiscales acusaron a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet por transacciones ilegales de bienes raíces. Ese y otros escándalos llevaron al gobierno y a los partidos de la oposición a llegar a acuerdos sobre reformas a las leyes de financiamiento de campañas, con lo que prohibieron las donaciones de empresas y fortalecieron las leyes para la divulgación de activos de funcionarios públicos, y de gobierno corporativo.

Chile aprobó 21 nuevas leyes y 14 medidas administrativas como resultado de los escándalos por corrupción. Bajamos la calificación en moneda extranjera de largo plazo de Chile a ‘A+’ de ‘AA-‘ a mediados de 2017 debido al prolongado crecimiento económico moderado que afectó los ingresos fiscales, aumentó la carga de deuda del gobierno y contribuyó a un modesto incremento de la vulnerabilidad externa.

Los escándalos por corrupción no contribuyeron a la baja de la calificación soberana. Chile tiene un marco institucional fuerte, en nuestra opinión, gracias a políticas monetarias y fiscales previsibles y basadas en normas, a su compromiso con la apertura comercial y los flujos de inversiones, y a un historial de continuidad en las políticas durante los cambios de administración.

Los escándalos por corrupción también afectaron a Uruguay, donde el antiguo vicepresidente Raul Sendic se vio obligado a renunciar en 2017 tras las acusaciones por mal uso de fondos públicos mientras estaba al frente de una empresa petrolera estatal.

Sin embargo, el escándalo tuvo poco impacto en las políticas económicas y de gobernabilidad debido a las instituciones políticas estables del país, al tradicional cumplimiento de la ley y al consenso sobre las políticas económicas clave entre los principales partidos políticos. Hemos mantenido nuestra calificación de Uruguay en ‘BBB’ desde nuestra última alza de calificación en 2015.

¿Qué hay de México?

La percepción pública de la corrupción en México ha debilitado la confianza en las instituciones política. | Pixabay

México tiene una débil clasificación en el COC, peor que la de otros soberanos en la región con calificación de grado de inversión. Las acusaciones de corrupción en altos niveles en 2014 combinada con la desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero, llevaron a un marcado descenso de la popularidad del presidente.

La corrupción también es uno de los principales problemas en el ámbito político a nivel de los estados. Cuarenta y tres gobernadores se vieron manchados por acusaciones de corrupción durante 2000-2013, y cuatro exgobernadores actualmente están en prisión, nueve enfrentan cargos delictivos y cuatro están bajo investigación.

En respuesta a las demandas públicas, México introdujo un nuevo sistema nacional anticorrupción con tribunales y fiscales especializados, requerimientos para una mayor divulgación de los activos de los funcionarios públicos y organismos auditores más fuertes.

La reforma, que podría también derivar en una mejor supervisión federal del gasto de los gobiernos locales, crea un nuevo tribunal federal para manejar acusaciones de corrupción contra de servidores públicos.

Los grupos de la sociedad civil han promovido enérgicamente estas reformas, lo que refleja el enojo público generalizado por la corrupción y la impunidad. Aún está por verse si las recientes reformas pueden implementarse de manera efectiva. El retraso en asignar al procurador a cargo de la recién creada oficina anticorrupción, como lo establecen las reformas, genera dudas sobre el impacto a largo plazo de estos cambios.

La percepción pública de la corrupción en México ha debilitado la confianza en las instituciones políticas, pero no se ha traducido en una mayor incertidumbre política, ni ha reducido la capacidad de los formuladores de políticas para responder a los eventos macroeconómicos que podrían afectar la calidad crediticia del soberano, como en el caso de Brasil.

El gobierno mexicano pudo aprobar e implementar reformas importantes para abrir el sector energético del país al sector privado y a las empresas extranjeras a partir de finales de 2013.

Recientemente también liberalizó los sensibles precios de la gasolina y realizó ajustes fiscales para contener su carga de deuda. Estas medidas, más el historial de políticas macroeconómicas previsibles y moderadas, ha sustentado nuestra calificación soberana en moneda extranjera de largo plazo de ‘BBB+’ del país desde que la subimos en 2013.

No obstante, la corrupción, así como el débil ejercicio de la ley en general, tiene un impacto sobre el desempeño económico de México. Su PIB real per cápita creció a un promedio comparativamente bajo de 1.6% anual durante 2011-2016, lo que refleja tal debilidad institucional y un alto nivel de violencia e inseguridad (que representa un costo económico y social significativo para el país).

El país está renunciando a crecer aproximadamente 1% del PIB anualmente debido a tales deficiencias, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esperamos una amplia continuidad en las políticas económicas tras las elecciones nacionales programadas para julio de 2018.

No hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales de México, lo que hace posible que un candidato con un porcentaje modesto del voto popular (en un entorno con muchos candidatos) pueda ganar. Una combinación de un mandato popular limitado para el nuevo presidente y un Congreso dividido sin que ningún partido tenga la mayoría en ninguna de las cámaras podría dar por resultado un liderazgo nacional débil.

Ello, junto con los potenciales escándalos por corrupción que podrían complicar la dinámica política del país, podrían dar como resultado una ejecución política más débil y prolongar el bajo crecimiento del PIB y la inversión. Mucho depende de la capacidad de la siguiente administración de México para mantener la estabilidad económica y el crecimiento al tiempo que atiende las demandas públicas de una mayor rendición de cuentas y una mejor gobernabilidad.


Por: S&P Global Ratings

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