Consejo de Gabinete: Entre economía y bienestar social

Consejo de Gabinete: Entre economía y bienestar social
Además, se probó el contrato entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Cable and Wireless Panamá, S. A.| Cortesía

Este martes, se realizó una nueva reunión del Consejo de Gabinete en el que se tocaron diferentes temas que van desde lo económico hasta lo social.

Se aprobó un crédito adicional por $27.700.000 para el pago de un “bono único y extraordinario” de $100 para 276 mil pensionados y jubilados de la Caja de Seguro Social (CSS).

La medida aprobada hace justicia a miles de jubilados y pensionados que estaban reclamando este pago desde hace años, señaló el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien encabezó la conferencia de prensa para ofrecer a los medios los resultados del Gabinete.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, explicó que el pago del bono a los jubilados y pensionados se hará a través de la CSS por medio de un financiamiento del Gobierno Central.

Además, se probó el contrato entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Cable and Wireless Panamá, S. A., el cual incluye la contratación del diseño de una solución e implementación, mantenimiento preventivo y correctivo, capacitación, equipamiento y enlaces de datos y soporte técnico, para el “Proyecto Ciudad Segura Colón”.

Se ubicará el Centro de Datos y Operaciones, para el funcionamiento, a través de una solución tecnológica integral del proyecto, por un período de diez años meses, por un monto de $41,7.

El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, dijo que el contrato incluye la colocación de 435 cámaras nuevas, con inteligencia artificial, reconocimiento facial y de placas de autos, la cuales estarán ubicadas en lugares estratégicos, en coordinación con las autoridades locales.

“La empresa tiene la obligación de entregar un servicio permanente, no puede haber cámara o equipo dañado, porque si se daña debe ser reemplazada en 24 horas. Esperamos que el centro empiece a funcionar este año y la totalidad de las cámara y sistemas deben estar listo antes del primer trimestre del 2020”, destacó Mirones.

Los ministros aprobaron además la ley que crea el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el cual será un ente con un juez autorizado para el cobro coactivo de créditos morosos, producto de incumplimiento de pago de sanciones por faltas laborales.

La entidad podrá adoptar medidas cautelares oportunas para asegurar los resultados del proceso de cobro.

“Buscamos incentivar el correcto cumplimiento de las normas establecidas en el código de trabajo y garantizar que las sanciones sean canceladas para poder cumplir con la aplicación de la ley”, afirmó la ministra de Mitradel, Doris Zapata.

Los ministros también aprobaron la resolución de Gabinete que agrega al sector productivo de Chepo, en Panamá Este, y Chiriquí, en la declaratoria de Situación de Emergencia de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas, afectadas por la sequía y que también sufrirán los efectos de la próxima estación seca.

El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, señaló que esta declaratoria se presenta para agilizar la inversión de dos millones de balboas que se asignó al Plan Sequía, por medio del cual la institución ya lleva dos meses de estar trabajando dando como resultados la construcción de más de 200 abrevaderos y pozos.

Medidas para erradicar el suicidio
Además, aprobaron el proyecto de ley que establece el marco jurídico del abordaje integral de las conductas suicidas. Los índices de suicidios registrados en Panamá, se mantienen en 3.1 personas por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a cifras de Contraloría.

La ministra de Salud, Rosario Turner, presentó el proyecto de ley que establece el marco jurídico del “abordaje integral de las conductas suicidas”.

Se consideró que sobre el suicidio existe un estigma social y legal. El Estado asume su obligación y el Ministerio de Salud hace lo propio, presentando este proyecto de ley, que busca prevenir este tipo de conductas, para lo que se conformará la Comisión Nacional para el “abordaje integral de las conductas suicidas”.

Por ello, es obligación del Minsa que toda persona en estado de riesgo de conducta suicida tenga derecho a una atención integral, sea pública o privada, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por su condición física, socio económica, orientación sexual, identidad de género, edad, origen, nacionalidad, grupo étnico, cultura, creencias o cualquier otro motivo.

 

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