Etesa busca contratar a Icaza, González-Ruiz & Alemán como sus asesores jurídicos

Etesa busca contratar a Icaza, González-Ruiz & Alemán como sus asesores jurídicos
Igra, que tiene entre sus socios en licencia al actual ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, será beneficiada con una contratación directa por un periodo de 12 meses contados a partir de la orden de procederCortesía|Etesa

La Empresa Nacional de Energía S.A., (Etesa) busca contratar como consultores jurídicos a la firma de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (Igra) se informó oficialmente.

Igra, que tiene entre sus socios en licencia al actual ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, será beneficiada con una contratación directa por un periodo de 12 meses contados a partir de la orden de proceder se desprende de los términos de referencia. 

Por un monto $64,200.00, Igra tendrá la tarea de absolver consultas realizadas por Etesa a través de su junta directiva, la gerencia general, la dirección de asesoría legal o cualquier otro ejecutivo designado por la empresa.

De igual manera, la firma tendrá que asistir a reuniones que se requiera su participación al igual que revisar los documentos rutinarios relacionados con el giro de la empresa y la revisión previa de todos los acuerdos y contratos que no sean resultado de un procedimiento de selección de contratista establecido en la Ley 22 de 2006. Esta norma regula la contratación pública en Panamá.

El anuncio de la pretensión de contratar directamente a Igra lleva la firma del  gerente general de Etesa, Oscar Rendoll con fecha 2 de mayo.

Ese mismo día, 2 de mayo,  en conferencia de prensa, el administrador de Autoridad de Servicios Públicos, Roberto Meana, compartió detalles de la investigación que esa entidad adelanta de oficio, tras las sucesivas explosiones registradas en la subestación Panamá -que administra Etesa– los días 17 y 21 de marzo que dejó sin servicio eléctrico a la ciudad capital de Panamá y “una buena parte” de Honduras y Nicaragua.

De manera preliminar se informó que Etesa  había desatendido su programa de mantenimiento, y que, por los apagados de 17 y 21 de marzo de 2017, podría enfrentar una multa  de hasta por $10,000,000.00

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