Contrataciones Públicas y el servicio de auditoría externa: ¿Dónde estamos y hacia dónde debemos ir?

Contrataciones Públicas y el servicio de auditoría externa: ¿Dónde estamos y hacia dónde debemos ir?

En un clamor que es ya de vieja data, y sobre todo en el contexto del Estado de Emergencia Nacional (EEN) decretado por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia del Covid-19, se han dado múltiples opiniones hacia las entidades públicas, sean del Gobierno Central o Instituciones Autónomas, con respecto al manejo de las contrataciones públicas relacionadas con la adquisición de los bienes y servicios que requieren dichas entidades para atender las necesidades y los servicios que el Estado a través de ellas, debe prestar a la ciudadanía.

Existe consenso en la sociedad civil con respecto a que hace falta avanzar mucho en cuanto a transparencia, una mayor apertura a la competencia para garantizar la mayor calidad y mejor precio a favor del Estado y sobre todo elevar las exigencias del proceso de rendición de cuentas de los funcionarios encargados de estos procesos de contrataciones públicas.

Para la auditoría externa existe el reto de hacer que prevalezca la importancia y el valor del trabajo que este logra y genera a las empresas y entidades, sean privadas o gubernamentales, o al entorno de los negocios; trabajo cuyo producto final, es la emisión de una opinión sobre un informe que da seguridad razonable a los tomadores de decisiones, sean estos usuarios internos (por ejemplo, la administración de la empresa o entidad) o externos (por ejemplo: Inversionistas y acreedores, bancos, etc).

La auditoría externa se convierte en un reflejo de la compañía, acercando a un grupo directivo al conocimiento del negocio dentro de su estructura organizacional de forma transparente, así como al análisis del funcionamiento de sus procesos implementados para alcanzar las metas de los negocios o lograr un mejor funcionamiento del Estado.

Particularmente, en los últimos años nuestra profesión ha vivido una serie de cambios importantes y de trascendencia en la forma de llevar a cabo un trabajo de auditoría externa. Probablemente todos estos cambios han generado un ambiente de saturación en cuanto a normativa que debemos cumplir.

Sin embargo, lo que sí es una realidad, es que esto ha sido en respuesta a la necesidad de la profesión para enfrentar los retos y requerimientos globales, y sobre todo asegurar la calidad en los trabajos.

Si bien es necesario dar cumplimiento a todas estas regulaciones y requerimientos para la ejecución del trabajo de auditoría externa, también debemos resaltar ante la comunidad que la base fundamental de nuestro desempeño como profesionales está en nuestra formación humana y moral.

Nuestra actuación contempla aspectos técnicos y éticos, la técnica se adquiere con el estudio, la ética con la práctica habitual de los valores que la sociedad estima necesarios para depositar su confianza en profesionales como los que caracterizan a BDO.

Hay algunas reflexiones que deseo plantear y que sin duda son de gran importancia dados los retos a los que el Gobierno Nacional debe hacer frente con unas finanzas públicas duramente impactadas por la crisis económica a consecuencia de la pandemia Covid-19 y la contracción económica que afectará severamente al sector privado (contribuyentes) y al sector público (es decir, a las contrataciones públicas realizadas por el Estado y sus distintas entidades):

1.1)    Es importante destacar el hecho de que solicitar que una empresa de auditoría externa que provea servicios a una empresa o cliente que facture un volumen determinado o que sea propietaria de un cuantioso número de activos, no garantiza en lo absoluto la calidad o profundidad de una auditoría externa, es decir que esta condicionante no tiene ninguna relevancia sobre la calidad del auditor o de una auditoría o del cumplimiento de los procedimientos establecidos para llevar a cabo la auditoría. En este sentido, consideramos importante que el Estado fomente una mayor competencia entre los oferentes del servicio de auditoría externa, evitando una concentración del servicio y propiciando una mayor participación de profesionales panameños.

1.2)    Es claro que, el principal objetivo de un acto de contratación pública o licitación es permitir una libre competencia, y que sean varios proponentes los que puedan participar. El otorgar elementos en las condiciones especiales del pliego de cargos, que limiten o que discriminen en contra de ciertos proponentes atenta contra el principio de libre competencia, como ya lo ha planteado el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) en anteriores oportunidades. Se debe procurar que el pliego tenga carácter general, impersonal, y que asegure un trato igualitario para los oferentes.

1.3.)   Consideramos que es necesario que se impulse a nivel de la administración pública la preparación de pliegos de cargo que persigan satisfacer las necesidades y ventajas del cliente (esto es, el Estado y sus distintas entidades licitantes). Esto significa que se debe procurar la obtención no sólo del mejor precio o del precio más competitivo posible, sino también asegurar una mejor calidad y mejores equipo de auditores y de especialistas asignados a la Entidad Contratante (entre otros, a través de la integración de equipos de especialistas en tecnología, sistemas, digitalización y otras herramientas tecnológicas, certificaciones de que se cumplen con los estándares globales de calidad, especialistas en riesgo y proyecciones financieras, es decir, que se adecúen a la necesidad puntual del cliente).

Y aunque aún exista un camino por recorrer para optimizar los actos de licitación pública, reconocemos los esfuerzos del Gobierno Nacional para dirigirnos hacia una dirección donde la transparencia, igualdad y eficacia prevalezcan en beneficio del Estado y de los contribuyentes.

 

Dario González
Socio Líder de Auditoría, BDO Panamá

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