Contrato Gobierno-Minera y las inversiones extranjeras en Panamá

Contrato Gobierno-Minera y las inversiones extranjeras en Panamá

Tuve la oportunidad de ver el documental “Riqueza minera ¿para quién?” de TVN Investiga, elaborado por el periodista Nicanor Alvarado. En una pieza periodística muy bien producida, el programa resume el dilema que plantea la minería en Panamá y lo que ha sido un arduo proceso de aprendizaje.

 

El reportaje analiza el balance histórico entre ambiente, economía y desarrollo de la actividad minera en el país. Los fracasos y experiencias traumáticas de Mina Santa Rosa y Petaquilla Gold, con las consecuentes repercusiones sobre comunidades y el medio ambiente, reflejan el incumplimiento de expectativas tejidas alrededor de que esos proyectos mineros pudieran haber traído a las comunidades alrededor de los mismos el impacto socioeconómico que ni la democracia, partidos políticos o la distribución de los dividendos provenientes del Canal han traído, en lo que es hoy el sexto país más desigual del mundo.

 

La falta de marco institucional resalta como la principal deficiencia estructural que ha impedido la maximización de los beneficios socioeconómicos y el cumplimiento de estándares ambientales en Panamá.

Esta falencia es también documentada en un Informe de diciembre 2020 del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que apunta a un marco legal desactualizado y falta  de una  fiscalización  adecuada  en  las  operaciones  mineras  en  materia  ambiental,  seguridad  y  salud  ocupacional.

 

En consecuencia, las implicaciones de la negociación del nuevo contrato entre el Estado Panameño y Minera Panamá van mucho más allá de la definición de las cláusulas de un acuerdo entre dos partes.

Los resultados del diálogo definirán las condiciones para la explotación del negocio minero en Panamá en el futuro, y ocurre en una coyuntura inédita.

Ronald Reagan decía que “el mejor programa social del mundo es un empleo”, y Panamá atraviesa un colapso del empleo. En el 2020 se perdieron 289 mil plazas, que en una economía que genera 45 mil anuales, llevará 6 años reponer. La planilla estatal aumentó y el impacto laboral del COVID-19 lo sufrió el sector privado, que ya perdió 327 mil empleos asalariados en el 2020, 37% de sus trabajadores formales antes de la pandemia, y mantiene 80 mil con contratos suspendidos.

Esto ha resultado en la caída de 40% en los ingresos de la Caja del Seguro Social (CSS) y la contracción del consumo en unos $600 millones mensuales.

 

En el 2021 la economía crecerá por las exportaciones de cobre, pero el panorama laboral permanece incierto. Se presta mucha atención a las cifras de desempleo (que aumentó de 18.5% el año pasado a 20%) y reactivación de contratos, pero hemos obviado la generación de NUEVOS empleos formales, medidos en función de los nuevos contratos laborales tramitados por MITRADEL.

Entre enero y agosto 2021, la entidad tramitó 108,676 nuevos contratos, versus 267,235 tramitados en el mismo período del 2019. Es decir que el ritmo de generación de nuevos empleos formales marcha 60% por debajo de lo que fue en el 2019.

 

Este fenómeno apunta directamente al clima para las inversiones que existe en un país donde el 92% de los empleos generados en la última década (2010-2020) fueron informales, y el otro 8% fue resultado de aumentos en la planilla estatal.

Minera Panamá representa la mayor inversión extranjera en Panamá, $6.7 mil millones, aporta 39 mil empleos formales directos, indirectos a la economía y compra $583 millones anuales a otros sectores de la economía. Por tanto, el manejo del proceso de negociación del Contrato entre el Estado y Minera Panamá puede marcar “un antes y un después” de la IED en el país. Independientemente de los acuerdos a los que se llegue, es importante proyectarnos como un país de diálogo y pro inversión extranjera, en un marco de respeto y seguridad jurídica.

El país necesita atraer inversiones extranjeras para generar empleo formal y desarrollar sus sectores estratégicos (no sólo minería).

Esto incluye el turismo, donde hoy 3 de cada 4 empleos formales a agosto 2019 desaparecieron o están en suspensión de contrato, y el logístico, donde 75% de la expansión del empleo entre el 2014 y 2019 fue informal, y 7 de cada 10 empleos formales prepandemia ya no existen o no han sido reactivados.

Necesitamos mejorar el clima para las inversiones en el país. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal, y si no creamos empleo formal, la CSS está condenada a muerte. Más aún, será imposible reducir la desigualdad social sólo generando empleo informal. Para poder distribuír riqueza, primero hay que crearla.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

 

René Quevedo
Asesor empresarial

 

 

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