Cooperativistas piden transformar al Ipacoop

Cooperativistas piden transformar al Ipacoop

Proponen la creación de una nueva Superintendencia

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La eficacia reguladora del Instituto Autónomo Cooperativo (Ipacoop) está  siendo puesta a prueba. La Ley que rige a esta entidad data de más de 35 años, y en medio de  la implementación  de las nuevas normas de supervisión, el movimiento  cooperativo está solicitando la transformación del Ipacoop en una Superintendencia, que pueda  contar con mayor fuerza legal, personal técnico capacitado y que se mantenga alejada de los vaivenes políticos.

En estos momentos  las cooperativas han empezado a adecuarse a las  exigencias contenidas en Ley 23, también conocida como Ley Antilavado y para el próximo mes de octubre debe estar vigente la nueva reglamentación, que está pendiente de la aprobación de la Junta Directiva del Ipacoop, pero los cooperativistas quieren ir aún  más allá.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (Conalcoop),  Alexander De Gracia, sostuvo  que el  movimiento cooperativo aspira a que el Ipacoop se transforme en una Superintendencia, al  igual que la tienen  la banca, los seguros y el mercado de valores.

En opinión de De Gracia no se justifica que el movimiento cooperativo con alrededor de  $2.000 millones en activos continúe  siendo regulado por un instituto, que es regido por  una Ley que data de más de 35 años, y que, además en todo este periodo no ha sido  revisada.

De Gracia reveló que hace dos semanas le enviaron al  presidente de la República, Juan Carlos Varela, una nota, con el respaldo de todo el sector, en donde le expusieron la necesidad de transformar al Ipacoop en una  Superintendencia, que regule todas cooperativas que operan en el país, pero de forma diferenciada, tomando en cuenta que son entidades sin fines de lucro que cumplen una misión social.

En primer lugar no queremos una institución política, lo que queremos es una institución técnica, detalló De Gracia, para quien es necesario ejercer con mayor eficiencia y eficacia la labor de supervisión de las cooperativas.

El dirigente hace alusión a que en muchas ocasiones se nombran al frente de esta entidad a  personas sin mayor conocimiento del funcionamiento de las cooperativas ni de los mecanismos de supervisión.

En Panamá operan unas  600 cooperativas que aglutinan a 205.892 asociados y de ellos 108.942 están afiliados a las 175 cooperativas de ahorro y crédito y servicios múltiples.

Las cooperativas generan 7.500 empleos directos y 15.000 indirectos y representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el dirigente los  $2.000 millones en activos que mantienen las cooperativas no pueden estar en manos  de gente que son  nombradas para cumplir  acuerdos políticos y no porque estén capacitados para ejercer una labor de supervisión.

Detalló de Gracia  que hay  directores provinciales que  no tienen  idea de lo que es realizar una supervisión, pero ocupan estos cargos por razones meramente políticas.

El  Ipacoop cuenta con un presupuesto de $12,4 millones, sólo superado por el de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que asciende a $16,6 millones, pero es el  eslabón más débil en materia de regulación. El presupuesto de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros es de $3,3 millones y el de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) asciende a $5,9 millones. El Ipacoop cuenta con una planilla de 700 trabajadores,

Ley 23 de será una prueba de fuego para el Ipacoop, ya que, además de supervisar a los 13 tipo de cooperativas, deberá supervisarla en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

De Gracia advirtió que si el presidente Varela no atiende la petición  que han hecho y no los recibe, tomarán otras acciones.

Estudios realizados por expertos internacionales, incluyendo a consultores Banco Mundial (BM) han coincido en señalar que el Ipacoop no cuenta con los elementos, los recursos, ni el personal idóneo  para supervisar adecuadamente a las cooperativas.

Para los cooperativistas la supervisión debe seguir siendo diferenciada de los bancos, ya que en países donde se le ha aplicado igual mecanismo de regulación el resultado ha sido desastroso y sostienen que  en muchos casos las cooperativas se convierten en el centro económico de comunidades apartadas.

Para el cumplimiento de las nuevas exigencias las cooperativas han tenido que realizar  nuevas inversiones y sólo  el software para la matriz de riesgo tiene un costo de $25.000.

Desde el pasado mes de julio las cooperativas han empezado a reportar las transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), además de identificar a los Personas Expuestas  Políticamente (PEP) y al nombramiento de oficiales de cumplimiento, principalmente las de mayores volúmenes de operaciones.

También se busca que las cooperativas pueden ser calificadas, como ocurre con los bancos, en donde se evaluará la liquidez, la morosidad y el patrimonio, entre otros aspectos, lo que también le permitirá al Ipacoop establecer  algunas restricciones a las que no salgan bien libradas.

La Ley 23 le permite a los cooperativas seguir captando fondos de terceros, siempre que los beneficios que les ofrezcan no sean mayores a los que reciben sus asociados.

Los mayores ajustes que deben realizar  las cooperativas se centran en el capital institucional y en las reservas de   cuentas incobrables y patrimoniales, de acuerdo con Conalcoop.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador (Coopeduc) es la que mantiene el mayor monto de activos con $327 millones, le sigue la Cooperativa de Profesionales con $312 millones, después continúa la Cooperativa  El Educador Veragüense (Copeve) con $200 millones y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio (Cacsa) con $157 millones.

Unas 20 cooperativas de ahorro y crédito controlan  el 90% de los activos y son éstas a las que el Ipacoop les está prestado  mayor atención en esta etapa, con miras a lograr que cumplan con las 40 recomendaciones  del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Los dirigentes cooperativistas sostienen que  si bien las cooperativas tienen que hacer ajustes, no fueron las causantes de la inclusión de Panamá de la lista gris del Gafi.

Yolanda Gil de Rivas de la Dirección Nacional de Auditorias de Cooperativas del Ipacoop,  dijo que las cooperativas tienen sus controles, pero ahora la supervisión basada en riesgo requiere que sean enfocados en el  tema de prevención de blanqueo de capitales.

La funcionaria dijo que a la fecha han visitado unas  20 cooperativas de ahorro y crédito, las que  han iniciado el proceso de adecuación y están dispuestas a cumplir con los estándares internacionales.

En esta primera visita pudieron  constatar que se han iniciado los procesos de adecuación, aunque se requiere prestarle mayor atención a la adecuación de los controles  que identifiquen los diferentes riesgos.

Esta  etapa denominada Identificación de Controles, está dirigida a ver los controles aplicados en la identificación, verificación y elaboración del perfil de riesgo de clientes y beneficiarios reales, al igual que  los controles que puntualmente se destinan a los productos y servicios ofrecidos, conforme a los riesgos identificados.

De acuerdo con las nuevas regulaciones, las  cooperativas deben tener controles establecidos para cada producto o servicio y deben estar alineados a un Enfoque Basado en Riesgos, contar con un diseño que identifique los riesgos y los controles que se aplicaran para mitigar los riesgos identificados.

El abogado y consultor de temas de regulación y exsecretario general de la SBP, Amauri  Castillo, señaló  que ven con buenos ojos la propuesta de crear una  entidad que regule con mayor eficiencia  a las cooperativas, pero dijo que habría que tener cuidado para no perder la  labor de promoción  que también cumple el Ipacoop.

Castillo dijo  que le corresponde al Estado contar con una entidad que supervise adecudamente  a las cooperativas, aunque no está del todo convencido que la creación de una Superintendencia sea la mejor figura.

El experto en temas de regulación bancaria indicó que una alternativa sería crear una Intendencia dentro del Ipacoop, para que se encargue de supervisar y regular  a las cooperativas y de esta forma no se perdería la función dual del Ipacoop, que también tiene que ver con promover el surgimiento de nuevas cooperativas.

Otras de las alternativas que se ha estado  manejado, es que las cooperativas de mayor monto de transacciones pasen a ser regulada por la SBP, algo a lo  que los cooperativistas se han opuesto de forma rotunda.   

Manuel Luna G.
mluna@capital.com.pa
Capital Financiero

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