COVID-19 impone nuevos desafíos a la región en precios de transferencia

COVID-19 impone nuevos desafíos a la región en precios de transferencia
El Foro Internacional de Precios de Transferencia analizó las tendencias en la regiónPixabay

La circunstancia de la pandemia a causa del coronavirus (COVID-19) ha generado distorsiones entre los distintos mercados.  Incluso bienes y servicios que eran similares, ahora pueden tener diferencias importantes, realidad que hace compleja la comparabilidad a efectos de precios de transferencia e impone nuevos desafíos.

El precio de transferencia es el que pactan dos empresas de un mismo grupo multinacional para transferir entre ellas desde bienes hasta servicios.

Bajo el principio de la libre competencia, disposición que también aplica en la normativa panameña, a efectos tributarios las operaciones entre partes relacionadas se valorarán, tomando como referencia el precio que se habría acordado con una parte no relacionada o independiente.

Si en la “normalidad” determinar si este precio respeta el principio de libre competencia pone presión a las administraciones tributarias de Latam; en COVID-19 es mucho más complejo.

A propósito, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó la denominada guía sobre la aplicación del principio de plena competencia en el contexto del coronavirus, mientras el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) también ha generado lo que define como un “cóctel” de soluciones más consensuadas de acuerdo con la realidad de América Latina y el Caribe, que enfrenta el dilema tributario con menos recursos.

Esto tema, dada su pertinencia, fue analizado desde distintos ángulos durante el Foro Internacional de Precios de Transferencia, organizado por Connectax y Capital Financiero, con el patrocinio de Bureau van Dijk a Moody’s Analytics Company.

Participaron los siguientes expertos en temas de precios de transferencia, bajo la moderación de Reynaldo Díaz:

Laura Sanint, socia de SanintRivas.

Gonzalo Arias, director del  Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

José Luis Galíndez, socio de Galíndez, Medrano & Asociados.

Luis Carrillo, director de Bureau van Dijk a Moody’s Analytics Company.

Frida Medrano, socia de Galíndez, Medrano & Asociados.

La realidad de América Latina

Laura Sanint, socia de SanintRivas, detalló que la mayoría de los países de Latam se apoyan en las guías de la OCDE para definir sus normativas en materia de precios de transferencia.

En naciones como Chile, es obligatoria la declaración de la presentación de precios de transferencia, pero el estudio es a solicitud de la autoridad tributaria competente “que es lo más común en el mundo: el estudio de precios de transferencia se deja disponible para que se presente a la autoridad que lo solicite”.

En Colombia y México, este estudio también es obligatorio.

Destaca que incluso, sea obligatorio o no, es usual que los contribuyentes hagan ese estudio de precios de transferencia, por lo demás recomendable, “porque hay unos aportes específicos de datos que deben ser ingresados de una manera muy exacta”.

Señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI), OCDE, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM), elaboraron un conjunto de herramientas prácticas para implementar los requisitos de documentación de precios de transferencia, por cuanto es evidente que los países de Latam y en vías de desarrollo tiene características distintas.

Estos organismos reconocen que los costos relacionados con el cumplimiento pueden llegar a ser altos, significativos para los contribuyentes, y es necesario crear un equilibrio para que la necesidad de información y de cumplimiento no signifique una imposición de documentos excesivos.

Por otro lado, la experta señala que si bien tiene ventajas para la administración tributaria contar con la documentación disponible, en muchos casos se reconoce que estas mismas autoridades están limitadas en su capacidad de revisión.

“El acceso se encuentra limitado porque nuestros recursos tecnológicos son diferentes y hay una escasez de disponibilidad de esa información pública”, detalló.

En doble vía, los contribuyentes se enfrentan a una experiencia muy limitada por falta de fuentes de información y las administraciones en su incapacidad de procesarla, circunstancia que de manera indudable vino a acentuar la pandemia.

Luis Carrillo, director de Bureau van Dijk a Moody’s Analytics Company, matiza cuán complejo es el panorama: solo en 2019 “vimos cinco millones de cambios de patrimonio dentro de los grupos corporativos, es decir, cinco millones de compras y ventas de empresas y de cambio de propietario de empresas en el mundo”.

Reconoce que la cifra es enorme y mucho más poder tener el pulso de estos cambios corporativos y de sus complejidades.

Comenta que la tendencia de muchos países para resolver esta superabundancia de información y necesidad de fiscalización, es apalancarse en la tecnología digital.

La digitalización permite fiscalizar mejor, detectar riesgos y generar perfiles de los contribuyentes, explica.

Brasil un ejemplo que cita el especialista de los países más modernos en términos de fiscalización. Además, cuenta con bancos de datos significativos que le permiten analizar información del contribuyente en gran escala, un paso decisivo en la eficiencia.

En el escenario COVID-19

Como se observa, la realidad de Latam y el Caribe en materia de fiscalización tributaria ya era compleja y se sumó una pandemia.

Frida Medrano, socia de Galíndez, Medrano  & Asociados,  al abordar El análisis de comparabilidad en el contexto del COVID-19, resalta que la pandemia puso en mayores dificultades a las empresas.

Al respecto, abordó algunas estrategias contenidas en la guía sobre la aplicación del principio de plena competencia en el contexto del coronavirus, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como ya se explicó, bajo el principio de la libre competencia las transacciones entre partes relacionadas deben valorarse a los precios del mercado y como lo harían si en lugar de una parte relacionada, se tratara de una parte externa; otra empresa no vinculada.

Las dificultades, analiza Medrano, proceden de las afectaciones por distintas medidas de políticas públicas o distorsiones entre los distintos mercados que hace complejo buscar comparables.

“También bienes y servicios que eran similares y ahora pueden tener diferencias importantes, dificultad la comparabilidad”.

Incluso, acuerdos que se pactaron entre partes relacionadas no forzosamente siguen vigentes, precisa.

Al respecto, siguiendo los lineamientos que marca OCDE para esta circunstancia, analiza que en este proceso se deben verificar fuentes de información y proyección de resultados.

En el caso de las fuentes de información se trata de conseguir datos confiables y  considerar, tantos aspectos internos como externos, en esta búsqueda.

En los internos, el volumen de ventas (hacer análisis y sustentarlo), la capacidad productiva de la empresa (mostrar cuáles fueron los cambios), egresos excepcionales y proyecciones antes del COVID-19 y después.

En los externos, políticas públicas, información macroeconómica o reportes trimestrales de terceros, sin obviar otros métodos estadísticos.

Abordar las políticas públicas permite tener un mapa real de qué ocurrió en el país, cómo se desempeñó y cuáles medidas aplicó.

La experta señala que otro elemento a considerar, conforme a la guía de OCDE, es el periodo de datos. Observa que en esta situación lo recomendable es aplicar año contra año porque es difícil comparar 2018 contra 2019 y promediar con 2020, año atípico.

OCDE enumera que la administración puede permitir, durante un periodo de uno o dos años, practicar una revisión posterior a la que se haría en circunstancias normales, para poder tener comparables adecuados al momento de vencer las obligaciones.

Importante, sostiene, es asegurar el acceso a los procedimientos amistosos.

De igual modo, indica, el permitir el uso de más de un método para validar si la metodología es adecuada en cuanto al análisis de las transacciones.

Si bien estas soluciones las contempla OCDE, Medrano aclara que deben aplicarse en función de las legislaciones de cada país y sus posiciones.

Laura Sanint, al complementar las recomendaciones de la Guía, señaló que otro aspecto del documento aborda las pérdidas por COVID-19 que con certeza ocurrirán en los grupos multinacionales. La pregunta es cómo asignarle las pérdidas.

La OCDE recomienda respetar el principio de plena competencia, tener en cuenta los riesgos que cada uno de los miembros del grupo asignó y si el contribuyente pre y post COVID-19 es consistente o no con su declaración.

La experta mostró algunas soluciones de los países de la región. En Chile, por ejemplo, “todos los gastos en los que se incurran para enfrentar la crisis provocada por COVID-19 serán deducibles”.

En Perú, “se pueden llevar las pérdidas del año 2020 durante los cinco años siguientes”.

Uno de los aspectos que contempla la guía de OCDE es hablar de posición pre o post COVID-19, sin embargo, recuerda Sanint, “todavía seguimos estando en esta situación” y es prematuro saber si la posición podrá variar o existirá una opción.

En materia de medidas sobre esta materia, la experta también citó recomendaciones relevantes de varios países. España, por ejemplo, señala como práctica contable que “los gastos y pérdidas motivadas por esta situación se deberían considerar como gasto excepcional, por lo que deberán presentar o desglosar separadamente en la memoria”.

El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, por el contrario, señala que costos, gastos o pérdida debidos al virus, “deben presentarse dentro de la utilidad de operación y no en forma segregada como extraordinarias”.

Sanint observa que las recomendaciones de OCDE son valiosas “pero nuestra realidad como Latam es distinta a otras jurisdicciones, y precios de transferencia no es una excepción. Es bueno como referencia, pero resulta fundamental aterrizar en una realidad latinoamericana”.

José Luis Galíndez, socio de Galíndez, Medrano & Asociados, puso un ejemplo práctico, del lado panameño, de cómo la jurisprudencia, en el caso de precios de transferencia, permitió a la Dirección General de Ingresos (DGI) ingresar $13.5 millones.

Este caso ha causado interés en la comunidad de juristas de expertos en la materia. Galíndez explica que la resolución del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), confirma el ajuste de precios de transferencia a una sucursal de una multinacional petrolera, sin citar el nombre.

Este fallo, observa, tiene mucha tela que cortar ya que lleva a la administración a realizar una auditoría de precios de transferencia.

Se comprueba documentación inapropiada, discrepancia en los montos reportados e incongruencias en la definición de partes relacionadas.

Si bien este fallo no ocurrió en un escenario COVID-19, Galíndez lo expone como ejemplo de lo que puede ocurrir en la práctica real.

Luis Carrillo, precisa, por su parte, “que no se puede confiar ciegamente en información de dominio público, se debe corroborar y determinar cuál es el nivel de confianza para evitar que un juez nos pregunte cómo llegaron a esa cifra y no saber qué responder”.

Un “cóctel” para Latinoamérica

Gonzalo Arias, director del  Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), señaló que el “cóctel” de medidas propuestas por la organización pueden ser útiles para las administraciones tributarias.

Recordó que desde los años 90, Latam y el Caribe comenzaron a implementar precios de transferencia. Los resultados en algunos países se observan desde 10 y 15 años, es decir, “durmió un tiempo”.

Observa que en esta materia hay una complejidad creciente: falta de certeza, incertidumbre, conflicto y eso lleva a que se trabaje mucho en precios de transferencia con una recaudación marginal en relación con la inversión.

De igual modo para llegar a este “cóctel” se dieron cuenta que el principio de libre competencia es el mejor principio, “pero trabaja sobre escenarios perfectos y Latam no lo es”.

Proponemos, detalló, un modelo de evaluación que permita identificar los riesgos, medirlos y cuantificarlos.

La CIAT, en una aproximación muy latinoamericana, “sirve” este cóctel con tres ingredientes y cinco condimentos.

Estos tres ingredientes describen las perspectivas en la aplicación de la regla del mejor método (ingrediente 1); los márgenes de rentabilidad de referencia (ingrediente 2) y la importación y exportación de materias primas (ingrediente 3).

Los condimentos son cinco:

Condimento 1: Modelo de evaluación de riesgo en materia de precios de transferencia

Condimento 2: Ajuste por mercado geográfico

Condimento 3: Doble Imposición Internacional

Condimento 4: Mecanismos alternativos para conciliar posturas entre el contribuyente y el fisco

Condimento 5: Régimen sancionatorio

La idea con ese cóctel que mira hacia la realidad de la región, precisa el director del  CIAT, se resume en generar cultura fiscal, cumplimiento voluntario, certeza y menor costo de transacción, aportes para la receta de una mejor tributación en un tiempo convulso.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

 

 

 

 

 

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