Criterios divididos por cambios a la ley de Etesa

Criterios divididos por cambios a la ley de Etesa
El sector energético ha reaccionado ante los cambios que se proponen.| Cortesía

El proyecto de ley 573, que modifica la Ley 6 de 1997, por la que se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, ha generado entre los empresarios y específicamente el sector energético opiniones divididas por los cambios que se pretenden hacer a esta norma.

Los empresarios, miembros del Gobierno, representantes de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), así como empresas de distribución de energía en Panamá mantienen sus posiciones sobre la iniciativa, que está en consultas bajo la jurisdicción de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley que ha sido discutido en primer debate ha generado versiones de todos los sectores involucrados.

Están quienes aseguran que los cambios serían perjudiciales para los usuarios de las empresas de distribución eléctrica y los que opinan que las modificaciones son necesarias para mejorar la delicada situación que enfrenta Etesa.

Iván Zarak, viceministro de Economía, dijo que se trata de dos empresas que están haciendo un escándalo de la situación.

Sobre el pronunciamiento de gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que pidieron que se hicieran consultas al proyecto, Zarak dijo que la gran mayoría de los gremios está a favor del proyecto.

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Sin embargo, el Conep ha dicho que, sin una consulta debida, no se puede respaldar el proyecto, por lo que solicitó que sea revisado en el próximo periodo legislativo, para que el sector privado tenga tiempo suficiente de analizarlo.

“El Conep está en contra de la vida misma”, dijo el viceministro cuando se le consultó sobre la posición de este gremio empresarial.

Hay dos empresas que no voy a decir nombre, que se han visto en contra, que de alguna manera les afecta”.

Iván Zarak

Según Zarak, la ley es muy positiva y busca hacer más eficiente el modelo de Etesa, pero insiste en que hay empresas que están en contra y, por ser un tema de regulación, las consultas sobre la regulación y la reglamentación sería como “preguntar al zorro cómo cuidar las gallinas”.

Sin embargo, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea abrió las consultas del proyecto esta semana y las partes han expuesto sus posiciones.

Zarak pidió que se hable de regulación en el sector energético sin politiquerías por parte de algunos y negó que se pretenda privatizar Etesa.

“No habrá privatización”

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que los cambios que se pretenden concretar no llevarán a una privatización de Etesa.

El ingeniero Gilberto Ferrari, gerente de Etesa, ha estado en la Asamblea Nacional en debate con el sector privado y esperan que se llegue a un consenso para mejorar la operación de Etesa y que el sector empresarial se sienta cómodo, dijo Varela este 26 de octubre, durante la entrega de la tercera línea de transmisión eléctrica de Panamá.

Hay que aceptar el momento delicado de la empresa, hay que hacer inversiones importantes a la empresa, mejorar el gobierno corporativo para evitar situaciones como las que se dieron”.

Juan Carlos Varela

Varela se refirió a los apagones que se registraron en marzo, junio y julio, los cuales causaron pérdidas económicas y afectaciones en Panamá y otros países de la región.

[Lea: Las explicaciones detrás del apagón del 1 de julio en Centroamérica]

De acuerdo con el mandatario, estos problemas se dieron por temas de contratación pública y falta de conocimiento en cuanto a las fortalezas y debilidades de la empresa, lo que llevó a un cambio gerencial, que ha servido para tomar decisiones puntuales con el nuevo gerente.

Etesa por su parte ha negado que el proyecto contemple la privatización de la entidad.

Las modificaciones planteadas sobre Etesa en el proyecto de Ley 573, aspiran a sentar las bases para la puesta en ejecución de las mejores prácticas de gobierno corporativo y mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la empresa, dijo Ferrari en un comunicado de prensa.

Modificaciones

Ferrari informó que durante el debate esta semana, se han discutido algunas modificaciones del proyecto presentado y eliminación de artículos como el número 4 y 5 relacionados con el interventor.

Agregó que el regulador y comercializador llegaron a consenso para la eliminación de estos artículos, se informó en un comunicado de prensa.

Otras de las modificaciones que se planteaban a la iniciativa es la conformación y elección de la junta directiva, que estará compuesta por siete miembros, donde se plantea que dos de los miembros sean de las ternas escogidas por el comité operativo, cuatro por el Órgano Ejecutivo y uno por el sindicato.

Una de las restricciones en el proyecto de ley es que ningún agente del mercado puede tener más del 40% de los contratos ni más del 30% de la capacidad instalada, ni concesiones y licencias.

El 40% se le incluyó a todos los contratos del mercado mayorista y contratos de los grandes clientes. Igualmente, indicó que, a todos los actores, incluidas las comercializadoras, los regulará la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), y esto estará establecido en las modificaciones que se hacen a la Ley 6.

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Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), ha dicho que están de acuerdo con la figura del agente comercializador, y que, sin embargo, se necesita saber más sobre este nuevo actor para que ayude al mercado de manera efectiva.

La empresa Elektra Noreste, S.A. (Ensa), que presta el servicio de distribución y comercialización de energía en el noreste de Panamá, consideró necesaria una evaluación integral de los impactos que podría tener en la tarifa eléctrica, este proyecto de ley.

Ensa dijo en principio, a través de su presidente ejecutivo, Esteban Barrientos, que la iniciativa lejos de reducir el precio de la energía para el usuario final, incorpora normas restrictivas que dejan al usuario final en indefensión.

El proyecto continúa en consultas en la Asamblea Nacional.

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