CSS requiere el compromiso de todos

CSS requiere el compromiso de todos

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Pocas semanas después de asumir el cargo de presidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Varela, hizo públicamente un llamado a las fuerzas sociales del país, empresarios y trabajadores, a un urgente y necesario diálogo para salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) que según los estudios actuariales empezará a tener un balance negativo a partir de este año 2015 y en el 2025 enfrentaría una eventual falta de liquidez.

Esta propuesta se enfrentó a la mesura de ambos sectores. En parte porque empresarios y trabajadores miran con recelo la posibilidad de que la crisis se salde mediante un aumento de la cuotas que cada uno de ellos deben aportar a la CSS y en parte porque hasta la fecha se desconoce a profundidad la realidad financiera del programa IVM.

Sin embargo, el presidente Varela no ha dudado en darle prioridad al problema y ha propuesto celebrar una serie de reuniones del Consejo de Gabinete para afrontarlo, al mismo tiempo que buscará cumplir otra de sus promesas de campaña, incrementar el monto de las jubilaciones y pensiones.

Varela ha anunciado que ambos temas se abordarán mediante lo que definió como Aportes Solidarios que estaría conformados por parte de los ahorros que generará para el país la reducción del costo del petróleo en los mercados internacionales, los cuales valoró en $700 millones, y mediante el uso de parte de los aportes del Canal a las finanzas públicas.

Por el momento el presidente Varela ha descartado la posibilidad de que la solución al problema actuarial del IVM pase por el aumento de las cuotas que pagan empresarios y obreros, el número de las cuotas necesarias para acceder a la jubilación o por un incremento de la edad de jubilación.

Hay que recordar que el déficit del programa IVM, y en particular del subprograma de reparto puro, es un problema heredado pues la última reforma a la Ley Orgánica de la CSS evidentemente se hizo para que el Ejecutivo del momento, encabezado por el ex presidente Martín Torrijos, no cargara con el costo político que habría implicado aumentar la edad de jubilación, la cuota obrero patronal o el número de cuotas necesarias para jubilarse. Criterios políticos que llevaron a la Administración Martinelli a ignorar el problema durante los últimos cinco años, a pesar de que fue precisamente su director de la CSS, Guillermo Saenz Llorens, quien dio a conocer la crítica situación actuarial del IVM. 

En este sentido hay que aplaudir la voluntad del presidente Varela de hacer frente a un tema tan urgente y delicado como la necesidad de garantizar los fondos para que quienes se encuentran inscritos en el subprograma de reparto puro puedan jubilarse en su momento.

No obstante, también es importante advertir que este debate debe incluir a todos los sectores de la sociedad y no únicamente a quienes conforman el Consejo de Gabinete, ya que aún cuando la CSS cuenta con 1,4  millones de asegurados activos, la población total protegida por esa entidad alcanza los 3,5 millones de personas; en otras palabras cerca del 90% de la población está amparada por esta institución.

Y es que sin duda alguna todos los sectores del país deben debatir ampliamente si es apropiado que tanto los ahorros generados a partir de la reducción del precio del petróleo como los aportes del Canal a las finanzas públicas sean utilizados para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones. 

Además, debemos recordar que durante la administración Torrijos se aprobó una reforma inconsulta a la Ley Orgánica de la CSS, lo que desató violentas protestas por parte del movimiento popular organizado, lo que forzó al Ejecutivo a convocar a un Diálogo Nacional sobre el tema, en donde a través del debate y la búsqueda de acuerdo se logró consensuar una nueva reforma, que es precisamente la que hoy requiere ajustes.

De hecho, ya las asociaciones de pensionados y jubilados del país han solicitado cortesía de sala al Consejo de Gabinete para presentar una propuesta de aumento a las jubilaciones de $100 mensuales, lo que indica que la sociedad civil organizada está dispuesta a debatir los problemas de la CSS, que por cierto no se limitan al déficit actuarial del sistema de pensiones, pues incluyen situaciones como equipos dañados, falta de medicamentos e insumos y carencia de médicos especialistas, lo cual se traduce en un servicio ineficiente. 

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