Cumplimiento y Reputación I I

Cumplimiento y Reputación I I

El empresario que entiende que el futuro de su empresa depende de la reputación de la misma, sabe bien que no debe ponerla en juego

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Para aquellas empresas obligadas bajo la Ley 23 en las cuales no es rentable la contratación de un experto a tiempo completo en el cargo de Oficial de Cumplimiento, y esto tanto del sector financiero como del no financiero, la Ley 23 de 2015 ofrece la posibilidad de dispensar parcial o totalmente del puesto del Oficial de Cumplimiento y la inversión en tecnología de monitoreo, mediante la contratación de las llamadas Empresas de Cumplimiento, a fin de que éstas asuman obligaciones propias del Oficial de Cumplimiento.  Esto no es distinto a contratar un contador externo para la empresa, en vez de contratar uno de planta.

Empero lo anterior, a la fecha, cuando la Ley 23 ya tiene más de un año en vigencia y tanto se nos ha insistido en la importancia de luchar contra aquellos delitos, los organismos de supervisión (léase las Superintendencias, la Intendencia y el Ipacoop), habiendo todos reglamentado por su cuenta la Ley, han evitado en aquellos reglamentos contemplar la figura de las Empresas de Cumplimiento; sea en señal de desafío de la Ley o por desidia, no lo sé decir, pero inclusive he podido apreciar que en aquellos reglamentos que aparecen artículos sobre la persona de Enlace (con la UAF y el organismo) dichos artículos son contrarios a la Ley 23, ya que ninguno contempla (o más bien dicho todos excluyen) la posibilidad de nombrar a una Empresa de Cumplimiento como Enlace, tal cual está contemplado en la Ley. Hay que entender que la Constitución es clara al señalar que el Presidente y los Ministros tienen la facultad de Reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.  Si el mismo Presidente de la República no puede apartarse del texto de la Ley al reglamentarla, tampoco lo pueden hacer los organismos de supervisión.

So pretexto de no estar reglamentada la figura (aunque fácil pudo incluirse el asunto en los reglamentos emitidos), los organismos de supervisión han puesto en pausa cualquier solicitud bajo la cual una empresa se intente o procure registrar para ofrecer estos servicios al sector regulado por dichos organismos, y -por ende- han imposibilitado a sus regulados optar por economizar mediante la contratación de un experto externo para manejar profesionalmente estos asuntos, contratación que podría redundar no sólo en proteger mejor la reputación del negocio, sino también de la plaza, al coadyuvar a la prevención del blanqueo de capitales y demás delitos señalados por la Ley 23.

Como si fuera poco, y en lo que pareciera una contradictoria complicidad con los organismos de supervisión, mientras que la Ley 23 de 2015 no impone requisitos especiales sobre las Empresas de Cumplimiento (después de todo tampoco las hace sujetos regulados ni supervisados por estos organismos), el Ejecutivo (entiéndase el mismo Ministerio de Economía y Finanzas que promovió la adopción de la Ley 23 con la figura de las Empresas de Cumplimiento) optó por adornar la figura con una amplia gama de requisitos en su reglamento de la Ley 23, incluyendo uno que señala que la empresa que solicita el registro debe presentar constancia de que todo profesional que laborará en la Empresa de Cumplimiento habría recibido, o impartido, un mínimo de 160 horas de capacitación en materia de prevención anualmente.

No es claro el Decreto Ejecutivo sobre si ese requisito se refiere a experiencia previa de un mínimo de años antes de ingresar a la empresa, o sólo el año previo a su ingreso; ni si la persona debe continuar su capacitación año tras año mientras labore en la Empresa de Cumplimiento, aunque así consideramos que se debe interpretar ya que la misma Ley 23 exige a los regulados brindar capacitación anual al personal a cargo de la prevención del blanqueo de capitales y demás delitos contemplados en el texto de dicha Ley.

En términos reales, la persona que para mantener un empleo debe recibir mínimo 160 horas de capacitación al año en materia de prevención se vería obligado a dedicar el equivalente de casi un mes (4 semanas de 40 horas cada una) al año para capacitarse, lo que implica realmente tomar las mismas clases una y otra vez, porque no existen en la plaza y posiblemente en ninguna otra parte del mundo tantas opciones de educación sobre la materia para mantener ese ritmo año tras año.

Alejandro Abood Alfaro 
Ex superintendente del mercado de valores, abogado y consultor enfocado en el sector financiero

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