Cumplimiento y Reputación III

Cumplimiento y Reputación III

Si queremos proteger la reputación de nuestros negocios, debemos adoptar los procedimientos de prevención señalados en la Ley 23

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Acams, el referente a nivel mundial para certificación de profesionales de Cumplimiento, requiere 40 horas de estudio para otorgar su certificación básica y el curso para la avanzada es de tres días.

A manera de invocar la opinión de expertos, procedo a citar unos extractos de la nota enviada por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa) a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuando ésta última sugirió imponer una obligación de capacitación de 48 horas anuales a los empleados del sector:

Pretender 48 horas anuales de capacitación para todo el personal significará que todos tendremos que ausentarnos de nuestras labores primordiales No nos parece que este artículo esté acorde con la Ley 23.

Consideramos que el tiempo de capacitación de 48 horas es excesivo se traducen en seis días de ocho horas cada uno.

Para tratar temas de Prevención de Blanqueo de Capitales si bien es cierto en el mercado se ofrecen cursos durante el año, estos son costosos y los asistentes tendrían que ausentarse por un periodo largo de las oficinas.

De darse con esta exigencia de 48 horas, los temas se volverían repetitivos en contenido, ya que la legislación no cambia con la frecuencia que se requieren las capacitaciones.

Si los expertos locales consideran que 48 horas de capacitación al año en esta materia son excesivas por el tiempo de trabajo útil que un sujeto tiene que sacrificar, por el costo que la empresa tiene que incurrir, y porque ya a ese nivel se volverá en una cátedra repetitiva, entonces, ¿bajo cuál criterio el Ejecutivo consideró un mínimo de 160 horas anuales como necesarias o tan siquiera razonables?

Y estamos hablando de un requisito de recibir la capacitación o impartirla a terceros. En términos prácticos, impartir 160 horas al año en capacitación son factibles para un profesor que dicte una cátedra universitaria en la materia, pero supondríamos que, bajo el típico escenario de cuatro horas de clases por semana que se da una materia, tendría que dar clases por 10 meses, o casi los tres cuatrimestres del año (o dar clases también en el turno nocturno o en varios centros educativos, etc.), , para llegar a dar 160 horas de clase a sus estudiantes, sin que esto necesariamente signifique otra cosa que tuvo que repetir la misma clase a tres grupos distintos de estudiantes, lo cual, a mi juicio, no implica un aprendizaje continuo o capacitación para el profesor.

Y si este sujeto se dedica a la educación, ¿en qué tiempo podría trabajar en la Empresa de Cumplimiento? Y la persona que dedica un mes a recibir capacitación, trabajaría únicamente 10 meses al año si contamos el mes de vacaciones al cual por Ley tiene derecho, mientras que la Empresa paga 13 meses de sueldo más prestaciones. Sencillamente, estamos en la presencia de un requisito que no es práctico bajo ninguna circunstancia, ni genera beneficios reales. Lo ideal sería tener empleados a tiempo completo quienes, como el resto de los profesionales, estudiamos por un tiempo de nuestras vidas y el resto lo aprendemos en el trabajo, haciendo las cosas una y otra vez, como mínimo ocho horas al día, cinco días a la semana, 11 meses al año, actualizándonos periódicamente mediante sesiones educativas de un día o un par de días.

El resultado de ese Decreto Ejecutivo es que, si los organismos de supervisión algún día llegan a abrir el registro de las Empresas de Cumplimiento y alguien logra cumplir con todos los requisitos para montar una, tendrá costos demasiado elevados como para que un regulado decida contratar sus servicios, y a la postre seguiremos viendo ofertas de $800,00 al menos hasta tanto no se hagan conocer las multas impuestas por los organismos de supervisión bajo la Ley 23 y sus reglamentos, que como ya todo sujeto regulado sabe, van de un mínimo de $5.000 a un máximo de $1 millón, por cada evento de incumplimiento.

Si realmente como país queremos reducir la incidencia de casos de blanqueo de capitales y demás delitos señalados en la Ley 23, su reglamento debe ser reformado lo más pronto posible, y los organismos de supervisión deben considerar proceder con el registro de las Empresas de Cumplimiento, tal y como lo dispone la Ley 23 de 2015, recordando que estas empresas no son sujetos regulados ni supervisados por estos organismos, de la misma forma que no lo son los contadores públicos.

Si queremos proteger la reputación de nuestros negocios, debemos adoptar los procedimientos de prevención señalados en la Ley 23 y contratar, o más bien dicho invertir, en un Oficial de Cumplimiento (o eventualmente quizás una empresa) que entienda plenamente el negocio y los riesgos asociados con la operativa del mismo, o sea, un experto en la materia.

No podemos tampoco ignorar el hecho cierto y ya evidenciado de que el escándalo que afecta a un colega nos afecta a todos los que participamos del mismo negocio.  Es responsabilidad de todos procurar que las mejores prácticas permeen en toda la industria que representamos, lo cual se logra a través de los gremios.

En conclusión, proteger la reputación de un negocio en nuestros días, al menos para quienes están sujetos a la Ley 23 de 2015, equivale a proteger la reputación de la industria y del país, y por ende, es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera. Dado que el valor de la reputación de la marca país es tal que del mismo nos beneficiamos o nos afectamos todos los panameños, es necesario corregir el rumbo o de lo contrato tendremos la receta perfecta para repetir los errores del pasado, ésta vez dentro de un escenario en el cual el costo de cometerlos es mucho mayor, tanto para las empresas involucradas como para nuestro país.

Alejandro Abood Alfaro 
Ex superintendente del mercado de valores, abogado y consultor enfocado en el sector financiero

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