Dando pasos atrás

Dando pasos atrás

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No cabe la menor duda que todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, sin embargo, también tenemos el deber de rectificar y es evidente que la actual administración del presidente Juan Carlos Varela se ha visto obligada a dar pasos atrás en dos temas que no solo han generado un profundo malestar entre los panameños, sino, además una seria preocupación sobre el impacto que algunas decisiones podrían tener para el conjunto de la sociedad.

El primero de estos temas fue la decisión del administrador de la Autoridad de Proteccón al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Oscar García, de abrir una investigación contra los Asociación de Productores de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, debido a que en una asamblea acordaron vender la cebolla nacional en $0,65 la libra para beneficiar a los consumidores, en un momento en el que se especulaba sobre la existencia de una supuesta escasez de este producto, lo que le permitió a algunos comerciantes inescrupulosos elevar el precio de la cebolla importada a entre $1,25 y $2,00 la libra.

El argumento de García para accionar legalmente contra los productores fue que la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe que los agentes económicos acuerden los precios a los que se comercializará cualquier producto y no discrimina si ese acuerdo favorece o no a los consumidores. Yo tengo años de conocer a Oscar García y siempre lo he considerado un conocedor del tema de protección al consumidor, sin embargo, todo parece indicar que en esta ocasión no fue bien orientado, ya que cuando se interpreta o aplica una norma no solo debemos tener presente su letra, sino, también su espíritu. Es decir, que hay que interpretar la intención del legislador para aplicar la ley justamente y en este caso es evidente que el legislador lo que quería era evitar los acuerdos que afectan negativamente al consumidor y no aquellos que lo favorecen.

Afortunadamente, aunque tarde, García dio marcha atrás, sin embargo, el daño a su imagen ya estaba hecho, por lo que es comprensible que los productores de todo el país y todos los rubros agropecuarios estén exigiendo al presidente Varela su destitución, por considerarlo un enemigo declarado de la producción nacional, algo que a mi juicio no es cierto, pero que en este momento es muy fácil que quienes no le conocen acepten esa descripción.

Otro tema en el que el Ejecutivo ha dado un paso atrás ha sido la decisión de otorgar a los altos mandos de los organismos de la Fuerza Pública que asuman altos cargos en el órgano Ejecutivo, con la posibilidad de jubilarse con una pensión de $7.000 mensuales.

Estaría de más decir que esa medida no solo era discriminatoria, debido a que conforme a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) el resto de los panameños solo podemos aspirar a una jubilación máxima de $2.500 mensuales, sino, que además era peligrosa, porque convertía a los altos mandos de las instituciones que ejercen el monopolio de la fuerza (armas) en una casta con prerrogativas especiales, lo que puede ser un caldo de cultivo para el retorno a los tristes días de la dictadura militar.

Por ello hay que aplaudir la decisión del presidente Varela de derogar el decreto ejecutivo que daba vida a semejante exabrupto jurídico y social.

No obstante, vale la pena preguntarse si no sería mejor que antes de tomar alguna medida, que saben de ante mano que generará una dura polémica e incluso el rechazo de algunos sectores de la sociedad, los funcionarios públicos de alto rango sometan sus ideas a una amplia consulta no solo con sus asesores más cercanos, sino con dirigentes de la empresa privada, el movimiento sindical y la sociedad civil, de forma que puedan adoptar la mejor decisión posible.

Y es que siempre hay que tener presente que el que más escucha, menos se equivoca, como bien decía el general Omar Torrijos Herrera.

Hitler Cigarruista
Director
Capital Financiero

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