Debemos manejar mejor las finanzas públicas

Debemos manejar mejor las finanzas públicas
De acuerdo con el MEF, en la actualidad el Estado panameño adeuda a sus proveedores de bienes y servicios unos $357 millones| Archivo

La designación del economista Héctor Alexander como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la próxima administración ha sido recibida positivamente por diversos gremios empresariales, sin embargo, los retos que el ministro designado deberá enfrentar tan pronto el presidente electo, Laurentino Cortizo, asuma las riendas del Estado el 1 de julio, no son poca cosa.

Para comenzar el ministro designado Alexander tendrá que encontrar los recursos para cumplir el compromiso adquirido por el presidente electo, en el sentido de cancelar la deuda que mantiene el Estado panameño con sus proveedores con la finalidad de estimular la inversión privada y la generación de empleos, fomentando así un aumento de la demanda de bienes y servicios, un componente esencial en la necesaria reactivación económica del país.

De acuerdo con el MEF, en la actualidad el Estado panameño adeuda a sus proveedores de bienes y servicios unos $357 millones, sin embargo, en el primer trimestre de 2019 los ingresos totales fueron $2,681 millones, muy por debajo de los gastos que totalizaron $3,584 millones.

Las cifras emitidas por el MEF indican que el déficit fiscal al primer trimestre sumó $966 millones, lo que equivale a 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal estimado para el presente año en base a un crecimiento económico de 5%, sin embargo, un informe del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio (Ceecam) nos coloca ante una realidad, ya que con un crecimiento de solo 3.9% para el primer trimestre y con una proyección de crecimiento de 4.5% para el cierre de 2019 es evidente que el déficit fiscal será muy superior al estimado inicialmente (podría alcanzar el 2.4%), lo que coloca en una dura situación financiera a la administración del presidente electo Cortizo.

Todo esto se complica aún más si se toma en cuenta que debido al crecimiento, tanto de la planilla estatal como del presupuesto destinado a programas de asistencia económica (subsidios), la capacidad de maniobra del Estado en materia financiera es bastante reducida.

Las cifras son más que elocuentes: En 2009 el número de empleados público se ubicaba en torno a 100,000 personas y la planilla estatal anual era de $1,500 millones mientras que en 2018 los empleados públicos eran más de 200,000 y su costo anual es de aproximadamente $4,000 millones, mientras que el presupuesto destinado a diferentes subsidios a la población pasó de cerca de $150 millones en 2009 a más de $900 millones en 2018.

En todo caso, ya sabemos que el déficit fiscal superará el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (Lrsf) que es de 2% del PIB nominal.

Esto podría afectar las posibilidades del presidente electo, Laurentino Cortizo, de cumplir su objetivo de reactivar la economía debido a la falta de recursos, y nos coloca ante varias opciones: Pedir una dispensa de la Lrsf para no tener que cumplir con el tope del déficit fiscal en el presente año, aumentar el tope de déficit fiscal de 2% a 3% o 4% para tener mayor espacio de maniobra en el pago de obligaciones, incrementar la deuda pública mediante nuevas emisiones en los mercados internacionales aprovechando las mejoras de la calificación de riesgo del país registradas este año o realizar una reforma tributaria para incrementar las recaudaciones fiscales.

Esto obliga al ministro designado Alexander a ser sumamente cuidadoso al definir el camino que adoptará la nueva administración no sólo para cumplir su promesa de cancelar la deuda que actualmente mantiene el Estado con sus proveedores, sino también para contar con los recursos necesarios para continuar con la ejecución del plan de inversiones contempladas en el Presupuesto estatal del 2019.

Pero sea cual sea la ruta que adopte el nuevo gobierno, no se debe perder de vista que esto podría tener un impacto negativo en la calificación de riesgo del Panamá, la cual recientemente fue mejorada a BBB+ por parte de la calificadora Standard and Poor’s y Baa1 por parte de Moody’s, por lo que es importante que en los próximos cinco años se maneje de mejor forma las finanzas públicas.

Editorial
Del 27 de mayo al 2 de junio 2019
Capital Financiero

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