Derechos humanos para algunos

Derechos humanos para algunos

Editorial del diario El Universal de México, del viernes 28  de octubre de 2011.

Los derechos humanos constituyen los valores más preciados de todos los habitantes. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica está consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y por ello exigen un Estado muy activo para su protección.

Pero la realidad de la convivencia ciudadana indica que permanentemente se producen colisiones entre los derechos de unos y otros. En nuestro país, el derecho a manifestarse o a peticionar, por ejemplo, suele afectar otro derecho igualmente legítimo de los demás ciudadanos, como es el de circular libremente. Es justamente en esos casos que el Estado debe intervenir para encontrar equilibrio en las posiciones, irradiando mesura en primer lugar, empatía por los planteos de todos y especialmente apego a la ley. Nuestro gobierno, por el contrario, ha demostrado en muchos de los episodios con derechos vulnerados una gran incapacidad para conciliar intereses contrapuestos.

Los derechos humanos comprenden por definición a todas las personas por el simple hecho de su condición y abarcan cualquier lesión o restricción a los bienes básicos que hacen a su dignidad. De allí, pues, se desprenden sus características distintivas: integridad y universalidad.

A contramano de ese concepto abarcativo, el gobierno nacional y algunas agrupaciones afines incurren con frecuencia en visiones sesgadas con relación a la lucha por los derechos humanos, ya que privilegian la reivindicación de un sector, movilizados por problemáticas con contenido político o ideológico. Incluso se direcciona el esfuerzo hacia los derechos avasallados de antaño por sobre las lesiones actuales. Pero la manipulación en su máxima expresión del concepto de los derechos humanos, sumado a la mentira y el absurdo, está dada por la pretendida impugnación de una operación comercial absolutamente lícita, como lo es la compra de Papel Prensa, y bajo el pretexto de que allí es aplicable la lesa humanidad propia de la violación de estos derechos.

En línea con esta concepción es que muchos de los organismos de derechos humanos nacidos durante el último gobierno militar para denunciar los delitos de la dictadura centralizan sus reclamos en la reparación de los derechos vulnerados hace más de 30 años a una parte de las víctimas de la violencia armada de los 70.

Las condenas del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA han sido un paso adelante contra la impunidad. Pero también hay que reconocer que, mientras tanto, se opta por ignorar y no sancionar a los culpables de las demás víctimas, e incluso las de civiles, totalmente ajenas al conflicto de los años 70. Falta una lucha solidaria e integral por los derechos de todos los involucrados en aquella tragedia de nuestra historia.

En este sentido, cabe destacar lo afirmado por Arturo Larrabure, hijo del coronel asesinado por la subversión, en una carta publicada por La Nación, en la que solicitó que así como el Gobierno creó el Fútbol para Todos, también impulse los derechos humanos para todos. En muchos y gravísimos atentados a los derechos humanos de todos no se percibe del Gobierno ni de esas organizaciones fuerza para condenarlos. Las muertes de niños indígenas por desnutrición en Salta o las ocasionadas por represión policial en Jujuy no originaron manifestaciones de condena, a pesar de lesionar el derecho humano más importante: El derecho a la vida.

En ese sentido, resolver las desapariciones de más de 300 niños y adultos que hoy continúan sin paradero en nuestro país parecería no ser una prioridad para algunas organizaciones de derechos humanos, quizá con la excepción de Jorge Julio López, cuya desaparición se presume producida en el marco de los juicios a los represores.

Asimismo, muchas otras violaciones de los derechos humanos en el mundo tampoco generan críticas, llegando al extremo de la titular de Madres de Plaza de Mayo, quien ha justificado y aplaudido la caída de las Torres Gemelas.

Las matanzas perpetradas por líderes mesiánicos de regímenes dictatoriales como Egipto, Siria, Túnez o Libia contra su propia población que se manifiesta o protesta por cambios democráticos tampoco generaron ni un tibio pronunciamiento del gobierno argentino.

El caso de Cuba es otra expresión muy clara del componente ideológico del que están imbuidos algunos defensores de los derechos humanos. Las violaciones flagrantes que se suceden en la isla desde hace más de 50 años son absolutamente ignoradas, e incluso su eterno líder Fidel Castro fue aclamado y distinguido en su paso por nuestro país en 2003. La lucha por los derechos humanos debería implicar la defensa irrestricta de cualquier ataque a la dignidad del hombre, sin distinción alguna respecto del sujeto que lo ejecuta, su motivación y las circunstancias.

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