Desconcentrar la jurisdicción contencioso administrativa: Una reforma constitucional necesaria

Desconcentrar la jurisdicción contencioso administrativa: Una reforma constitucional necesaria
La vía de solución es hacer en Panamá lo que ya existe en otros países: Desconcentrar la Jurisdicción Contencioso Administrativa| Archivo

Uno de los factores esenciales para facilitar los negocios es la eficiencia del entorno administrativo del Estado con el cual interactúa el inversionista. Obtener permisos, presentar reportes, convertirse en proveedor del Estado mediante procedimientos de contrataciones públicas, cobrar y ceder cuentas del Estado, renovar licencias, obtener certificaciones, calcular y pagar impuestos, titular tierras, renovar calificaciones, cumplir obligaciones laborales y de seguridad social, obtener derechos de explotación, pagar a tiempo los cánones de concesiones, etc. La lista es interminable.

Ya resulta un lugar común decir que este entorno debe ser mejorado en Panamá, mediante la simplificación de procesos y la aplicación de tecnología. No obstante, existe otro eslabón crucial de la misma cadena que también necesariamente tenemos que atender como país, para realmente poder enfrentar el problema de la agilización de la actuación de la Administración frente a la inversión privada. Ese eslabón pasa por una cirugía constitucional a la estructura de competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ubicada en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Incluso en el supuesto que los trámites de primer nivel en la Administración logren mayor eficiencia, no debemos olvidar que siempre habrá un porcentaje de asuntos en los cuales las empresas no estarán de acuerdo con las actuaciones de la Administración Pública, incluyendo a los Municipios.

Cuando todo lo que se podía hacer dentro de la Administración ya se agotó, el remedio que el Estado de Derecho ofrece es la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde la empresa disconforme debe concurrir a pedir que se le restablezca el derecho que estima violado. El problema en esos casos es que las decisiones de la Sala Tercera de la Corte no suelen ser emitidas a la velocidad ideal para el entorno de negocios. Ello tiene muchas explicaciones, sin embargo, nos interesa concentrarnos en un motivo estructural que existe y que tiene oportunidad de solución, especialmente aprovechando las reformas constitucionales que están en camino. Veamos.

Por razones de la evolución histórica de la instauración de la Jurisdicción Contencioso Administrativa desde 1943, dicha Jurisdicción es una atribución que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, tal como se puede ver en el artículo 206 de la Constitución Política. 

Basados en la redacción utilizada y en la interpretación tradicional, se entiende que el ejercicio de esa potestad judicial exclusiva es de la cumbre de la pirámide del sistema de judicial.

Como consecuencia de ello, todos los conflictos de un empresario con la Administración, luego de que la propia Administración dijo su palabra final, se tienen que llevar ante la Sala Tercera de la Corte, no importa la cuantía, la gravedad o la importancia.  Allí en la Sala Tercera se hace la revisión judicial tanto de un conflicto por una multa de $500 como la discusión sobre una concesión que lleva una inversión de $4 millones.

Se juntan casos de impuestos municipales y de permisos de construcción de un pequeño negocio de abarrotería, con casos sobre la aplicación que se ha hecho de la Ley al rechazarse la viabilidad ambiental a una inversión que podrá generar 500 empleos profesionales. 

Un solo tribunal de tres (3) Magistrados para todo el país.

Peor aún, a esa misma estructura judicial se le agregó desde hace varias décadas el conocimiento final de los conflictos de la Jurisdicción Laboral del país.  Se trata de una cantidad abrumadora de asuntos, lo cual tiene que influir negativamente en la rapidez de respuesta del tribunal, todo lo cual afecta el clima de hacer negocios en Panamá.

La vía de solución es hacer en Panamá lo que ya existe en otros países: Desconcentrar la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ya no somos el mismo país simple de las décadas de los años 40 ó 50 del siglo pasado, cuando se consideró suficiente la existencia de un solo Tribunal de lo Contencioso Administrativo para todo el país, función judicial que está hoy en la Sala Tercera de la Corte. Hoy en día la cantidad y complejidad de los asuntos litigiosos derivados de la interacción con la Administración han aumentado exponencialmente.

Estimo que lo que debemos hacer es establecer Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia en cada provincia, cuyas decisiones sean apelables a varios Tribunales de Apelación de lo Contencioso Administrativo que se creen en cada Distrito Judicial.  Luego de ello, solamente los casos de mayor cuantía, importancia o gravedad deben llegar a la Sala Tercera de la Corte.

Es decir, la Ley debe clasificar los asuntos para que muchos de ellos se decidan de forma final a nivel regional e inferior y solamente los de mayor relevancia tengan que ser decididos por la Corte Suprema de Justicia.  De paso, la reforma debe crear una Sala de la Corte para encargarse de la Jurisdicción del Trabajo, con ello se desconcentra la revisión judicial tanto de la materia Contencioso Administrativa como de la Laboral.  Por esta vía podríamos aliviar el problema y favorecer la rapidez.

Hoy no se puede hacer lo anterior por Ley.  Antes de legislar, es necesario hacer una reforma puntual en el actual artículo 206 de la Constitución Política. 

Tenemos que incluir dos cambios precisos:
(1) El primero es introducir una redacción en la que quede claro que la Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal para los asuntos Contencioso Administrativos, pero que también por Ley se pueden crear Tribunales y Juzgados de inferior jerarquía, estableciéndose las materias de competencia de cada nivel;

(2) El segundo cambio sería que se debiera establecer que la Sala de la Corte Suprema correspondiente, solamente debe conocer de lo Contencioso Administrativo y que la materia Laboral debe ser atribuida a otra Sala, claro está, que esto no debe afectar el rol de los Magistrados cuando integran el Pleno.

Aquí dejo mi propuesta.  Tienen la palabra ahora los encargados de la reforma constitucional.

Publio Ricardo Cortés C.
Socio de Servicios Legales e Impuestos
BDO Panamá

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