DGI, el impuesto digital es un acto de justicia

DGI, el impuesto digital es un acto de justicia

Los ingresos generados por la economía digital llevan al debate de por qué y cómo deben tributar las empresas en los países que le permiten lucrarse de sus ciudadanos.

Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala al respecto que ha logrado sostener reuniones con representantes de plataformas como Google, Amazon y Facebook para escucharlos y, de igual modo, compartir el punto de vista de la administración tributaria panameña, conforme al cual “lo importante es que la economía digital contribuya a la recaudación de nuestros países como un acto de justicia”.

De Gracia comparte, en este sentido, la apreciación de Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), quien justo ha dicho que la tasa digital lleva implícita esta visión de equidad, en relación con quienes desarrollan su labor desde una sede física.

El director de la DGI compartió sus apreciaciones durante durante el foro virtual Economía digital: Desafíos y oportunidades tributarias, organizado por Connectax, Iesa y Capital Financiero.

El foro, moderado por Reynaldo Díaz, director de Connectax, también contó con la intervención de Marcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); de Gerardo Herrera Martínez, asesor del despacho de la DGI; de Raúl Zambrano, director de tecnología de Ciat y de José L. Galíndez, socio de Galíndez, Medrano y Asociados.

De Gracia también hizo referencia a la participación del organismo en las discusiones de la subcomisión de la Asamblea Nacional que debate el Proyecto de Ley 299 “que crea la ley de regulación tributaria y laboral para empresas que operen mediante plataformas digitales”, propuesta del diputado Raúl Pineda.

En la exposición de motivos de la ley se explica que es el interés examinar cuál sería la normativa tributaria a aplicar en cada uno de los impuestos que generan las plataformas digitales.

También se cita en el proyecto de ley el informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismos que “sugirió a las regiones latinoamericanas modificar sus legislaciones para cobrar impuestos a los proveedores de servicios digitales extranjeros.

Actualmente, solo 3 de 16 países aplican impuestos a los servicios digitales: Argentina (21 %), Colombia (19%) y Uruguay (18%). Otros tres están en vías de hacerlo: Chile. Costa Rica y Paraguay”.

El director de la DGI indica que la mayoría de los participantes de la discusión (usuarios, consumidores y plataformas) coinciden que la economía digital debe contribuir, “el tema es cómo”.

En este sentido, la DGI está buscando alternativas, con un equipo asesor, porque “debemos garantizar la seguridad jurídica”.

Sostuvo que la administración tributaria entiende que es necesario hacer docencia porque en un momento de pandemia hablar de impuestos puede “generar ruido en los ciudadanos”, pero reitera que “es el deber de una institución como la DGI buscar esa recaudación de todos” y esto incluye a las empresas que tienen sede en el territorio físico y a aquellas que sin estarlo también participan en la economía y reciben beneficios.

De igual modo aclaró que buscar justicia tributaria tampoco significa querer restar competitividad a las actividades vinculadas con la economía digital.

Dijo que los países deben alcanzar una solución integral y multilateral para que se equilibren las cargas fiscales y se estimule la competencia entre la economía digital y la formal.

Señaló, de igual modo, que hay una realidad: sin ingresos no podemos cumplir con nuestras obligaciones con los ciudadanos.

Cifras recientes aportadas por el propio director de la DGI, confirman que “la recaudación efectiva acumulada de los Ingresos Tributarios acumulados hasta agosto de 2020, alcanzó la cifra de $2,332.4 millones, mostrando una disminución de $1,087.5 millones en comparación con lo recaudado en el mismo período del año 2019. Los impuestos directos disminuyeron en $442.9 millones, mientras que los impuestos indirectos resultaron en 644.6 millones menos que el año anterior”.

Reconoce que es necesario abordar el tema de la tributación de las compañías digitales de una manera responsable.

“Sabemos que tampoco es la receta mágica para lograr los ingresos no obtenidos en el covid-19, más bien se vienen a integrar en la economía regular. Apostamos a acuerdos multilaterales que nos ayuden a recaudar dentro de esta economía, con respeto a la seguridad jurídica y los acuerdos internacionales”.

Gerardo Herrera Martínez, asesor del despacho de la DGI, insistió en la necesidad de cómo recaudar, incentivar y no crear falta de estímulos para este sector.

Resaltó que para el año 2019, la economía digital movió en Latam $199,000 millones y fue la industria de los videojuegos el segmento más importante.

Desde esta perspectiva, considera importante conocer los modelos de negocios para luego saber cuál política fiscal se aplicará (no es lo mismo un juego que una venta de productos).


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Economía Digital: Desafíos y oportunidades tributarias


Reiteró que la administración tributaria mantiene conversaciones con actores que son importantes dentro de la economía digital, “no para buscar el beneplácito y sí porque una norma que no cuente con un nivel de consenso, puede resultar en un aspecto nulo e impropio”.

Anunció que la DGI también participa junto al Ciat, Ocde, Fondo Monetario Internacional (FMI), países de Latam y Europa en el diseño de herramientas y normas que permitan generar “mercados de largo plazo y sostenibles”.

En concreto con el Ciat se trabaja en el registro voluntario de las distintas plataformas que trabajan en Panamá y son pasos para elaborar un modelo de recaudación.

De igual modo aclaró que hay actividades que transitan en la economía digital y están obligadas a tributar, no lo hacen y, en este caso, se impone una labor de fiscalización.

Raúl Zambrano, director de tecnología de Ciat, reconoce que sistemas de pago que incorporan tarjetas o en general pasan por el sistema bancario, son mecanismos para lograr tributar desde la economía digital.

El problema ocurre cuando no media lo bancario o en lugar de la compra de un producto, se adquieren “superpoderes” como en el caso de los juegos.

Por otra parte, se inclina por simplificar los procesos y establecer modificaciones que permitan a las empresas, sin necesidad de estar en el territorio donde se genera el ingreso, tributar.

Muchas empresas que están creando nuevos modelos y son innovadoras, señaló, querrán cumplir con la ley porque además se trata de un tema de reputación.

José L. Galíndez, socio de Galíndez, Medrano y Asociados, explicó que la Ocde, con los pilares 1 y 2, quiso darle un matiz a la economía digital.

El Pilar 1 busca dar respuesta a cómo gravar si la empresa no está en la jurisdicción de la administración tributaria y el Pilar 2 a generar una tributación mínima “y, cuando no se tribute, que la casa matriz del grupo pueda gravar los ingresos de esa entidad”.

Reconoce que los tributos a las grandes tecnológicas, llamadas las GAFA, no van a cubrir el déficit fiscal de los países, pero sí es seguro que las administraciones tributarias estarán bastante activas para poder gravar la economía digital.

Marcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), recordó que fue Brasil el primer país del mundo en recibir una declaración por internet.

Dijo que la política tributaria está viva y debe acompañar el avance de las sociedades, si bien, “el mejor modelo no existe”.

Comentó que el futuro es hoy y se trata de la declaración prehecha que enviará el fisco, “porque si tiene todos tus datos, ¿para qué pedir la autodeclaración? Ese es el gran cambio”.

Ferreira Verdi sostuvo que la economía digital es una realidad a la cual se deben enfrentar los países.

En el ámbito de la tributación digital, considera que no es necesario esperar una regla o un acuerdo internacional para comenzar a cobrar los impuestos al consumo, porque cada país tiene esa potestad y es “un tema de equidad con las empresas locales”.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

 

 

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