Discrepancia de la Secretaría de Energía y las generadoras

Discrepancia de la Secretaría de Energía y las generadoras

La energía eléctrica, independiente de sus formas de producción, es clave para el crecimiento económico de un país y un elemento vital para la calidad de vida humana. Por lo tanto, la política energética de un país debe ser un tema de Estado, que no puede estar cambiándose según las situaciones coyunturales del momento.

Un país como Panamá debe conocer las mejores prácticas de la industria, sus regulaciones, criterios de eficiencia, rentabilidad y mecanismos de precios. No es cierto que en un país de 3,3 millones de habitantes vaya a inventar la rueda en políticas públicas y privadas en materia energética y especialmente en la energía eléctrica.

El Estado panameño debe conocer cuál es el marco legal e institucional que otros países con mayor experiencia y demanda de energía implementan en materia de producción limpia, no contaminante, inversiones, eficiencia, estructura de precios, rentabilidad y contratación energética, que garanticen la seguridad jurídica en este tipo de actividad industrial.

El gobierno nacional debe comprender que tiene que establecer políticas de Estado que garanticen los mecanismos de institucionalidad y regulación en materia de suministro, contratación, precios y rendimiento. Por razones políticas o fiscales, no se deben cambiar las reglas del juego, al menos que estas sean injustas y leoninas para el  pueblo y los sectores económicos que requieren de esta energía.

Se comprende en estos momentos que por razones políticas, al gobierno nacional no le convenga un aumento en la tarifa eléctrica. Esto agravaría el proceso inflacionario y tampoco puede seguir manteniéndo los niveles de subsidios estatales, por el impacto que este y otros tienen sobre las finanzas públicas, y porque distorsionan las reglas del mercado.

Las compañías generadoras deben comprender que en materia de energía, particularmente las hidráulicas y térmicas, casi todo está escrito y que es muy fácil a través de un benchmark, conocer las mejores prácticas de la industria, costos, regulaciones, niveles de eficiencia, rentabilidad, gastos y establecimiento de precios.

La Secretaría de Energía debe conocer estas prácticas e informaciones al día, para determinar la eficiencia de las hidroeléctricas y plantas térmicas y justificar o no un aumento de precios.

También es necesario, una auditoria financiera y de gestión, para determinar si los mecanismos y procedimientos contables de las empresas concesionarias se ajustan a las mejores prácticas de la industria.

Precio, inflación, subsidio, impuesto, disponibilidad, ganancia o fondo de facilidad de compensación energética (FCE) son temas que la Secretaría de Energía y las empresas concesionarias tienen que sentarse a establecer claramente las normas de la industria.

Es importante respetar el marco jurídico y fiscal de estas industrias, pero también se debe estar conciente que los intereses nacionales y populares están por encima de los comportamientos oligopólicos de la industria.

El crecimiento proyectado de la economía panameña indica, que el país requiere mayor disponibilidad de energía y que en los próximos años se tendrá que invertir sumas considerables para garantizar el suministro eléctrico.

Las discrepancias surgidas entre la Secretaria de Energía y las generadoras en materia de precio de referencia por Megawatt horas y los precios según el tipo de mercado, debe aprovecharse para un análisis científico y financiero del precio de energía que rija el mercado nacional.

Lo que debe tenerse presente es cómo lograr el precio razonable para que los consumidores puedan pagarlo, sin que sea necesario el subsidio estatal.

Hay que tener cuidado de no ahuyentar la inversión porque las acciones de hoy pueden afectar al suministro del futuro. Esa es la clave.

 

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