Disputa legal entre Asep y N.G. Power enciende el mercado energético

Disputa legal entre Asep y N.G. Power enciende el mercado energético

Mientras la Corte Suprema de Justicia decide si la empresa Panamá N.G. Power debe entregar el cierre financiero en 150 días como establece un fallo de ese Órgano del Estado o en 65 días como interpreta la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep); acusaciones cruzadas se han dado entre representantes de la empresa y el titular de esa entidad estatal, Roberto Meana, confrontación que llegó a un punto inédito, con el impedimento de entrada a Panamá del presidente de la empresa José Dapelo, cuando regresaba de Estados Unidos (EE.UU.).

En el 2013, Panamá N.G. Power ganó la licitación para el suministro de generación eléctrica a base de Gas Natural Licuado (GNL), mediante la construcción de una planta con capacidad para 670 megavatios (MW, por sus siglas en inglés)

En el 2014, la Asep canceló la licencia a Panamá N.G. Power, que comparte sociedad con la asiática Shangai Electric Power, por incumplir con la entrega del cierre financiero (financiamiento del proyecto), un documento indispensable para poder arrancar las labores de planificación, construcción y posterior operación de la planta.

Sin embargo, en el 2015 un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la resolución de la Asep, activando nuevamente a dicha empresa en el mercado energético.

El proyecto es parecido a la planta a base de GNL que construye en la isla Telfers, frente a la ciudad de Colón, la empresa Gas Natural Atlántico, filial de AES, con capacidad para 381 MW, donde Inversiones Bahía, del Grupo Motta, es socio.

En Colón también se construye la planta Martano, de capital chino, con capacidad para generar 350 MW mediante el uso de GNL.

El administrador de Secretaría Nacional de Energía de Panamá (SNE), Víctor Urrutia, informó que la planta de GNL que construye AES debe estar en funcionamiento antes de agosto del presente y la planta Martano en el 2019.

La SNE advierte que el contrato es más caro que los existentes, lo que obliga a todos los panameños a pagar un poco más por la electricida”.

A Urrutia no le preocupa que se construya la planta de Panamá N.G. Power, pero sí que el contrato es más caro que los existentes, lo que obliga a todos los panameños a pagar un poco más por la electricidad.

A criterio de Urrutia lo más sensato sería licitar el proyecto nuevamente, porque el contrato de Panamá N.G. Power es más caro que los que se lograron en un ambiente de competencia.

Y es que para Fernando Aramburú Porras, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) la licitación adjudicada a Panamá N.G. Power no fue el producto de un acto público concurrido, como normalmente ocurre con las licitación de concesión para la producción de energía, resultando un en contrato oneroso para el Estado y un mayor costo para los panameños.

No obstante, el abogado Alejandro Watson, apoderado legal de Panamá N.G. Power, recordó que esa empresa ha ganado tres amparos contra la Asep en la Corte Suprema de Justicia, victorias legales que eliminaron la exigencia del regulador de los servicios públicos para que consignará una fianza de cumplimiento de $55 millones y además le concedió 150 días de prórroga para presentar el cierre financiero.

Sin embargo, el director de la Asep, solicitó en enero de 2018 una aclaración de Sentencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque, a su criterio, “cuando Panamá N.G. Power presentó su recurso de amparo de garantías ya habían pasado 85 días, por lo que le restarían 65 días a la empresa para presentar el cierre financiero, lo que sumados son precisamente los 150 días que determinó la Corte”.

A criterio de Watson, Meana cometió un error al dictar una resolución que reduce el término para que Panamá N.G. Power presentara el cierre financiero de 150 días a 65 días, porque en ese momento su competencia estaba suspendida debido a que la Corte aún no había fallado el último de los tres amparos interpuestos por su firma de abogados.

Según Watson, ahora que se acercaron a la Asep para reiniciar el proyecto, Meana solicitó la aclaración de Sentencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los 150 días de prórroga para el cierre financiero y están a la espera de esa aclaración.

El presidente de Apede, Héctor Cotes, indicó que la organización defenderá la libertad individual para contar con un buen clima de negocios.

Orlando Rivera
orriver22@gmail.com
Especial para Capital Financiero

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