Distribuciones equitativas-Parte 1

Distribuciones equitativas-Parte 1

Si bien los gobiernos deben enfrentar decisiones de política económica y, sobre la marcha hacer los ajustes poco a poco, de un año y medio hacia acá, pareciera que el gobierno nacional ha tenido que enfocar sus cañones a enfrentar todos los problemas a la vez.

Sí. La pandemia de coronavirus (COVID-19) trastocó profundamente la rentabilidad de la estructura económica mundial y, por ende, la nuestra y esto no es cosa fácil de resolver, pero necesariamente tiene que enfrentarse eficientemente.

Si el Canal de Panamá ha sido el tópico que más ha unido a la sociedad panameña, la pandemia ha mostrado su fuerza para que resaltaran muchos problemas económicos de una sola vez, ya sea que estos debieran haberse atendido años atrás de mejor manera y los nuevos que surgen.

Todo ello requiere de Ingresos para seguir funcionando o sobreviviendo, como muchos afirman, pero la Pandemia ha hecho que los mismos hayan caído de manera estrepitosa y por ello, se ha debido recurrir al endeudamiento público, variable macroeconómica que antes de la pandemia tenía un nivel manejable y hoy se suma a los problemas a enfrentar con prontitud.

La fiscalidad se ha visto desmejorada mucho más de lo que ya estaba, tal cual el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, lo señaló hace meses atrás, cuando revelaba que los Ingresos para financiar el Presupuesto General del Estado mantenían niveles similares a lo recaudado entre 2011 y 2012.

Los ingresos son vitales, pero los costos y gastos son parte de la transacción y deben mantener una relación coherente con los primeros para que la operación sea manejable, pero sobre todo Rentable.

Esto no es cuestionable, al menos cuando la entidad se enmarca en el terreno privado. Y ¿qué hay del gobierno?

Los ingresos que recibe un gobierno derivan de los Impuestos (Directos e Indirectos) y de las Tasas y, entre ellos, existen algunos muy puntuales que responden a figuras jurídicas contempladas en la legislación nacional cuando el Estado otorga en Concesión una actividad económica que considera mejor sea realizada por un ente privado, como lo puede ser un Aeropuerto, Puerto, Telefonía, Aseo, Agua, explotación minera, etcétera.

Bajo el criterio de negociar imperativamente: “Por los mejores intereses de la Nación”, cuando uno de los proyectos está próximo a terminar la relación contractual, surge la decisión de:

Hacerse cargo de la operación antes otorgada a una empresa privada.

Renovar la operación a la empresa que la estaba realizando.

Hacer un nuevo acto público y otorgar a un nuevo jugador dicha actividad, nos preguntamos ¿Cuál de las tres decisiones anteriores reditúa mejor a la economía nacional?

En este momento donde surgen voces con diversas ópticas para atender situaciones como ésta y, por lo general, afirmando que los ingresos que recibe la sociedad de dichas actividades son exiguos frente a las “ganancias” que genera la misma y ante estos comentarios, saben dichas voces disonantes ¿Cómo funcionan esas actividades económicas? ¿Cómo es el proceso productivo y los recursos que una determinada actividad involucra? ¿Si el momento en que se otorgó la explotación de la actividad era mejor antes u hoy? Entre otra cantidad de interrogantes que al medirse en el campo empresarial involucra no solo ingresos, costos y gastos.

Muchas de estas voces piensan que lo saben, pero no es así.

Y me pregunto igualmente, si las consideraciones que expondré las conoce y entiende nuestro gobierno, como para lograr una negociación a la altura.

Argumentos como que en Panamá lo acordado está muy por debajo de lo que en otras latitudes los gobiernos tasan o cobran por explotaciones similares y por ello, lo acordado en Panamá está mal y debe mejorarse.

Esto es válido, si la realidad de Panamá fuese similar a otros países, pero no lo es.

Sigue siendo válido el argumento cuando la relación contractual, al revisarse la Tasa de Cumplimiento del acuerdo, podría mejorarse si el desempeño de quien explotaba la actividad respectiva lo amerite. Y, si el desempeño no fuese bueno, aun así, habiendo aprendido cómo se desarrollan las operaciones bajo examen, se puede sacar mejor partido de los beneficios que la sociedad puede recibir en la nueva relación contractual.

No todas las actividades responden igual a las exigencias del mercado pertinente en que operan. Tampoco a la legislación particular en los países donde se desempeñan. Incluso, las particularidades de los servicios o bienes que se producen o generan pueden estar operando por situaciones que solo responden a un país y no es posible replicarlas.

Un ejemplo claro es el Canal de Panamá, siempre que dicha operación se convierta en una ruta onerosa para los usuarios y éstos comparen costos y opten por otra.

Es preciso recordar que parte del proceso privatizador derivó en venta de los activos que en ese momento estaban bajo administración gubernamental, pero implicó igualmente invertir por el operador privado recursos para que dichas actividades no solo fueran rentables, sino que ofrecieran mejores servicios que antes.

En otros casos, hay activos que se explotan bajo la Inversión única y exclusiva del operador privado y esos recursos deben ser recuperados por el inversor.  Nadie compra huevos para vender huevos.

Es por ello, que el Gobierno tiene la responsabilidad de examinar con lupa los elementos claves de cualquier operación concesionada para sacar el máximo rédito en procura de los mejores intereses de la nación.

Víctor Cruz
Economista

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