Dos hechos históricos

Dos hechos históricos

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Panamá está experimentando cambios significativos y nadie puede escamotear la importancia que ha tenido en ese proceso la voluntad del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien no solo ha encabezado los esfuerzos de su gobierno para someter a la justicia a aquellas personas que participaron en presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli, sino que ha además ha cumplido con su compromiso de someter al escrutinio público a las personas que fuesen consideradas para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Todos sabemos que la Constitución de la República confiere al primer mandatario del país el derecho de designar a los Magistrados de la CSJ, un poder limitado únicamente por la necesidad de que los designados sean ratificados por la Asamblea Nacional de Diputados, una condicionante que jamás ha sido un obstáculo para que el Ejecutivo nombre en tan importante cargo a personas que a su juicio, respondían a sus intereses o eran afines a sus ideas políticas.

De hecho, en los últimos 25 años sólo el ya desaparecido ex presidente Guillermo Endara recibió el rechazo de la Asamblea de Diputados a su designación, lo que ocurrió durante el mandato de la expresidenta Mireya Moscoso.

Es por ello que no se puede pasar por alto el inédito proceso que culminó con la designación de los abogados Ángela Russo Maineri de Cedeño y a Cecilio Antonio Cedalise Riquelme como Magistrado de la Sala Primera Civil y Sala Tercera de la CSJ, respectivamente para periodo 2016-2025.

La elección de estos dos nuevos magistrados inició en octubre pasado cuando el Ejecutivo anunció la convocatoria pública. Durante este proceso que se desarrolló del 14 al 29 de octubre, 153 abogados y abogadas presentaron su hoja de vida, que fueron recibidas por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de realizar una primera verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y la selección de 10 candidatos con el perfil requerido para los cargos disponibles.

Luego, diversos gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, evaluaron a los candidatos preseleccionados a la luz de criterios como: Independencia e imparcialidad, conocimiento jurídico notable, trayectoria profesional destacada, compromiso con la protección de los derechos fundamentales, la democracia y la transparencia. Algunos de esos gremios presentaron su evaluación de cada candidato, otros simplemente validaron sus atributos sin hacer juicios de valor, pero al final lo importante es que por primera vez un sector de la sociedad civil pudo opinar sobre el tema. Sabemos que el proceso tuvo carencias, como la ausencia de los gremios sindicales y las organizaciones populares, pero sin duda ha sido un paso hacia adelante.

El otro hecho que marca un hito en la historia del país fue la decisión del magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía, de declarar como reo rebelde al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, debido a decisión de permanecer en la ciudad estadounidense de Miami en lugar de retornar al país para hacer frente al proceso por violación de la intimidad y las comunicaciones privadas de un nutrido grupo de ciudadanos (conformado por empresarios, políticos, periodistas y dirigentes sindicales) que durante su administración criticaron su gestión. Es sin duda alguna un hecho histórico que tendrá importantes implicaciones para Panamá y todos sus ciudadanos.

Con esta acción el Magistrado Mejía abre la posibilidad para que el Magistrado fiscal de la causa contra Martinelli, Harry Díaz, pueda emitir una orden de captura internacional contra el ex presidente a fin de que haga frente a las acusaciones en su contra. Lógicamente, respetando el legítimo derecho a la defensa de todos los sindicados en este proceso.

Todavía es muy temprano para predecir cuál será el resultado de este y otros procesos abiertos en la CSJ contra el ex presidente Martinelli, pero lo importante es que por primera vez en los últimos 25 años las denuncias de supuestos actos de abuso contra los Derechos Humanos y corrupción contra un exmandatario de la República no están pasando al olvido, lo que sin duda alguna, es un paso en el camino correcto hacia la construcción de una nueva institucionalidad.

Aunque no hay que perder de vista que, por sí solos, estos pasos no son suficientes para construir el sistema administración de justicia eficiente, imparcial, equitativa y transparente que el país necesita.   

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