Educación de calidad debe ser un compromiso de todos

Educación de calidad debe ser un compromiso de todos

El sistema educativo requiere cambios estructurales para poder cumplir la tarea de dotar al país del recurso humano debidamente formado que demanda el mercado laboral

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Nada justifica la paralización de clases en los colegios públicos del país, sin embargo, al evaluar el conflicto que hoy enfrenta al Ejecutivo con los gremios docentes debemos mirar con luces largas y centrarnos en la evidente necesidad de construir una nueva plataforma educativa que sea capaz de brindarle a nuestros jóvenes los conocimientos y las herramientas necesarias para tener éxito en el mundo globalizado de hoy y así ser capaces de aportar con su productividad al crecimiento y desarrollo de la sociedad panameña.

Tras el restablecimiento de la democracia los panameños hemos sabido establecer metas de corto, mediano y largo plazo en lo referente al Canal de Panamá, al uso de las áreas revertidas y el turismo, pero hasta ahora no hemos sabido establecer un consenso mínimo, muchos menos una política de Estado, sobre el modelo que debemos aplicar para mejorar la calidad del sistema educativo y la hoja de ruta que debemos seguir para alcanzarlo.

Pero todo indica que por primera vez docentes, estudiantes, padres de familia, la empresa privada y el Ejecutivo han llegado a la misma conclusión: El sistema educativo requiere cambios estructurales para poder cumplir la tarea de dotar al país del recurso humano debidamente formado que demanda el mercado laboral ya que de no hacerlo así, las miles de plazas de trabajo que generará en los próximos años la economía panameña terminarán siendo ocupadas por extranjeros.

Ahora bien, lo primero que habría que hacer es determinar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Lo que en educación equivale a una necesaria evaluación del nivel de conocimiento acumulado por nuestros estudiantes a fin de poder compararnos con otros países y establecer los correctivos para mejorar aquello que se pueda mejorar. Esto significa, por ejemplo, volver a las pruebas PISA, de forma que sepamos a ciencia cierta cuál es el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes con respecto a sus pares a nivel global.

Lo segundo es asignarle al Ministerio de Educación (Meduca) los recursos que requiere para poder responder de forma efectiva a la creciente demanda de una educación de calidad. En este sentido hay que valorar positivamente la petición que los gremios docentes han presentado al Ejecutivo, una petición que podría cambiar para siempre la fisonomía del sistema educativo. Se trata de la exigencia para que se cumpla con las normas vigentes y se le asigne a la educación no menos del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Lo tercero, y no por ello menos importante, es dar a los educadores el lugar preponderante que deben jugar en este proceso de reestructuración del sistema educativo, algo que pasa no solo por elevar sus emolumentos, sino en ofrecerle los instrumentos para mejorar sus conocimientos a través de diversos programas de formación permanente y reconocimiento económico, de forma que los aumentos salariales estén vinculados cada vez más a su formación y desempeño, y no a su antigüedad en el sistema, como ocurre en la actualidad.

Y no hay que ir muy lejos para ver un nuevo modelo educativo avanzar rápidamente hacia la excelencia, basta ver en nuestro propio vecindario. Ecuador, por ejemplo, es un país que ha emprendido una profunda y pragmática reforma educativa que ha sido reconocida por los principales organismos internacionales y que promete resultados excepcionales, que al margen del debate ideológico que rodea al presidente de ese país, Rafael Correa, debe ser evaluada en función de su proyección a largo plazo y sus impactos inmediatos en la calidad de la educación.

Uno de los principales componentes de esta reforma es una fuerte inyección económica en el sistema educativo. Según datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), desde 2007, bajo el mandato de Correa, se ha invertido 30 veces más en educación que en los siete gobiernos anteriores juntos. La inversión en educación no universitaria se triplicó en el periodo comprendido entre 2006 y 2012. Pasando de $1.094,6 millones a $2.908,4 millones, respectivamente. En cuanto a la educación superior, el Gobierno destinó en los últimos siete años $9.445 millones, haciendo de Ecuador uno de los países de la región que más invierte en esta área.

El otro elemento importante es apostar a la formación docente. En 2014 el gobierno de Rafael Correa inauguró la Universidad Nacional de Educación (Unae) bajo el lema de formar formadores. Y con una mirada global, Correa firmó convenios con la Universidad Católica de Lovaina y la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica, para el desarrollo de programas de perfeccionamiento de los docentes ecuatorianos, la cooperación en investigación y el diseño en conjunto de la maestría en Formación de Formadores.

Además, desarrolló el proyecto Prometeo, otro ejemplo del mismo espíritu abierto, ya que ofrece manutención, pasajes aéreos y vivienda a docentes e investigadores con diversas especializaciones para que se radiquen en Ecuador, con la idea de atraer expertos en educación, cualquiera sea su nacionalidad, para que formen parte del cuerpo de elite que se dedica a educar a los educadores.

Nadie puede pretender calcar en Panamá las reformas educativas que han dado éxito en otros países, pero si es válido mirar a nuestro alrededor para evaluar lo que otros han hecho bien y determinar, en un gran debate nacional, lo que podemos hacer nosotros para elevar la calidad de nuestro sistema educativo. Es por ello que el país requiere no solo que los docentes retornen a la mesa de diálogo con el Ejecutivo, y vuelvan a clases, sino que se establezcan los mecanismos para que todos los sectores de la sociedad puedan aportar ideas en este camino, en definitiva una educación de calidad debe ser un compromiso de todos.

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