El costo económico de las contrataciones directas

El costo económico de las contrataciones directas

Raúl Moreira Rivera

Economista

La Ley No. 22 de junio de 2006 que regula la Contratación Pública en Panamá y reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 366 de diciembre de 2006 define la Contratación Directa como la facultad que tiene la entidad licitante de elegir directamente al contratista, sin que exista competencia entre oferentes, fundamentándose en las excepciones establecidas en esta Ley.

Esta ley establece que de manera excepcional no será necesaria la celebración del procedimiento de selección de contratista entre otros, en los casos en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos en los que no haya sustituto adecuado; Cuando hubiera urgencia evidente, que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista; Cuando se trate de situaciones relacionadas con urgencias o desastres naturales y los contratos relacionados con la seguridad ciudadana y del Estado y aquellos considerados de urgente interés local o de beneficio social.

Cuando se analizan en Economía escenarios en los cuales no existe la competencia, se observa que no existe mayor interés en utilizar procesos eficientes o en adquirir materiales que cumpliendo los requisitos de calidad mínimos sean más económicos, de manera que se disminuyan los costos de operación y hagan más racional el uso de los recursos disponibles.

Por ejemplo, esto significa que si el costo de la producción de un bien en condiciones de competencia que obliga a la eficiencia pudiera ser de $8.00, en ausencia de la misma, el mismo bien pudiera presentar un costo de $10.00 ya que no importaría utilizar procesos eficientes o adquirir recursos a un precio más económico ya que al costo que se produzca el mismo, de todas maneras el consumidor tendrá que adquirirlo por ser el único oferente. Hay que aclarar que estos $2.00 adicionales ni siquiera representan una ganancia adicional para el productor, sino, el costo de la ineficiencia que al final pagamos todos los consumidores. Ciertamente existen excepciones que justifican la falta de competencia, pero sólo en casos en los cuales el beneficio que recibe la sociedad es mayor que el costo adicional que tiene que pagar.

Según publicaciones aparecidas en los medios de comunicación, durante los primeros 16 meses del actual gobierno se han realizado contrataciones directas que ascienden a la suma de $490 millones o sea un promedio de $30.625 millones mensuales mientras que en todo el período del gobierno pasado se contrataron directamente $540 millones que igualmente representan un promedio de adquisición mensual de $9.474 millones.

 De continuar la tendencia mensual actual entonces al final del actual período gubernamental se habrían de realizar contrataciones directas por la suma de $1,837.5 millones o sean $1,297.5 millones más que el total contratado directamente por el gobierno anterior.

Suponiendo que se aplica el análisis del costo adicional que representa la producción de bienes o suministro de servicios en ausencia de condiciones de competencia y que siendo muy conservadores este representara un 2,5% del costo del bien o servicio adquirido, tendríamos entonces que las contrataciones directas realizadas en los primeros 16 meses de gobierno pudieran haber representado un costo aproximado de $12.25 millones adicionales, en comparación a lo que hubiera podido costar si se hubieran utilizado mecanismos de competencia para la selección de contratistas.

 Manteniendo el mismo supuesto, esto significa que de mantenerse la tendencia actual, al final del presente período gubernamental la contratación directa le podría costar a los contribuyentes panameños la suma de $45.937 millones.

Es importante aclarar que este análisis no incorpora en absoluto ningún supuesto de corrupción en la gestión gubernamental, sino que presenta un hecho cierto de que los proyectos que se realizan en ausencia de competencia entre oferentes, tienden a costar más.

A pesar de lo planteado anteriormente, tenemos la confianza que la preocupación expresada por la Contralora General de la República se ha de traducir en acciones concretas para revertir esta tendencia y que las futuras contrataciones directas que se realicen cumplan realmente con el requisito de excepcionalidad establecido en la ley para el bien de todos los panameños.

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