El Ejecutivo debe prepararse para fijar el salario mínimo

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Conforme a las normas establecidas el Ejecutivo está obligado a revisar cada dos años el salario mínimo con el interés de hacer los ajustes necesarios para que este instrumento cumpla su función, que es garantizarle a los trabajadores que ingresan al mercado laboral por primera vez, o que cuenta con bajos niveles de calificación profesional, los recursos mínimos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.

En este contexto, cualquier revisión del salario mínimo debe entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. El problema es que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), han manifestado su esperanza de que los gremios empresariales y sindicales que participan en la Comisión Nacional de Salario Mínimo puedan alcanzar un acuerdo antes de fin de año, de manera que el emolumento básico que deberá regir en el país sea producto de un acuerdo entre patronos y trabajadores.

La realidad es que es poco probable que empresarios y trabajadores lleguen a un consenso en esta materia, y el Ejecutivo no puede esperar a último momento para comenzar a estructurar el nuevo salario mínimo, ya que si bien todos tenemos presente el promedio de $525,00 mensuales, la realidad es que en el país existen 28 salarios mínimos que dependen de factores como la ubicación geográfica de la empresa, su tamaño y la actividad económica a la que se dedica.

Además, esperar a último momento para adelantar una decisión sobre el salario mínimo puede desatar una ola de especulaciones que si se traducen en un incremento de precio de bienes y servicios podría afectar negativamente la economía, precisamente en un momento en el que factores como el control de precio aplicado a 22 productos de la canasta básica familiar, un crecimiento económico moderado, un mayor control del gasto público y la caída del precio de los derivados del petróleo han  permitido que la inflación en el país, medida a través de Índice de Precios al Consumidor (IPC), registre una variación interanual de solo 0,4% al cierre del mes de septiembre.           

Esto significa que el Ejecutivo debe prepararse para definir con antelación no solo para definir el aumento que se aplicará a cada uno de los salarios mínimos existentes, sino también para afrontar otras aristas que históricamente han caracterizado este debate entre empresarios y trabajadores, como por ejemplo, la necesidad de establecer una única zona económica, lo que implica que el salario mínimo que se fije estaría vigente en todo el país, sin importar las diferencias económicas existentes entre la región metropolitana y los principales polos urbanos del interior del país con respecto a aquellas regiones menos favorecidas.

Igualmente, es importante que la actual administración responda de una u otra forma a la petición de los trabajadores de no limitar el próximo aumento salarial a los trabajadores que devengan el mínimo exigido por la Ley, sino que se extienda este beneficio al resto de los trabajadores del país, es decir, que se establezca un aumento general de sueldos, tomando en cuenta que la pérdida de poder adquisitivo afecta a todos los trabajadores por igual y no solo a los que menos ganan.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), uno de los gremios empresariales que participan en la Comisión Nacional de Salario Mínimo ya ha hecho pública su propuesta de aumento al salario mínimo, argumentado que el mismo debe tener como base el incremento de la tasa de inflación que ha experimentado el país en los últimos dos años, mientras que los trabajadores insisten en que conforme a normas internacionales el emolumento básico debe cubrir tres veces el valor de la canasta básica familiar de alimentos que en Panamá supera los $300,00 mensuales.

Son posiciones que lucen irreconciliables, lo que indica (vale la pena repetirlo) que un consenso entre empleadores y trabajadores es improbable, por lo que aun cuando todavía faltan dos reuniones para que la Comisión Nacional de Salario Mínimo concluya su trabajo, es importante que el Ejecutivo comience a prepararse para afrontar esta difícil decisión teniendo presente los mejores intereses del país y no los intereses particulares de uno u otro sector de la relación laboral, sabiendo que no importa cuál sea su decisión final, lo más seguro es que ni patronos ni trabajadores se sentirán satisfechos con el nuevo salario mínimo. 

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