El Ejecutivo debe ser mesurado

El Ejecutivo debe ser mesurado
Debe recordar que es la primera ocasión en que un mandatario de la Nación tiene la oportunidad de designar a tal número de magistrados| Archivo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció al país su decisión de convocar a la Asamblea Nacional de Diputados a sesiones extraordinarias, del 25 de noviembre al 19 de diciembre, para dar el trámite correspondiente a la designación de tres nuevos magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de seis magistrados suplentes.

Durante el anuncio, el presidente Cortizo reconoció que se trata de una decisión “muy seria para el futuro del país” y que se convertirá en una oportunidad para enviar un mensaje claro al país y a quienes evalúan a Panamá como un sitio seguro para la inversión directa.

“Eso me da la oportunidad de mandar un mensaje bien clarito al país de quién es Nito Cortizo. Yo lo he dicho, que no estoy aquí para hacer más de lo mismo, y las decisiones que vamos a tomar son muy serias para el futuro del país”, precisó el Presidente.

El mandatario aseguró que se siente tranquilo con el proceso que se ha utilizado para analizar y evaluar a los treinta y dos aspirantes que presentó la Comisión Especial del Pacto de Estado por la Justicia.

Vamos a ser sumamente cuidadosos, tiene que ser una persona obviamente con carácter, conocimiento y un gran compromiso con este país”, dijo Cortizo.

La primera observación tras este importante anuncio es que los panameños debemos reconocer la decisión del presidente Cortizo de cumplir con su deber de designar a los nuevos magistrados de la CSJ, tanto principales como suplementes, en lugar de evadir o postergar esta responsabilidad hasta último momento.

En segundo lugar, y merece reconocimiento, es que hasta ahora el presidente Cortizo ha mostrado plena disposición a cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado por la Justicia, que busca garantizar la transparencia en el proceso de selección y designación de los magistrados de la CSJ a fin de garantizar una mayor independencia, transparencia y probidad de nuestro sistema judicial.

En todo caso, es evidente que el Presidente Cortizo deberá ser sumamente mesurado al momento de designar a los nuevos magistrados principales y suplentes de la CSJ.

Debe recordar que es la primera ocasión en que un mandatario de la Nación tiene la oportunidad de designar a tal número de magistrados, equivalente a un tercio de los votos del pleno, lo que en sí mismo podría representar un riesgo para la independencia del  Órgano Judicial con respecto al Órgano Ejecutivo.

Además, el presidente Cortizo debe recordar que, tras la renuncia de la procuradora general de la República, Kenia Porcell, a partir del 1 de enero de 2020, también deberá designar a la persona que estará al frente del Ministerio Público, cuya ratificación se desarrollará en medio de denuncias de instrucción y manejo indebido de expedientes, irrespeto a la presunción de inocencia y abuso de la figura de la detención preventiva parcializa.

Además, esta designación se llevará a cabo en medio de importantes casos de corrupción que se tramitan a través del sistema judicial.

El presidente Cortizo debe recordar que gran parte de la crisis institucional que vive el país, y que nos ha llevado a la necesidad de hacer cambios constitucionales, es precisamente producto del deterioro de nuestro sistema judicial y falta de credibilidad, lo que se traduce en un repudio total de la población a un gran número de decisiones judiciales que han generado una percepción negativa tanto de las acciones del Ministerio Público como de la CSJ.

De hecho, gran parte de la población asocia los procesos judiciales a conceptos negativos como parcialidad, corrupción e impunidad.

Finalmente, el presidente Cortizo debe tener presente que sus designaciones tendrán que pasar por el tamiz del Órgano Legislativo, que es el ente a cargo de la ratifición de las designaciones que haga el Órgano Ejecutivo, lo que sin duda pondrá a prueba su compromiso, ya que es muy factible que algunos de los diputados intenten sacar provecho de la situación.

No podemos olvidar que en el pasado, la mayoría de los diputados han aprovechado este tipo de situaciones para tratar de lograr acuerdos orientados a profundizar los privilegios y prerrogativas de que disfrutan, algo a lo que no se debe ni se puede ceder, no sólo porque implicaría profundizar la crisis institucional que enfrenta el país, generando de paso una nueva ola de protestas populares, sino también porque podría afectar la recuperación económica que impulsa la actual Administración, al enviar un mensaje negativo a las empresas internacionales que han mostrado interés por invertir o establecer operaciones en nuestro país.

Editorial
Edición 962
Del 18 al 24 de noviembre de 2019
Capital Financiero

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