El Parlamento Europeo y las listas discriminatorias: Lo que no se publica

El Parlamento Europeo y las listas discriminatorias: Lo que no se publica

A pesar de que los miembros del Parlamento Europeo son elegidos democráticamente en sus respectivos países, dándole una legitimidad incuestionable a sus actuaciones y cuestionamientos, sus reportes y recomendaciones se ven opacadas por la maquinaria publicitaria de las divas burocráticas de Bruselas que, taquillando siempre, imponen sus criterios en todo lo que a la Unión Europea (UE) se refiere. Su afán es buscar la primera página de los diarios más importantes y aparecer como paladines de las clases más necesitadas y de la justicia social.

La propia página Web del Parlamento Europeo lo define como “un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la UE y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión.”

Por lo antes descrito, resulta inaceptable que no se le dé luz pública a los reportes que surgen de dicho parlamento con la misma prominencia que las declaraciones de Margrathe Vestager u otro comisionado de la UE que, ante el fracaso estrepitoso del modelo económico europeo, culpan a unos cuantos países del tercer mundo de ser receptores del dinero que evaden los ciudadanos europeos o que lavan las mafias, los oligarcas corruptos o las organizaciones que trafican en narcóticos.

El 26 de marzo de 2019 (sí, hace más de un año) mediante el voto a favor de 505 eurodiputados, con 63 votos en contra y 87 abstenciones, el Parlamento Europeo -luego de un año de investigaciones- emitió un reporte en que se adoptaron las siguientes conclusiones:

La Comisión Europea debería trabajar inmediatamente en una propuesta para crear una policía financiera europea y una unidad europea de inteligencia financiera (a veces pienso que eso es un oxímoron);

La creación de una organización que vigile el lavado de dinero en la UE debería ser considerado;

La creación de un ente regulador global de temas fiscales debería ser establecido dentro de las Naciones   Unidas (ONU);

Que no existe la voluntad política de los estados miembros (de la UE) para atacar la elusión/evasión fiscal y los crímenes financieros;

Que siete países dentro de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos) tienen las características de un paraíso fiscal y permiten a empresas estructuras fiscales agresivas;

Que los pasaportes de oro deben ser eliminados, especialmente los de Malta y Chipre, por su débil estructura de conocer a los aplicantes;

Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Suecia son criticados por oponerse a un impuesto de servicios digitales;

Que numerosos bancos europeos estuvieron envueltos en el escándalo de lavado de dinero ruso denominado ‘Troika Laundromat’ incluyendo Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. y la unidad holandesa de Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

Que los Países Bajos, al facilitar estructuras fiscales agresivas, permite que otros países de la Unión Europea dejen de percibir 11.2 billones de euros en impuestos;

Que el fraude utilizado para reciclar el impuesto de dividendos denominado “cum-ex” demuestra como los tratados bilaterales no funcionando (Deutsche Welle: “Cum-Ex”: el mayor escándalo fiscal de todos los tiempos en Alemania); y,

Que los periodistas y los denunciantes anónimos deben ser mejor protegidos y un fondo especial creado para ayudarlos con las investigaciones.

El presidente del comité establecido por el Parlamento Europeo, Petr Ježek, sentenció: “Estados miembros no están haciendo lo suficiente y dentro de la UE, la Comisión (Europea) es el eslabón más débil. Sin voluntad política, no puede haber progreso. Los europeos merecen algo mejor.”

Ya ha pasado un año desde que salió este contundente reporte, emitido por personas electas, con la legitimidad adecuada y que no son un grupo de empresarios fracasados que viven de los impuestos de los europeos en esa gran burocracia ineficiente y vengativa radicada en Bruselas. ¿Ha pasado algo? Nada. Es más fácil echarle la culpa a Panamá.

Finalmente, un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la UE (Tjue) declara en su decisión “Schrems II” que las empresas europeas que están enviando información privada de sus clientes a Estados Unidos (EE.UU.) y a otros países no miembros de la UE (bajo el “Privacy Shiled”) deberán cesar en forma inmediata. Mientras se dilucidan las repercusiones de este fallo en los intercambios de información fiscal, Panamá debería aplicar el principio de reciprocidad a aquellos países europeos que cesen de intercambiar información financiera en forma automática.

Sobre este caso tan importante hablaremos en otro artículo.

Misonius Rufus
Abogado y analista internacional

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