El problema son los fueros. No al proyecto 214

El problema son los fueros. No al proyecto 214

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Lo que no parece entender una buena parte de los políticos panameños es que la existencia de fueros ofende a la población, porque estos solo han sido utilizados para el abuso y la impunidad. Obviamente, hay cosas que deben ser manejadas con la mesura que debe dar la jerarquía, como lo es cualquier ataque al poder constituido. Eso lo reconoce todo el mundo y lo refleja la Constitución.

Pero, lo que no refleja la Constitución, es todo el entramado de fueros y privilegios que se ha creado en el sistema político panameño y que debe ser eliminado de raíz, a efectos de acabar con los abusos. El ejemplo más claro de esto lo constituye el procedimiento especial que se han auto diseñado los diputados de la República con el proyecto 214.

La Constitución en su artículo 155 brinda a los Diputados un fuero judicial. Este fuero se limita a la instancia que puede atender los casos en los que estos se vean implicados. Es decir, deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Pero los diputados no solo quieren tener el fuero constitucional, sino que se quieren agregar otro: El del procedimiento. Ese fuero adicional es contrario a la Constitución y ofende a los ciudadanos. Veamos lo que dice el artículo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medida cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por Derecho de Familia y Derecho Laboral.

Este artículo transcrito hay que leerlo con el artículo 206 de la Constitución Política, el cual establece las atribuciones constitucionales y legales de la Corte. En su numeral 3 dice: Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

De la lectura de estos dos artículos se deduce que la Constitución crea un fuero de instancia y no de proceso. Encima, la CSJ no está obligada por sí misma a llevar a cabo la investigación (ambos artículos hablan de podrá). Puede delegarlo en un agente de instrucción (que perfectamente puede ser quien ejerza la Procuraduría General de la Nación). No le corresponde a la Asamblea establecer un investigador, cuando este es un poder privativo de la CSJ.

Por tanto, no hay excusa válida y sostenible constitucionalmente para que el procedimiento que se apliquen los diputados sea diferente al que estamos sometidos todos los ciudadanos. Es igual de inconstitucional dar dicho fuero procesal también a los otros dos órganos del Estado (todo lo que cabe es designar instancias dentro de la Asamblea, pero no procesos distintos).

Hay que reconocer que la Asamblea no es la única generando fueros, aunque son ellos los únicos que los crean. Allí están los fueros penales electorales que son una abierta violación a la Constitución. Pareciera que ni los magistrados del Tribunal Electoral ni los diputados tienen asesores jurídicos que les diga que ellos no pueden crear fueros por ley. La Constitución prohíbe los fueros y privilegios y solo admite los que ella misma crea.

El sentimiento que tenemos los ciudadanos con estas normas que exceden el marco constitucional se ha exacerbado ante la impunidad con la que se burla, de todos nosotros, un Diputado auto exilado. Lo que contrasta cuando en un país vecino, Guatemala, no solo no ha habido impunidad, sino que el mismo presidente ha sido encausado por  presunta corrupción.

Por estas razones, me uno a las voces que piden al señor Presidente Juan Carlos Varela,  que vete este proyecto de ley 214 en su totalidad, por ser ese nuevo fuero una violación a la Constitución y una burla en contra de los ciudadanos que queremos que Panamá sea un país gobernado por gente honesta, como él ha demostrado quererlo también. El veto sería un espaldarazo más a los actos en contra de la impunidad que ya ha adoptado el Presidente.

Carlos Ernesto González Ramírez
Ex presidente de Apede

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